Podemos propone despenalizar a quienes inciten al desorden público en las redes

El grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó este martes una batería de más de un centenar de propuestas para modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y entre sus propuestas contempla la de rebajar las penas para los delitos contra el orden público y eximir de sanción a quienes difundan o publiquen mensajes que inciten a la comisión de estos delitos. El partido justifica estas medidas en evitar la "arbitrariedad" judicial y en acabar con la "criminalización de la protesta" que a su juicio conlleva la actual legislación.

Sus propuestas [consultar aquí en PDF] tienen forma de enmienda a la proposición de ley presentada por el PSOE hace ahora un año y desbloqueada esta semana por Ciudadanos en su renovado papel de oposición al PP. En primer lugar restringen el delito de desorden público. Las medidas pedían entre otras cosas otorgar el mismo valor al testimonio de los agentes de las Fuerzas de Seguriadd del Estado que al de los detenidos implicados en el proceso, y también incluyen la despenalización de la incitación al desorden público.

Este delito viene recogido en el artículo 557 del Código Penal -reformado por la Ley Mordaza- y contempla la actuación grupal o individual, en caso de que esté amparada en un grupo, a la hora de ejecutar "actos de violencia sobre las personas o las cosas". Unidos Podemos sólo ve delito de desorden público si es un grupo el que realiza esta acción, y despenaliza los casos en que las acciones las cometa uno de sus miembros.

El grupo también propone rebajar las penas de estos delitos, de tres a dos años máximos de prisión, e introduce que puedan castigarse únicamente con multas de entre 12 y 24 meses. La justificación de este cambio, reza el texto de las enmiendas, es que las sanciones para este tipo de conductas fueron introducidas, a su juicio, con la "única motivación" de "la persecución penal de la disidencia y la libertad de expresión".

Unidos Podemos propone en otra de sus enmiendas despenalizar la toma por la fuerza de espacios públicos o privados. La enmienda en concreto pide suprimir el artículo 557 ter,  que contempla la invasión y ocupación de "contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local", causando con ello "una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal". Para estos casos, la actual Ley Mordaza tipifica una pena de tres a seis meses de prisión o una multa de seis a doce meses.

El partido de Pablo Iglesias pide suprimir estas penas y no castigar este tipo de ocupaciones per sé, puesto que entiende que "este precepto se introdujo para recortar y criminalizar el ejercicio pacífico de derechos y libertades fundamentales", señala el texto presentado por UP. "Si en el curso de una protesta se produjeran incidentes merecedores de reproche penal -continúa el texto- existen preceptos penales administrativos y sancionadores más adecuados", puntualiza.

No es el único delito que pide suprimir. También pide destipificar "la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". Hasta ahora, la pena para esta difusión era de una multa de 3 a 12 meses o prisión de tres meses a un año.

Los morados piden que no se persiga a quienes, a través de las redes o medios de comunicación, inciten a la actuación grupal armada, cuando estos actos violentos puedan ser "potencialmente peligrosos para la vida de las personas o causar lesiones graves", cuando conlleve actos de pillaje o cuando la violencia se lleve a cabo "con ocultación del rostro". Para Unidos Podemos, la difusión de mensajes que alienten estas conductas es un delito que se puede eliminar puesto que considera que este "acto preparatorio ya puede ser suficientemente castigado" en el resto de la ley, "con las formas generales de participación cuya única finalidad -apunta el texto- era la criminalización de la  protesta y la libertad de expresión.