El Ministerio del Interior ha sacado a licitación por casi 11 millones de euros la contratación del traslado aéreo de los inmigrantes irregulares a sus países de origen, un servicio que actualmente presta la unión temporal de empresas (UTE) formada por el grupo Barceló y Air Nostrum tras la batalla de recursos y contrarrecursos que le enfrentó con Air Europa y su socio Swiftair.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el anuncio por el que la Secretaría de Estado de Seguridad abre el plazo para recibir ofertas de operadores aéreos que se encarguen del transporte de los extranjeros sin papeles y de los policías encargados de su custodia entre  diversos puntos de España y a otros países. El presupuesto base de licitación asciende a 10,89 millones de euros (IVA incluido) y la duración del contrato será de 18 meses a contar desde mayo.

Según se detalla en el pliego de prescripciones técnicas, consultado por El Independiente, la oferta económica tendrá un peso de hasta el 85 % en la elección de la propuesta ganadora. Las empresas que pujen podrán obtener otro 10 % como máximo si la antigüedad de las aeronaves que ofrecen para prestar el servicio es inferior a la máxima que prevé el concurso -25 años- y hasta el 5 % restante por la reducción del porcentaje máximo de la indemnización sobre el coste del vuelo.

El servicio lo presta actualmente la UTE formada por Barceló y Air Nostrum, tras lograr que se revocara la concesión a Air Europa y Swiftair

La empresa adjudicataria deberá disponer de aviones con capacidades diversas (hasta 75 pasajeros, de 76 a 120, de 121 a 200 y de más de 201 asientos) capaces de operar en todos los aeropuertos nacionales e internacionales y, “en concreto”, en el aeropuerto de Melilla. También deberá disponer de certificado de aeronavegabilidad para cada tipo de aeronave y certificados de ruidos y de matrícula en vigor, al tiempo que las tripulaciones técnica y auxiliar deberán dominar el idioma español “con absoluta fluidez”.

Como en la última licitación, el contratista tendrá que suscribir una póliza de seguros “específicamente para este contrato” a fin de cubrir los eventuales daños que puedan sufrir las personas o cosas durante el transporte. En caso de muerte o invalidez absoluta, el pasajero o sus herederos tendrán derecho a percibir una indemnización de 100.000 euros, mientras que los daños materiales serían resarcidos con 25 euros por kilogramo facturado.

Confidencialidad del servicio

El pliego también detalla estrictas medidas en materia de confidencialidad, de modo que los empleados tendrán que guardar sigilo sobre las fechas y horas del servicio, así como aeropuesto, número de personas transportadas, equipajes y cualquier otro detalle relevante “para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo”.

En cuanto a los servicios que se ofrezcan, éstos deberán ser equivalentes a los de un vuelo comercial en clase turista y deberán tenerse en cuenta las “peculiaridades de orden religioso o cultural” del pasaje en las comidas que se sirvan. Quedan expresamente prohibidas las bebidas alcohólicas.

Choque entre empresas

El grupo Barceló -a través de sus aerolíneas Evelop y Orbest- y Air Nostrum comparten actualmente la gestión del servicio de repatriación de inmigrantes. Tras un intercambio de recursos, la unión de ambas compañías se impuso definitivamente a Air Europa, que había ganado todos los concursos anteriores desde la creación del servicio por Interior en el año 2013.

En abril de 2016, Air Europa y Swiftair se adjudicaron inicialmente el anterior concurso, a pesar de que su oferta era más cara y gracias a la descalificación de Barceló y Air Nostrum por supuestamente incumplir uno de los requisitos de los pliegos.

Sin embargo, el consorcio perdedor recurrió la decisión y el Tribunal de Recursos Contractuales –órgano adscrito al Ministerio de Hacienda- le dio la razón y Barceló y Air Nostrum acabaron haciéndose con el contrato del Gobierno. Esta decisión llevó a Air Europa, filial del grupo Globalia, a presentar su propio recurso para tratar de revocar la adjudicación. Pero Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó esta última queja y avaló la decisión del Gobierno de formalizar el contrato con Barceló.