Política

Enmiendas de Podemos a la ‘Ley mordaza’: cómo copiar al Supremo y que (casi) no se note

El grupo de Pablo Iglesias utiliza frases literales extraídas de sentencias del alto tribunal como si fueran argumentos propios

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Enmiendas de Podemos a la ‘Ley mordaza’: cómo copiar al Supremo y que (casi) no se note
Pablo Iglesias e Irene Montero, en la presentación de un libro la pasada semana en Madrid.

Pablo Iglesias e Irene Montero, en la presentación de un libro la pasada semana en Madrid. EFE

Resumen:

Unidos Podemos presenta como propias en su justificación a las enmiendas con las que pretende que se derogue la Ley mordaza frases literales extraídas de sentencias en las que el Tribunal Supremo analiza el valor probatorio de las declaraciones policiales sin citar la fuente ni aparecer entrecomilladas.

La reproducción es evidente en la enmienda relativa al artículo 37, en la que el grupo confederal pretende que las declaraciones de los agentes de la autoridad tengan el mismo valor probatorio que el testimonio de cualquier ciudadano en los procedimientos administrativos.

En uno de los párrafos, el redactor de Podemos sustituye el adjetivo posesivo ‘sus’ por el artículo determinado ‘los’ e incluye la expresión “de los agentes de la autoridad” para hacer ligeramente diferente el pasaje de la sentencia del alto tribunal.

Unidos Podemos presenta como propias en su justificación a las enmiendas con las que pretende que se derogue la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida coloquialmente como Ley mordaza– frases literales extraídas de sentencias en las que el Tribunal Supremo analiza el valor probatorio de las declaraciones policiales. Son expresiones calcadas sin referencia a la fuente ni entrecomilladas.

La reproducción es evidente en la enmienda relativa al artículo 37, en la que el grupo confederal pretende que las declaraciones de los agentes de la autoridad tengan el mismo valor probatorio que el testimonio de cualquier ciudadano en los procedimientos administrativos. Según justificó la pasada semana la diputada de En Marea Yolanda Díaz, el objetivo que se persigue es poner en pie de igualdad a los agentes del orden público y al resto de la sociedad, lo que acabaría con el fin del principio de presunción de veracidad.

En la justificación de la citada enmienda, el redactor de Unidos Podemos se nutre sin citarlas de argumentos que se desgranan en varias sentencias dictadas por el alto tribunal en los últimos años y que llevarían al lector a pensar que son reflexiones propias de esta formación. Hay varios ejemplos en los siete párrafos que integran dicha justificación, como ha podido cotejar El Independiente.

“La sobreestimación del valor procesal de las declaraciones policiales en casos de ilícitos administrativos relacionados con la Ley de Seguridad Ciudadana corre el grave riesgo de atentar contra [l]a presunción de inocencia de los sujetos afectados por ellas”, se detalla en la propuesta de Podemos. En la sentencia que la Sala de lo Penal del Supremo dictó el 7 de febrero de 2017, reproduciendo argumentos ya esgrimidos en 2013, 2014 y 2015, el magistrado Juan Ramón Berdugo escribió: “Cualquier sobreestimación del valor procesal de las declaraciones policiales llevaría consigo de modo inevitable la degradación de la presunción de inocencia de los sujetos afectados por ellas”.

Extracto de la sentencia del magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Berdugo.

En el mismo fallo, el ponente argumenta: “(…) no resulta aceptable en línea de principio que las manifestaciones policiales tengan que constituir prueba plena y objetiva de cargo, destructora de la presunción de inocencia por sí misma, habida cuenta la calidad, por razón de su condición de agente de la autoridad, de las mismas”.

Justificación de la enmienda de Podemos al artícul0 37 de la ‘Ley mordaza’.

Esa idea encuentra también reflejo en el escrito de Podemos: “En todos los ilícitos administrativos que se relacionen con derechos fundamentales, no resulta aceptable que las manifestaciones policiales tengan que constituir prueba plena y objetiva de cargo, destructora de la presunción de inocencia por sí misma, habida cuenta la calidad, por razón de su condición de agente de la autoridad”. Ni se alude a dichas sentencias ni se utilizan entrecomillados.

Las últimas líneas del párrafo final de la citada enmienda encuentran un parecido asombroso con otro pasaje contenido en dichos fallos, si bien se sustituye el adjetivo posesivo ‘sus’ por el artículo determinado ‘los’ e incluye la expresión “de los agentes de la autoridad”. En concreto, el texto de Podemos queda configurado de la siguiente manera: “(…) conceden valor probatorio a los testimonios de los agentes de la autoridad, debiendo ajustarse a su apreciación y contenido a los mismos parámetros que los de cualquier otra declaración testifical”, mientras que el ponente Berdugo redactó: “(…) conceden valor probatorio a sus testimonios debiendo ajustarse su apreciación y contenido a los mismos parámetros que los de cualquier otra declaración testifical”.

El grupo de Pablo Iglesias utiliza en su propuesta frases literales extraídas de sentencias del alto tribunal como si fueran argumentos propios

Sea como fuere, las fuentes consultadas por este periódico advierten de que lo consagra el alto tribunal en las sentencias referidas “se refiere al proceso penal” y “no al administrativo, que es en el que se dirime la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana” que la oposición pretende ahora tumbar. La norma fue aprobada pese al rechazo unánime de la oposición en marzo de 2015, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

“En un procedimiento penal no basta con la denuncia policial ni con su mera ‘ratificación’ (por ejemplo, por escrito): es necesaria una ‘declaración como testigo’ del policía, sometido a contradicción, es decir, a interrogatorio de todas las partes ante el juez o tribunal, con obligación de decir verdad, y esa declaración será valorada exactamente igual que cualquier otra, sin un especial valor (si bien no es en absoluto extraño que en los casos de versiones contradictorias entre el policía-testigo y otros testigos, el tribunal se incline por la versión policial por considerarla, en general, no interesada o parcial). En cambio, hoy día, en los procedimientos sancionadores administrativos basta con la denuncia de un agente y su ratificación (por escrito, por ejemplo) en caso de oposición del infractor”, recuerda un magistrado.

Procedimiento administrativo, no penal

Unidos Podemos, sin embargo, no tiene en cuenta en su justificación el contenido de otra sentencia del Supremo -fechada el 27 de junio de 2008- que combate directamente el núcleo de su propuesta para acabar con la presunción de veracidad. “Según doctrina reiterada de esta Sala, las declaraciones de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio, prestadas en el plenario con arreglo a los artículos 297 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia, dado que gozan de las garantías propias de tal acto, sin que exista razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales”, expuso.