Primero lo hizo Euskadi. Ahora Navarra le sigue los pasos. El Ejecutivo foral de Uxue Barkos inició hace meses un proceso para adjudicar investigaciones a centros universitarios para detallar los casos de malos tratos y torturas policiales o a cargo de grupos de extrema derecha desde 1960. A la convocatoria de subvenciones llevada a cabo por el Ejecutivo navarro se presentaron tres proyectos, uno de la Universidad del País Vasco y otros dos de la Universidad Pública de Navarra. La convocatoria ha sido recurrida por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al considerar que vulnera la resolución del Tribunal Constitucional que impide al Ejecutivo llevar a cabo este tipo de indagaciones.

La Delegación de Gobierno en Navarra ha dado a conocer el recurso presentado contra la orden foral de la consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales que tenía previsto destinar 30.000 euros a trabajos universitarios para documentar casos de malos tratos y torturas, “vulneraciones de derechos humanos en un contexto de motivación política” provocados por funcionarios públicos durante las últimas seis décadas. La Abogacía considera que la orden estaría amparada en una ley foral, la relativa al reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política que ya fue suspendida por el TC. El Ejecutivo central considera que con el encargo a las instituciones académicas se intentaría sortear la prohibición que se fijó contra el Ejecutivo autonómico.

La Abogacía del Estado recuerda que el TC suspendió la ley foral de víctimas de motivación política y que ahora se intenta sortear la suspensión

Por el momento el Ejecutivo de Barkos ya había concedido una primera subvención a la Universidad del País Vasco para llevar a cabo su investigación al respecto. Se trata de una partida de 17.900 euros para el Instituto de Criminología de la UPV que ya realizó una labor similar en la indagación de casos de tortura y malos tratos de “motivación política” encargada por el Gobierno vasco y que documentó más de 4.000 casos.

«Demonizar» la investigación universitaria

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha comparecido hoy en el Parlamento foral a instancia de PP y UPN para dar explicaciones sobre esta adjudicación. Ha denunciado que se quiera “demonizar” la labor académica e investigadora acreditada del Instituto de Criminología de la Universidad vasca que, ha subrayado, cuenta con reconocido prestigio. Ha recordado que en ningún caso las investigaciones se plantean como procesos de carácter judicial de esclarecimiento de delitos o responsabilidades sino como medio de documentación de hechos.

Ha lamentado que no se hayan podido tramitar las subvenciones para los otros dos proyectos presentados, a consecuencia de los recursos presentados por el PP y por la propia Abogacía del Estado. Ha puesto en duda de que se pueda impedir y determinar desde instancias políticas “quién sí y quién no puede realizar investigaciones académicas”. Ollo ha recordado que el Gobierno del que forma parte lleva dos años y medio trabajando en el reconocimiento y reparación de víctimas “sin equiparaciones ni dilución de ningún tipo”. Ha condenado la práctica de la tortura y los malos tratos, “una violencia ilegítima, injustificada e injustificable” que debe ser investigada “en respuesta al derecho a la verdad” de quienes la sufrieron.

Ollo subraya que las investigaciones no se plantean como procesos judiciales para esclarecer delitos y fijar culpables

El portavoz de UPN, Iñaki Iriarte ha asegurado que su formación condena la práctica de la tortura como algo “repugnante” contra la que jamás se opondrá a su investigación. Sin embargo, ha reclamado honestidad a la hora de plantear procesos de este tipo y para ello se debe partir de un consenso sobre los modos e instituciones que deben abordarlo “no pueden ser utilizado para desprestigiar la democracia, para decir que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral fueron unos matones”.

«No son quién para hacer un informe así»

Desde el PP, su portavoz, Ana Beltrán ha cuestionado la verdadera pretensión de las investigaciones que desea financiar el Gobierno de Navarra. “Quieren denigrar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: “Ustedes no son quién para hacer un informe”, ha reprochado Beltrán a la consejera Ollo. Le ha recordado que mientras sitúan el foco de la sospecha sobre la Policía y la Guardia Civil permanecen en silencio ante formaciones como EH Bildu: “Aquí hay un grupo parlamentario que no respeta el derecho a la vida, que apoya el tiro en la nuca y que son los amigos de ETA. ¿A esos no nada que decirles?”, ha interpelado a la consejera.

El portavoz de Geroa Bai, la formación de Barkos, Koldo Martínez, ha puesto en duda los recursos presentados contra las investigaciones sobre la tortura en Navarra. Ha denunciado que no es propio de estados democráticos “impedir las investigaciones científicas, eso sólo se da en las dictaduras y los partidos totalitarios”: “El recurso de la Abogacía del Estado entorpece de manera cruel, y me atrevería a decir que espurea, la búsqueda de la verdad”.

EH Bildu asegura que la tortura «ha sido una de las patas de la lucha antiterrorista»

Desde EH Bildu su portavoz, Bakartxo Ruiz, ha preguntado a PP y UPN cuál es el problema de que se investiguen estos hechos, “¿Qué le den la vuelta a lo que no hicieron los gobiernos de UPN?”. Ha puesto en duda el carácter democrático del Estado si finalmente “está prohibido documentar algunos pasajes de nuestra historia”. Ruiz ha afirmado que los malos tratos deben ser investigados, “la tortura ha sido una de las patas de la lucha antiterrorista”.

Desde Podemos su portavoz, Laura Pérez, ha afirmado no comprender el rechazo de PP y UPN a investigar estas prácticas: “No entendemos el afán de UPN y PP de hacer apología del negacionismo y mostrarse críticos a que se investiguen las vulneraciones de derechos humanos allá donde se hayan producido”.