Los letrados del Parlament creen que el plazo de dos meses que la ley establece para elegir un presidente de la Generalitat a partir del primer pleno de investidura no ha empezado a correr, en contra de lo que sostienen los servicios jurídicos de La Moncloa. Sin embargo, también coinciden con los partidos de la oposición en que no se puede mantener sine die el bloqueo institucional en el que se encuentra Cataluña tras la suspensión del pleno de investidura por parte de Roger Torrent, y debaten si introducir en su informe recomendaciones al presidente del Parlament para salir de esta situación de bloqueo.

La inclusión de estas consideraciones, que no se incluían en la solicitud del informe acordada por la Mesa del Parlament hace una semana, explicarían el retraso en su publicación, según fuentes de los servicios jurídicos del Parlament citadas por Efe. Los servicios jurídicos están divididos sobre la posibilidad de introducir en su dictamen posibles vías de desbloqueo que obligarían a Roger Torrent a actuar al margen de si avanzan o no las negociaciones de JxCat y ERC

Además, otras fuentes señalan que debería ser el Tribunal Constitucional quien estableciera las condiciones en las que deben medirse los plazos de la investidura. En el momento en que el alto tribunal decida la admisión a trámite el recurso del Gobierno, debería fijar el nuevo marco reglamentario, apuntan estas fuentes, puesto que es su actuación la que ha sustentado la suspensión del pleno y será el que finalmente tenga potestad para decidir cómo deben medirse esos plazos.

El precedente del “Tamayazo”

En este contexto, los letrados estarían de acuerdo en que no se puede aplicar al caso catalán el precedente de la Asamblea de Madrid, cuando se suspendió la investidura tras el “Tamayazo” pero el reloj de la investidura empezó a correr. Los letrados de la cámara catalana creen que la ley vincula literalmente el inicio del plazo a que se haya llevado a cabo una votación de investidura, una circunstancia que no se produjo, ya que Torrent decidió aplazar el pleno pocas horas antes de su inicio.

Un acuerdo que ya se habría alcanzado el viernes, pese a lo cual en las últimas horas se ha frenado la publicación del informe para introducir algunas modificaciones, dado el intenso debate que se está produciendo en el seno de los servicios jurídicos sobre la necesidad de introducir algunas consideraciones dirigidas al presidente del Parlament. Así, entre los letrados se considera que, si bien el plazo de dos meses no debe en efecto arrancar todavía, eso no implica que el bloqueo de la legislatura se pueda alargar “sine die”.

Por ello, los letrados barajan la posibilidad de incluir en el informe tres posibles fórmulas para salir del bloqueo a corto plazo, recordando al presidente del Parlament que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo de tiempo razonable.

Esas fórmulas que se podrían apuntar en el informe son, en primer lugar, que Torrent considerara proponer otro candidato; otra vía sería aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva la admisión del recurso del Gobierno y confirme o no las medidas que afectan a Carles Puigdemont; y, por último, la vía aceptada por el Consejo de Estado con relación a que, si no hay un candidato en condiciones, el presidente del Parlament lo comunique al pleno y eso sirva como acto de inicio de los dos meses. En este ultimo caso sí se tomaría como precedente lo ocurrido en el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado “Tamayazo”.

No obstante, en el seno de las reuniones de los letrados se discute si incluir o no esas consideraciones en su informe o si hacerlo de una forma más velada, para evitar aumentar la presión sobre las negociaciones de la investidura. En un momento en que JxCat y ERC parecen volver a estar bloqueados sobre el modo de formalizar la “doble presidencia” a la que se agarra Carles Puigdemont, la definición de fórmulas para obligar a Torrent a salir del limbo jurídico en el que ahora se encuentra no es la mejor noticia para el presidente del Parlament.