Política LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO LEZO'

López Madrid maniobra para sacar los 'emails' incautados por la 'caja B' del PP

El ex consejero independiente de OHL ha pedido que se retire la documentación que le fue incautada por haber financiado de forma irregular al PP de Madrid

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López Madrid maniobra para sacar los 'emails' incautados por la 'caja B' del PP
Javier López Madrid, llegando a la Audiencia Nacional en una de sus comparecencias.

Javier López Madrid, llegando a la Audiencia Nacional en una de sus comparecencias. EFE

Resumen:

El ex consejero independiente de OHL pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que obligue al juez del caso Lezo a excluir de dicho procedimiento toda la documentación que le fue incautada en la trama Púnica por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid. El juez de Lezo incorporó al sumario los papeles y soportes informáticos que fueron incautados en el domicilio del yerno de Villar Mir y en su despacho profesional en la empresa SIA Capital, así como el volcado de todas sus direcciones de correo electrónico. López Madrid recurrió esa decisión del juez García-Castellón ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional al considerar que se "infringe su derecho fundamental a tener una resolución motivada" por parte del magistrado. La Fiscalía Anticorrupción ya ha emitido un informe en el que se opone a la pretensión del ex consejero independiente de OHL, imputado tanto en Púnica como en Lezo.

El ex consejero dominical de OHL Javier López Madrid ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que obligue al juez del caso Lezo a excluir de dicho procedimiento toda la documentación que le fue incautada en otra macroproceso de corrupción, la trama Púnica, por su presunta participación en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid.

Se da la circunstancia de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó que se incluyera en el sumario del caso Lezo la citada documentación que guarda relación con el posible pago de una comisión por parte de OHL por la adjudicación del  contrato para la construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero en 2007.

En concreto, el instructor incorporó al mencionado sumario los papeles y soportes informáticos que fueron incautados en febrero de 2016 en el domicilio del yerno de Villar Mir y en su despacho profesional en la empresa SIA Capital, así como el volcado de todas sus direcciones de correo electrónico.

Según ha podido saber El Independiente, López Madrid recurrió esta decisión de García-Castellón ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional al considerar que se «infringe su derecho fundamental a tener una resolución motivada» por parte del magistrado. De momento, el juez no ha resuelto la misma, aunque la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las pretensiones del imputado.

En un informe remitido recientemente a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público se opone a que dichos datos sean extraídos del sumario de Lezo ya que «ninguna de las vulneraciones alegadas concurren en este caso, pues la remisión e incorporación al presente procedimiento  del testimonio indicado se adecúa a lo dispuesto normativa y jurisprudencialmente, ya que dicha documentación fue incautada en entradas y registros practicadas en el domicilio e inmuebles vinculados al recurrente cumpliendo todos los requisitos exigidos, lo que refrenda su validez y legitimidad».

Pruebas «legalmente obtenidas»

A mayor abundamiento, la fiscal Ana Cuenca Ruiz recuerda que es «legítimo» que los investigadores policiales utilicen todos los elementos probatorios «legalmente obtenidos» para esclarecer los hechos. Y eso «es lo que se ha hecho en el presente procedimiento, habiendo indicado en todo momento la fuerza actuante el origen de dicha prueba».

Javier López Madrid, que ya fue condenado por el caso de las denominadas tarjetas black de Caja Madrid a seis meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, se encuentra imputado actualmente en la pieza número 3 del caso Lezo y en la pieza número 14 del caso Púnica, donde se investiga la supuesta caja B del PP de Madrid. Hasta ahora, el empresario siempre ha negado haber financiado de forma irregular a la formación conservadora.