Fin de partida. La asunción de las competencias en materia de Interior en Cataluña por parte del Ministerio en aplicación del artículo 155 de la Constitución conllevará la suspensión en sus funciones de Josep Lluís Trapero, que habrá ejercido como mayor de los Mossos d’Esquadra durante menos de siete meses. En este breve periodo de tiempo, la Policía de la Generalitat ha vivido dos de los momentos de mayor trascendencia desde la refundación del cuerpo en julio de 1983: los atentados yihadistas de agosto y el intento de independencia impulsado por el Govern.

En un comunicado difundido este sábado, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha avanzado que trabajará para que los Mossos «sean una policía sin adscripción política». «La primera obligación de un cuerpo policial es cumplir y hacer cumplir la ley. Ése es el eje sobre el que se engranará el trabajo del Ministerio del Interior en esta etapa», ha asegurado. Interior dice que, «dada la especial sensibilidad de materias como la seguridad y el orden público, los detalles sobre la aplicación de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros «se irán dando a conocer a su debido momento».

Experto en investigación criminal y con 27 años de servicio, Trapero alcanzó el puesto de máxima responsabilidad operativa el pasado 18 de abril, cuando al frente de los Mossos se encontraba Albert Batlle y el consejero de Interior era Jordi Jané. Ambos fueron relevados por su tibieza ante el referéndum de autodeterminación del 1-O.

El Ministerio del Interior asegura que trabajará para que los Mossos «sean una policía sin adscripción política»

Investigado por sedición por la supuesta pasividad de los Mossos durante el asedio a la Guardia Civil mientras ésta procedía al registro de la Consejería de Economía y Hacienda el pasado 20 de septiembre, el mayor era ‘intocable’ para el Ejecutivo de Puigdemont. «Trapero no se toca», proclamó este viernes Jordi Turull, portavoz del Gobierno catalán. «Trapero tiene la confianza del Govern y de la mayoría de la sociedad catalana», zanjó el pasado martes el consejero de Interior, Joaquim Forn.

Mientras desde la planta noble del Palau de la Generalitat se lanzaba ese mensaje sin fisuras, fuera iban creciendo las voces que pedían que fuera apartado cautelarmente mientras se sustancia la causa que instruye la magistrada Carmen Lamela. Un imputado por la presunta comisión de dicho delito «no puede estar ni un minuto más al frente de un Cuerpo de seguridad», justifican los sindicatos con representación en la Policía Nacional y las organizaciones profesionales de la Guardia Civil, que hace semanas instaron ya a Interior a forzar su inhabilitación. «Cada minuto que siga Trapero en el puesto, mayor será el descrédito para los Mossos«, ha advertido un agente en declaraciones a este periódico.

La continuidad de Trapero al frente de los Mossos, integrado por casi 17.000 agentes, era insostenible desde que la titular del Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional lo llamó al procedimiento en calidad de investigado tras la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado 22 de septiembre. Y más después de que, en su segunda comparecencia judicial ante Lamela el pasado lunes, el Ministerio Público pidiera prisión incondicional. Esta petición no fue atendida por la instructora, que decretó medidas cautelares menos severas: retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y presentación en el juzgado cada dos semanas.

Trapero, investigado por sedición y cuestionado por la actuación de los Mossos el 1-O, era ‘intocable’ para el Gobierno de Puigdemont

Lamela ha delimitado por ahora el perímetro de la investigación a los hechos acaecidos a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda, aunque previsiblemente terminará ampliando las pesquisas a la actuación presuntamente pasiva de los Mossos durante la jornada de celebración del referéndum una vez que amplíe la denuncia la Fiscalía, desobedeciendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que debían clausurar o desalojar los colegios electorales para que no se pudiera consumar la votación el 1-O. En un atestado aportado a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil acusa abiertamente a Trapero de «inacción flagrante» en conexión con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Por estos mismos hechos, al menos 13 juzgados catalanes han abierto ya diligencias de investigación, lo que ha motivado -entre otras actuaciones- las entradas que la Guardia Civil ha practicado esta semana en la comisaría de los Mossos de Ponent (Lleida) y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de L’Hospitalet (Barcelona).

La investigación que lleva a cabo la Guardia Civil compromete seriamente a Trapero, el primer eslabón en la cadena de mando de la Policía de la Generalitat. En la hoja de ruta de la pretendida secesión que se detallaba en un documento -titulado EnfoCATs, reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso– incautado el pasado 20 de septiembre en el domicilio de Josep María Jové, número dos de Junqueras en la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes sitúan al mayor de los Mossos en el «comité ejecutivo» que lidera el día a día de la ejecución del plan.

«Maquillar» los datos del 1-O

Los investigadores policiales no tienen dudas de la «connivencia» existente entre la cúpula de los Mossos d’Esquadra y los organizadores del referéndum, lo que posibilitó que la consulta ilegal se llevara a cabo «con total normalidad» y que la Policía Autonómica catalana pudiera «maquillar» los datos sobre sus actuación el 1-O para justificarse ante los jueces.

Hijo de un taxista vallisoletano criado en un barrio de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Trapero es tozudo, aficionado a la cocina y a tocar la guitarra. Así fue descrito en un perfil firmado por la periodista Mayka Navarro y publicado en La Vanguardia cuando fue nombrado mayor de los Mossos el tipo que dejó aparcada su afición por la Biología para hacerse policía.