Política Financiación irregular de los 'populares' madrileños

Aguirre se salva de momento: juez y fiscal descartan imputarla por la Caja B

Los investigadores no tienen en estos momentos encima de la mesa la posible imputación de la ex presidenta madrileña en la pieza donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

La dimisión de Esperanza Aguirre aviva las críticas de la oposición.

La dimisión de Esperanza Aguirre aviva las críticas de la oposición. EUROPA PRESS

El nombre de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre está en el punto de mira desde que saltó a la luz pública en el año 2016 que el Partido Popular que ella lideró tenía presuntamente una caja B con la que se financiaban las campañas electorales en dicha comunidad autónoma. Sin embargo, en estos momentos, ni el juez Manuel García Castellón ni las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez estudian su imputación.

En estos dos años de investigación las pesquisas han avanzado y junto al nombre del ex consejero Francisco Granados, principal acusado en la trama Púnica, en abril del año pasado irrumpió en el panorama judicial de investigados por corrupción el de su verdadera mano derecha, Ignacio González, cabecilla del caso Lezo. Tras conocer las duras acusaciones que pesaban contra su delfín, Aguirre compareció públicamente y dimitió de sus cargos públicos para no “eludir responsabilidades”.

Han pasado diez meses desde entonces y el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón, junto con la Fiscalía Anticorrupción, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), han ido desgranando el mecanismo a través del cual se financió de forma presuntamente irregular del PP de Madrid en tres campañas electorales; dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y, la tercera, las elecciones generales del año 2008.

De hecho, los investigadores cuentan con declaraciones de empresarios que han reconocido que financiaron de forma ilegal a dicha formación a través de la fundación Fundescam. También con la agenda que le fue incautada a Granados con esos apuntes contables con las sigas ‘IN’ y ‘OUT’ con los posibles pagos en B, así como con las siglas ‘JEC’ que corresponderían al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, la de ‘JLM’ que serían la del ex consejero de OHL Javier López Madrid o la de ‘LD’, que sería la del ex presidente de Isolux Luis Delso, todos ellos supuestos donantes del PP.

Granados disparó contra Aguirre

Con este escenario, la gran duda que surge en estos momentos es saber si la Caja B del PP de Madrid acarreará la imputación de Esperanza Aguirre en la trama Púnica. A día de hoy, la respuesta es negativa. Según informan fuentes de toda solvencia a El Independiente, la posible imputación de la ex presidenta madrileña no está en estos momentos entre los planes inmediatos ni de García Castellón ni tampoco del departamento que encabeza el fiscal Alejandro Luzón.

Las mismas fuentes explican que este planteamiento podría cambiar en los próximos meses si aparecen indicios serios y férreos de que Esperanza Aguirre estaba al tanto de que el PP de Madrid acudió dopado a los comicios en, al menos, tres ocasiones. Sin embargo, en estos momentos los investigadores carecen de prueba documental o de alguna confesión que pueda acarrear que Aguirre sea citada a declarar en calidad de investigada en la Audiencia Nacional.

En estos momentos, los investigadores carecen de prueba documental que pueda acarrear que Aguirre sea investigada

El que fuera su consejero de Presidencia Francisco Granados declaró el pasado 12 de febrero en la Audiencia que en las mencionadas citas electorales el PP de Madrid habría concurrido dopado a las urnas gracias a haberse nutrido de fondos de partidas de publicidad de la Comunidad de Madrid (CAM).  En esa práctica irregular habrían participado, según la versión del investigado, el expresidente González, los ex consejeros Borja Sarasola e Ignacio Taboada y la ex directora de medios de la CAM, Isabel Gallego. Él se habría encargado de gestionar las campañas en A y el resto de los fondos en B. Sin embargo, Granados insinuó que “no había ningún asunto que Aguirre no controlase” aunque evitó responsabilizarla de la financiación ilegal de su partido.

Con este escenario, y sin que el cabecilla de Púnica haya aportado prueba alguna de dichas afirmaciones, Aguirre siguen estando en el punto de mira de la Audiencia pero, por ahora, no será imputada por estos hechos.

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