Política EL 'CASO LEZO'

Los piropos a Ignacio González en 2012 por la 'brillantez' de su labor en su adiós al Canal

Acta de la sesión en la que los consejeros del Canal de Isabel II hacen constar la "brillantez" de la gestión de Ignacio González.

Acta de la sesión en la que los consejeros del Canal de Isabel II hacen constar la "brillantez" de la gestión de Ignacio González. EL INDEPENDIENTE

Después de nueve años, Ignacio González no ocupó aquel día el sillón principal en la sala del consejo de administración del Canal de Isabel II, la empresa pública dedicada al abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre lo había elegido como sucesor tras dimitir como presidenta regional casi dos meses antes y su entonces mano derecha subía un peldaño en la carrera política al convertirse en el máximo mandatario madrileño. Empezaba una etapa en la que no se atisbaban las curvas que aparecerían después.

A las 12.30 horas del 21 de noviembre de 2012, Salvador Victoria -entonces consejero de Presidencia y Justicia- abría la sesión del consejo de administración del Canal de Isabel II en la primera reunión que presidía tras haber relevado seis días antes a Ignacio González al frente del órgano de gestión de la compañía de aguas. Y llegó el segundo punto del orden del día: ‘Aceptación de la renuncia de consejeros ejecutivos y del presidente del consejo de administración de la sociedad ‘Canal de Isabel Gestión SA’.

Los consejeros no escatimaron aquella mañana piropos para González, principal imputado hoy en la causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por el presunto saqueo de esta empresa pública (caso Lezo). El acta de aquella sesión de trámite, despachada en apenas 45 minutos, da fe de ello.

Los consejeros destacaron la «buena», «rigurosa» y «brillante» labor desempeñada por Ignacio González al frente del Canal de Isabel II

«Los miembros del Consejo dejan en el acta constancia de la buena y rigurosa labor desempeñada por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, D. Jaime Ignacio González González, al frente de la Presidencia del Canal de Isabel II, cargo que ha ejercido con brillantez durante nueve años consecutivos», se lee en el documento.

No fue la única renuncia aceptada en aquella sesión. También se aceptaron las dimisiones que tres consejeros de Canal de Isabel Gestión SAU habían formalizado esta misma mañana por carta y que también están siendo investigados hoy en el marco del procedimiento penal que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional: Adrián Martín López de las Huertas, ex director general de Canal Gestión; María Fernanda Richmond, ex directora financiera y de desarrollo de negocio, y Fernando José de Cevallos, director de Recursos Humanos.

Ignacio González, que pasó 202 días en prisión preventiva hasta que el magistrado Manuel García-Castellón le ofreció la posibilidad de abandonar la cárcel de Soto del Real si depositaba una fianza de 400.000 euros, llegó al puente de mando de la empresa pública en noviembre de 2003 en sustitución de Carlos Mayor Oreja. Fue a raíz de asumir la Vicepresidencia de la Comunidad y la Portavocía del Gobierno regional tras cubrir una etapa de más de siete años en el Ejecutivo de José Aznar: Subsecretario de Educación (1996-1999), Secretario de Estado de Administración Pública (1999-2002) y Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Innmigración (2002-2003).

Ignacio González, durante la visita a la unidad de tratamiento de lodos que Canal de Isabel II Gestión tiene en Loeches (Madrid).

Ignacio González, durante una visita a la unidad de tratamiento de lodos del Canal de Isabel II. MADRID.ORG

La compra de Emissao no cristalizó hasta el 14 de noviembre de 2013, pero al menos desde febrero de dicho año ya constan informes en los que la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) -participada mayoritariamente por el Canal y matriz del grupo de filiales en Suramérica- defendía el carácter estratégico de esa operación para penetrar en el mercado carioca. Eran las vísperas del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Sobre la compra de ese paquete accionarial planeaban tantas dudas que, en julio de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. No se había ejecutado como se había previsto en un principio (se adquirió el 75 % cuando la propuesta inicial era tomar una participación del 40 %), no se hizo un estudio independiente para tasar el valor del activo que se iba a comprar, se había desoído un informe elaborado por KPMG en el que advertía que Emissao se encontraba en una deficiente situación en cuanto a procedimientos y suministro de información, y el 84 % del dinero se ingresó en una cuenta bancaria en Suiza mediante dos transferencias libradas con un intervalo de tres días.

Las pesquisas que llevan a cabo los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional han reunido indicios que le permiten acreditar que se infló el precio de compra de Emissao para desviar fondos públicos en forma de comisiones.

Rodríguez Sobrino, que también ha permanecido en prisión preventiva, ha declarado al juez que guarda dos millones de euros en Suiza que tendría que repartirse con Ignacio González como mordidas por la operación de Emissao. A finales del pasado año, la Audiencia Nacional también ha conseguido decomisar 4,6 millones de euros que el ex presidente de la Comunidad de Madrid ocultaba en Colombia a través de sociedades inscritas a nombre de testaferros. Ese dinero tendría su origen en las «supuestas actividades criminales» por las que previsiblemente se enfrentará a una elevada petición de pena de prisión.

La adquisición de la empresa brasileña es tan sólo una de las líneas por las que se investiga a Ignacio González en el marco del caso Lezo. La instrucción también trata de determinar si el antecesor de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid era el destinatario de una comisión de 1,4 millones abonada por la constructora OHL a cambio del contrato de construcción y posterior explotación de la línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero en 2007.

La investigación también alcanza la presunta ‘compra’ de funcionarios en países en los que ya estaba presente el Canal de Isabel II a través de Inassa -caso de Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia- y el incremento patrimonial «ilícito» que Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero -ambos imputados también en la causa- habrían logrado a través de la empresa Tecnoconcret como beneficiaria de los contratos de construcción y explotación del campo de golf en el distrito madrileño de Chamberí. El ex alto cargo era entonces números dos en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

«Existen indicios que apuntan a la existencia de un canal de extracción de grandes cantidades de dinero en efectivo de las cuentas bancarias de Tecnoconcret entre los años 2008 y 2014 que podría guardar relación con el dinero en efectivo que Ignacio González maneja actualmente», razonaba el juez Eloy Velasco -hoy en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional- cuando lo mandó a prisión el pasado 21 de abril.

Sanear las cuentas del PP de Madrid

Igualmente, las pesquisas tratan de aclarar si en 2012 -entonces secretario general del PP de Madrid- pidió un millón de euros al consejero delegado de otra empresa pública para sanear las cuentas de esta formación a través de un entramado de empresas pantalla que trabajaba para los populares madrileños.

Lejos de ser el dirigente altivo que alcanzó la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la renuncia de su gran defensora política, a Ignacio González apenas se le ha visto públicamente desde que salió de prisión cuando ha tenido que ir a declarar ante la Audiencia Nacional. Su prioridad es preparar su defensa en el caso Lezo, mientras el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona (Málaga) sigue instruyendo la causa en la que se investiga la compra de su ático.

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