“Celebramos tener por fin la sentencia del Caso Palau” ha venido a decir el portavoz republicano Sergi Sabrià, pero “no hablamos de otras formaciones” ha argumentado para evitar responder si esa condena condiciona futuros pactos de ERC con JxCat y el PDCat, herederos de Convergencia, con los que Esquerra aspira a compartir el próximo gobierno de la Generalitat. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado por su parte que “sale más caro votar que robar” para cuestionar la acción de la justicia en el proceso independentista.

Sabrià respondía así a la sentencia conocida hoy sobre el Caso Palau, que considera probado que CDC recibió al menos 6,6 millones de euros en comisiones de Ferrovial. En términos mucho más duros se han expresado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la CUP, que han dado por probada la financiación ilegal de CDC. “Ahora toca hablar del 4%” ha concluido la portavoz antisistema Eulalia Reguant.

Entre las filas republicanas, el más duro ha sido su portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, quien ha lamentado que el caso “demuestra un expolio a la ciudadanía inadmisible”. Sabriá, participante en las negociaciones entre ERC y JxCat para formar gobierno en la Generalitat y, a corto plazo, aprobar la constitución del Parlament y la composición de la Mesa, se ha limitado a apuntar que “cada uno tiene que asumir las responsabilidades que le toquen, nosotros no miramos nunca hacia otro lado”.

El abogado y excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, ha anunciado que recurrirán la sentencia del Caso Palau, tanto en lo que respecta a Daniel Osácar como en el pago de 6,6 millones de euros por parte de la formación, porque cree que “la juez a comprado la idea ade la Fiscalía” y no está de acuerdo con el fallo de la Audiencia de Barcelona.

Sánchez ha defendido además que el Caso Palau ya ha tenido una repercusión política provocando la desaparición de CDC, y ha rechazado que la sentencia pueda influir en el PDCat, al que considera un partido que “no tienen ningún tipo de vinculación con este tema”.

Las reacciones más duras, desde el Ayuntamiento

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido “responsabilidades políticas más allá de las judiciales” para CDC, tras conocerse la sentencia. “Ahora que ya tenemos sentencia, hay que evitar la impunidad para retornar a la ciudadanía la confianza en las instituciones”, ha defendido en Twitter.

Por su parte, la concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Eulàlia Reguant ha señalado que los actuales dirigentes del PDCat deben explicar cuál es la herencia que quieren de CDC -“¿Es la del 4%?“, se ha preguntado-, y ha pedido al expresidente del partido y de la Generalitat, Artur Mas, que dé explicaciones.

Reguant cree que el caso “pone sobre la mesa que la justicia es lenta para los que han ostentado el poder y han sido las élites, y en cambio es rápida para los pobres”, y que estas élites se cubren las unas a las otras, algo que asegura que también hizo el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall.

La también exdiputada en el Parlament ha criticado un sistema de partidos que ha servido para beneficiar a las élites, y ha puesto en valor el trabajo de la acusación popular y de vecinos “que ayudaron a destapar este caso de corrupción”, por lo que ha animado a los ciudadanos a organizarse y a denunciar este tipo de casos.