El Ayuntamiento de Barcelona ha invertido 35 millones de euros en la compra y rehabilitación de edificios que a la postre se han destinado a sedes de entidades y movimientos radicales próximos a los comunes y la CUP. El Consistorio que gobierna Ada Colau se ha gastado en los dos últimos años 20 millones de euros en la compra de edificios y otros 15 en rehabilitaciones de espacios ocupados que después ha cedido a grupos como Arran, las juventudes de la CUP, o el Sindicato de Manteros. Una política que se mantendrá el próximo años, gracias al presupuesto aprobado por moción de confianza.

“Colau está creando embajadas radicales en los barrios”, ha denunciado el líder del PP en el Consistorio, Alberto Fernández, quien ha advertido que la cesión de esos espacios, además de ayudas para su mantenimiento, va en detrimento de otras entidades de mayor arraigo que ven como los colectivos que recurren a la okupación acaban haciendo suyos espacios que debían destinarse a uso público o viviendas sociales. “Muchos de esos edificios estaban okupados, y cuando la propietaria intenta recuperarlos, viene mamá Colau, compra los edificios y se los cede a los okupas”.

Es el caso del Ateneo Sagrada Familia, que el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, presentó la semana pasada a bombo y platillo. La adquisición y rehabilitación del edificio ha tenido un coste de 4,7millones de euros y su objetivo es dar cobijo a los grupos que en su día okuparon el antiguo Cine Niza, derribado en el inicio del mandato de Colau.

Alquiler social: 550 euros anuales

Otro caso paradigmático es el de la antigua comisaría de policía de Gracia, que Colau ha cedido a los antisistema por un alquiler social de 550 euros anuales. Un contrato de cuatro años por el que además el Consistorio paga la luz, el agua, la comunidad y el IBI del edificio, mientras entidades de larga tradición en el barrio como los Lluïsos de Gràcia siguen esperando apoyo.

Un caso parecido se ha producido en el barrio de Horta, donde el Ayuntamiento ha pagado un millón de euros por el edificio Bloc17, todavía pendiente de rehabilitación. Este edificio debía destinarse originalmente a vivienda social, pero el gobierno local ha optado por cederlo como local social, cuyo principal usuario es Arran, como destacó la CUP en la comisión de Derechos Sociales.

En el Raval, centro de los peores conflictos vecinales de los últimos meses por el repunte de la drogadicción, el consistorio se ha gastado casi diez millones de euros en la compra y rehabilitación de dos edificios: Can Seixanta y el Espacio del Inmigrante, sede del sindicato de manteros. “Si Colau se hubiese gastado lo mismo para luchar contra los narcopisos, con toda probabilidad ahora no hablaríamos de las complicaciones diarias”, ha lamentado Fernández.

La denuncia del dirigente popular ha provocado la ironía de la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, sobre el apelativo de “embajadas radicales”. “El líder del PP ha leído mucho Marvel o se está viendo todas las series de Los Vengadores”, ha apuntado, sin desmentir los datos económicos denunciados por el PP.