El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez ha ratificado este lunes en el juicio de la pieza política del caso ERE que en el Gobierno andaluz “no se atendieron la recomendaciones” de sus informes sobre deficiencias en el sistema de ayudas sociolaborales y “no tomaron medidas” pudiendo hacerlo.

Gómez afronta seis años de cárcel y 30 de inhabilitación en un juicio en el que se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un sistema con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas presuntamente de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el instructor que cerró la investigación.

Durante el interrogatorio, que comenzó el pasado miércoles, el ex interventor ha minimizado el alcance de las irregularidades advertidas en sus informes, muy diferente del duro enfrentamiento que mantuvo con los responsables de la Junta durante la instrucción. A preguntas del fiscal ha terminado ratificando la declaración que hizo en el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2015. En ella afirmó que sus informes ponían de manifiesto “una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas”.

Un “ellos” que alude expresamente a “tres miembros del Gobierno” andaluz a los que se dirigieron esos informes: los consejeros de Empleo (primero José Antonio Viera y luego Antonio Fernández), Innovación (Francisco Vallejo) y Hacienda (José Antonio Griñán, antes de ser presidente en 2009), todos ellos acusados en este juicio.

En la declaración de este lunes ha ratificado que no faltó procedimiento de control sino que hubo una “desatención” a sus avisos, lo que a la salida del Supremo le llevó a decir que el Gobierno andaluz “miró para otro lado durante diez años” e hizo “oídos sordos”.