Política

El PP pide que Susana Díaz declare en el juicio de los ERE por su "conocimiento" de los hechos

El abogado del ex presidente Griñán pide la nulidad de las actuaciones por no respetarse el juez predeterminado por la ley

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El PP pide que Susana Díaz declare en el juicio de los ERE por su "conocimiento" de los hechos
Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados.

Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados. EFE

Resumen:

La acusación popular que ejerce el PP andaluz en la pieza política del caso ERE ha propuesto que comparezca en la vista oral en calidad de testigo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al entender que tiene un «amplio conocimiento» de los hechos que se enjuician y por haber sido en su etapa de consejera de Presidencia cuando se aprobó el decreto-ley que «vino a convalidar» las subvenciones bajo sospecha.

Así lo ha planteado el abogado Luis García Navarro este martes al reiniciarse el juicio con la cuestiones previas, que consumirán varias jornadas esta semana antes de que el tribunal interrumpa las sesiones para resolverlas. Previsiblemente no será hasta finales de mes cuando se resolverá este trámite y empiecen las declaraciones de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan en el banquillo de los acusados -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por el diseño, ideación y mantenimiento del procedimiento específico por el que la Junta de Andalucía repartió 740 millones de euros durante más de una década (2000-2010) al margen del procedimiento legalmente establecido.

El PP-A quiere que desfile por la sala de vistas como testigo Susana Díaz, a la que Griñán eligió como sucesora cuando él se vio forzado a dimitir en septiembre de 2013 en plena instrucción del caso y cuando la magistrada Mercedes Alaya ya señalaba la responsabilidad de la cúpula de la Junta.

Los populares consideran relevante el testimonio de la actual jefa del Ejecutivo andaluz por varios motivos: por su «conocimiento de los hechos directamente» y por ser superior jerárquica del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía -acusación particular desde el inicio de la instrucción- y ser en su etapa de consejera de Presidencia (mayo de 2012-septiembre de 2013) cuando se aprobó la norma que vino a regularizar la concesión de las ayudas que ya investigaba la Justicia. Fue el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, en vigor desde el 19 de octubre de 2012.

El abogado de Griñán plantea como cuestión previa la nulidad de las actuaciones y que la instrucción se retrotraiga a enero de 2016

A través de su portavoz, Juan Carlos Blanco, el Gobierno andaluz se apresuró a calificar de «ridícula» la petición de los populares andaluces. Esta propuesta, a su juicio, es «un nuevo intento muy desesperado del PP-A por hacer ruido con este caso, sus ganas de enfangar y, una vez más, su absoluta ausencia de alternativa política».

Junto a la de Susana Díaz, el PP propone al tribunal que declaren en el juicio otra treintena de personas como testigos, entre ellos el actual número dos del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Éste era el alcalde de Chiclana de la Frontera cuando este Ayuntamiento gaditano recibió una ayuda de 24.000 euros con cargo al fondo de reptiles o partida presupuestaria 31.L para financiar una feria de muestras en mayo de 2003. La instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, ya acordó en mayo de 2016 el archivo de la investigación sobre esta subvención al haber prescrito ya los delitos.

Los populares también piden la testifical de Mar Moreno, ex consejera andaluza de Presidencia y que fue imputada por la juez Mercedes Alaya al apreciar su responsabilidad en los hechos investigados. El Tribunal Supremo, que asumió la pieza del caso ERE que afectaba a los aforados nacionales, archivó las actuaciones contra Moreno.

La Fiscalía pide al tribunal que enjuicia la pieza política del ‘caso ERE’ que delimite si también se analizarán las ayudas concretas

Igualmente, esta acusación popular propone que se practiquen diversas documentales, como requerir al Consejo Consultivo de Andalucía para que remita certificación de todos los dictámenes emitidos en relación con los expedientes de revisión de oficio promovidos por la Junta de Andalucía para la declaración de nulidad de pleno derecho de las subvenciones otorgadas por la Dirección General del Trabajo de la Consejería de Empleo y a la Administración andaluza para que aporte el expediente administrativo en relación con las ayudas a Hijos de Andrés Molina y a su sucesora Primayor. Fueron los reparos del interventor a esas subvenciones lo que dio pie a la creación del fondo de reptiles.

En la primera sesión de cuestiones previas, la defensa de José Antonio Griñán ha planteado la nulidad de la instrucción de esta pieza, lo que ya intentó en mayo de 2016 al interponer sin éxito un incidente de nulidad de actuaciones ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El letrado José María Mohedano, que ha formulado la petición en nombre del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña, entendía que se había producido una violación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley consagrado en la Constitución tras confiársele la instrucción de esta pieza al magistrado de refuerzo -Álvaro Martín- en lugar de que siguiera conociendo los hechos la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Mohedano vuelve a intentarlo año y medio después en un intento de que las actuaciones se retrotraigan a enero de 2016, cuando Martín empezó a instruir la pieza del procedimiento específico.

Las defensas plantean la expulsión como acusación popular de Manos Limpias, después de que su líder haya sido procesado por extorsión

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal que delimite el objeto concreto de este procedimiento y si incluye el análisis de las 270 ayudas concedidas en el periodo investigado. Ésta es una cuestión crucial, por cuanto la Audiencia de Sevilla -al resolver los recursos planteados por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general del ente público IDEA Jacinto Cañete- ya ha establecido que los procesados en el juicio político no podrán ser investigados en otras piezas separadas.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha hecho referencia a la «diferencia de criterio» expresada tanto por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla como por la juez Núñez Bolaños ante recursos presentados por varios acusados en los que pedían el sobreseimiento de su imputación en las piezas separadas de cada ayuda dada por la Junta de 2001 a 2011 siguiendo el «procedimiento específico» por cuya creación y mantenimiento se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos del Gobierno socialista andaluz.

Es por ello por lo que el Ministerio Público pide al tribunal un «pronunciamiento expreso de la delimitación objetiva de este procedimiento» sin perjuicio de que en el interrogatorio a los acusados «se les pueda preguntar sobre ayudas concretas» para determinar «su conocimiento sobre la ejecución» del procedimiento específico por el que se otorgaban, presuntamente, de forma «arbitraria» y «sin control».

«Indefensión»

Ante esta situación, Anticorrupción cree que habría que devolver el auto de procedimiento abreviado de esta pieza política para delimitar en él ese objeto o «evitar toda nulidad aclarando que, respecto de todos los encausados, este enjuiciamiento sólo se debe referir al diseño del procedimiento general sin ser sometido ninguna de las ayudas sociolaborales dadas de forma individualizada» analizadas en el resto de piezas. Las defensas se han apresurado a calificar de «sorpresivo» el planteamiento del fiscal  y a denunciar «indefensión» por pretender ahora que se redefina el proceso.

Por su parte, las defensas han planteado la expulsión de Manos Limpias como acusación popular, al entender que la presencia de esta parte en el juicio es un «ejercicio de mala fe» y «abuso del derecho» dado que el secretario general del colectivo de funcionarios públicos, Miguel Bernad, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por presunta extorsión. Es en la causa que ha instruido el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que tiene como principal imputado al ex presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), Luis Pineda.

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