Política

El Canal de Isabel II contrata al fiscal del 'caso Gil' para ejercer la acusación en 'Lezo'

Carlos Castresana, fiscal en excedencia y hoy responsable del departamento de Derecho Penal de Estudio Jurídico Ejaso.

Carlos Castresana, fiscal en excedencia y hoy responsable del departamento de Derecho Penal de Estudio Jurídico Ejaso. A. SALVADOR

Canal de Isabel II ha contratado a Carlos Castresana, el fiscal que dirigió las investigaciones contra Jesús Gil por las irregularidades cometidas por éste en su etapa de alcalde de Marbella y hoy al frente del departamento de Derecho Penal de un bufete madrileño, para ejercer la acusación particular en el procedimiento en el que figura como principal imputado el ex presidente madrileño Ignacio González (caso Lezo). El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional investiga diversas operaciones ante los fundados indicios de que responsables de la empresa controlada por la Comunidad de Madrid propiciaron presuntamente el «desvío de fondos públicos» en beneficio de «intereses particulares».

Estudio Jurídico Ejaso fue el único despacho que se presentó al concurso convocado para asistir jurídicamente y llevar la dirección letrada tanto para Canal de Isabel II como para Canal Extensia, filial de la primera y accionista mayoritaria de la sociedad colombiana -Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa)- a través de la que desarrolla todo su negocio en Latinoamérica. El contrato, adjudicado por 39.500 euros, se mantendrá hasta que haya sentencia firme.

Según ha podido conocer El Independiente, el abogado de Ejaso que está dirigiendo esta acusación particular será Carlos Castresana, fiscal en excedencia que se incorporó a este bufete en junio de 2014 tras dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2007 y 2010 y ejercer posteriormente como profesor de Derecho Penal Internacional en universidades de EEUU y México. Durante su etapa en Anticorrupción investigó numerosos casos de delitos económicos.

El principal imputado en el caso Lezo es Ignacio González, presidente del Canal de Isabel II desde 2004 hasta que sustituyó a Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño en septiembre de 2012. González salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras 202 días privado de libertad, después de que su familia depositara una fianza de 400.000 euros.

El nombre de Castresana empezó a aparecer en los medios de comunicación a finales de los años 90, a raíz de las investigaciones que dirigió contra el fallecido alcalde marbellí y presidente del Atlético de Madrid durante su etapa como fiscal Anticorrupción. Éste acusó a la familia  Gil de «saqueo sistemático» y de haber desviado «11.000 millones a paraísos fiscales por la venta de jugadores», lo que le valió graves insultos públicos por parte de Jesús Gil.

Más repercusión tuvo la investigación presentada ante la Audiencia Nacional en marzo de 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Augusto Pinochet, al que acusó de genocidio, tortura y terrorismo junto a los militares que gobernaron Argentina desde 1976. Esa denuncia dio origen al juicio contra el dictador chileno, que desembocó en su detención en Londres el 16 de octubre de 1998.

Látigo de Gil a finales de los años 90, Carlos Castresana dirigió diversas investigaciones por delitos económicos durante su etapa en la Fiscalía Anticorrupción

Canal de Isabel II y Canal Extensia ejercerán la acusación como perjudicada en el caso Lezo con independencia de que también se ha personado la Comunidad de Madrid, en este caso a través de sus propios servicios jurídicos. La empresa pública pidió ser parte en el procedimiento para conjurar el riesgo de que los intereses en la acusación puedan ser distintos y tratar de que se depure el daño patrimonial que la sociedad ha podido sufrir por las inversiones en Suramérica, algunas infladas presuntamente para propiciar el posterior reparto de comisiones. Según las fuentes consultadas, Canal de Isabel II pretende ejercer una acción «incisiva» en la causa en un intento de «recuperar todo el dinero posible».

Entre las operaciones bajo sospecha se encuentra la compra del 75 %del capital de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA a finales de 2013 sin ninguna valoración independiente y basándose exclusivamente en la tasación realizada por ella misma como parte compradora.

El presidente ejecutivo de Inassa y mano derecha de Ignacio González en Suramérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha reconocido ante el juez que instruye el caso que se infló el precio de compra de Emissao a cambio de una comisión cobrada en Suiza. De acuerdo con su confesión, la parte que le correspondía al ex presidente de la Comunidad de Madrid quedó depositada en un depósito bancario en el país helvético.

Confesión inculpatoria

Se trata de una línea de investigación muy avanzada tras la confesión tanto de Rodríguez Sobrino como de Diego García Arias, directivo del Canal de Isabel II en Colombia y para el que la Fiscalía Anticorrupción revocó la orden de extradición tras su detención en agosto pasado a la vista de su decisión de colaborar con los investigadores colombianos y españoles. García Arias ha desvelado el reparto de 5,4 millones de euros entre Ignacio González, Rodríguez Sobrino, el ex directivo colombiano Ramón Navarro, el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro y él mismo por la compra de Emissao.

A finales del pasado año, la Audiencia Nacional ha conseguido decomisar 4,6 millones de euros que Ignacio González ocultaba en Colombia a través de sociedades inscritas a nombre de testaferros. También se ha intervenido patrimonio inmobiliario que estaba pendiente de tasación.

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