El abogado de Carles Puigdemont en España, Jaume Alonso Cuevillas, ha sido este martes el invitado de honor en la reunión del Grupo de JxCat en el Parlament. Mientras el ex presidente afirmaba ante los medios congregados en Copenhague que «sigue trabajando» para volver a España y tomar parte en el debate de investidura que debe tener lugar entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, su abogado debatía la estrategia política y jurídica del ex presidente catalán con los miembros de su candidatura.

Los independentistas catalanes han dado hoy dos pasos trascendentales para evitar que la convocatoria del pleno de investidura a Carles Puigdemont o la delegación de voto de los electos huidos en Bruselas puedan ser impugnados de forma preventiva, es decir, antes de que se produzca la votación de investidura.

Por un lado, con la decisión de retirar la petición de voto delegado del propio Puigdemont, lo que deja sin argumentos la petición de reconsideración anunciada por los socialistas catalanes basada, precisamente, en la ausencia anunciada del candidato a la investidura. Por otro lado, la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de posponer el acuerdo sobre la delegación de voto de los otros cuatro electos fugados impide actuar a los partidos constitucionalistas sobre esta medida.

En la reunión de la Mesa de esta mañana Torrent se ha limitado a anunciar que posponía la decisión sobre esta cuestión, pero no ha sido capaz de argumentar esa postura ante los requerimientos de los representantes del PSC, David Pérez, y C’s, José María Espejo-Saavedra. De hecho, la secretaria cuarta de la Mesa, la republicana Alba Vergés, ha llegado a aventurar la posibilidad de que los solicitantes quieran retirar la solicitud de voto para excusar la indecisión de la Mesa, pero no ha permitido que ese argumento quedara registrado en el acta de la sesión.

Objetivo: consumar la investidura

De consumarse este escenario, que abonan los últimos movimientos de Carles Puigdemont y su grupo, los independentistas podrían agotar todos los plazos para que el próximo lunes se celebre el pleno de investidura sin que los partidos de la oposición hayan tenido ocasión de frenarlo por la vía legal, de modo que el Gobierno se vea obligado a recurrir la investidura de Puigdemont ya consumada ante el Tribunal Constitucional. En una situación extrema, ese escenario podría situar al Rey ante la tesitura de tener que rechazar firmar la investidura ya aprobada por el Parlament, puesto que es el Jefe del Estado el que oficializa el nombramiento de presidentes autonómicos con su firma.

La aparente indecisión de Torrent ha llevado a C’s a presentar una petición de reconsideración porque temen que la postura del presidente de la cámara hace prever que el bloque independentista volverá a imponer las prácticas sufridas ya en la pasada legislatura, cuando Carme Forcadell pospuso la admisión a trámite de las leyes de ruptura hasta el último momento para evitar su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Es decir, convocar el pleno sin especificar el formato que adquirirá y con Carles Puigdemont como candidato, de modo que la organización del debate y la delegación del voto no se decida hasta la reunión de la Mesa previa al propio pleno, que podría celebrarse una hora antes, como sucedió el pasado otoño con los plenos de aprobación de las leyes de ruptura o el de proclamación de la república.

CeC asume la investidura telemática

Los comunes, por su parte, ya han anunciado que «no secundarán la estrategia de judicialización» que en su opinión plantean C’s y el PSC. Es decir, que aceptarán la investidura telemática de Carles Puigdemont sin presentar oposición, más allá de la queja en el pleno. No pedirán informes de los letrados ni llevarán a instancias judiciales una práctica que aseguran rechazar. «La mayoría tiene la responsabilidad de encontrar un candidato que pueda gobernar desde Cataluña» se ha limitado a apuntar la portavoz morada, Elisenda Alamany, para insistir en que «la gente no entiende la judicialización de la política».

De momento, Torrent ha anunciado para el próximo jueves una reunión de la Mesa ampliada, es decir, con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, para fijar «la fecha y las características del debate». El presidente de la cámara podría buscar en ese encuentro apoyos para una vía de escape que le permita evitar un pleno de investidura abocado al fracaso y, probablemente, a un nuevo bloqueo de las instituciones, según algunas fuentes. Pero sus últimas decisiones no abonan esa esperanza.

Antes de ello, el presidente del Parlament se reunirá mañana con Carles Puigdemont en Bruselas, tal como habían exigido el ex president y los portavoces de JxCat. Torrent aceptó este lunes el envite de los ex convergentes y anunció que acudiría a Bruselas, pese a la oposición de los partidos constitucionalistas, pero afirmó que primero intentaría reunirse con los electos que permanecen en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo, encabezados por el líder de ERC, Oriol Junqueras. Lo cierto, sin embargo, es que mientras el Supremo decide si otorga los permisos para ello, Torrent se entrevistará este miércoles con Puigdemont y fijará el jueves la fecha de la investidura.