Un juzgado de Lleida ha autorizado a la Guardia Civil a acceder este jueves a la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Ponent para acceder a las grabaciones registradas en la centralita durante el 1-O -tanto antes de que se abrieran los colegios electorales como después- y el volcado de la información de los móviles de dos mandos y un agente. En una causa declarada secreta, el juez investiga la pasividad de la Policía de la Generalitat el día en que el Govern llevó a cabo el referéndum de autodeterminación.

Así lo ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha indicado que la autorización judicial incluye la petición de diversa documentación. Las actuaciones han correspondido concretamente al Juzgado de Instrucción 4 de Lleida, que también tramita la querella -pendiente de ratificación- presentada por varios ciudadanos por las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional el día de la consulta ilegal.

Hasta el momento, son ya al menos 13 juzgados catalanes los que han abierto diligencias para investigar la posible desobediencia de los Mossos a las medidas acordadas por el TSJC en el marco de la querella presentada por la Fiscalía contra el Ejecutivo de Carles Puigdemont. En un auto dictado el pasado 29 de septiembre, la magistrada Mercedes Armas ordenó que se impidiera la utilización de locales públicos para la preparación de la celebración del referéndum y que se requisara todo el material electoral, como urnas u ordenadores.

Al menos trece juzgados catalanes investigan la pasividad de los Mossos el día del referéndum de autodeterminación

Además del Juzgado de Instrucción 4 de Lleida, en esta provincia también investiga la actuación de los Mossos durante el 1-O el Juzgado de Instrucción 2 de La Seu d’Ugell. Estos hechos también han dado pie a la apertura de diligencias en juzgados de Barcelona, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramanet, El Prat de Llobregat, Mataró, Gavá, Vilanova y la Geltrú, Mataró, Sabadell (Barcelona); El Vendrell y Reus (Tarragona).

La actuación desplegada este jueves en la localidad ilerdense de Ponent se produce días después de que la Guardia Civil se personara en la central del 112 de Reus (Tarragona) para retirar las grabaciones de las llamadas realizadas durante la celebración del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un atestado aportado tanto a la causa que dirige el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona -en la que se investigan los preparativos y organización del referéndum y que ordenó la detención de 14 altos cargos de la Generalitat el pasado 20 de septiembre- como al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la comisión de un posible delito de sedición, la Guardia Civil detalla la falta de colaboración de los Mossos en numerosos centros de votación durante el 1-O para cumplir la orden del TSJC. En al menos un caso, la Policía Autonómica catalana llegó a pedir a los guardias civiles que le presentaran una autorización judicial para acceder a un colegio electoral.

Investigación de la Audiencia Nacional

La Fiscalía estudiar ampliar la denuncia por sedición presentada ante la Audiencia Nacional, lo que ha motivado el ingreso en prisión de los líderes soberanistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) y que haya sido imputado el mayor de los Mossos (Josep Lluís Trapero) y la intendente Teresa Laplana, para que la juez Carmen Lamela investigue si otros mandos y agentes de la Policía de la Generalitat participaron en la comisión de este delito.