El Ministerio del Interior no ha montado ningún dispositivo policial para evitar que encausados por el procés huyeran antes de que se dictara auto de procesamiento, como ha hecho la dirigente de ERC Marta Rovira. Ésta ha decidido fugarse horas antes de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acerque al banquillo de los acusados a 25 personas por su responsabilidad en la organización y ejecución del plan soberanista.

En la resolución conocida este viernes, el instructor argumenta que existe un «grave riesgo de fuga» debido a las elevadas penas a las que se enfrentarán muchos de los procesados por la gravedad de los delitos por los que deberán responder ante la Justicia y a la proximidad del enjuiciamiento, motivos por los que ha confirmado la prisión preventiva para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn y los ex líderes de las asociaciones soberanistas: Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).

«No sólo la gravedad de la pena y la eventual proximidad de su enjuiciamiento proyectan la natural tentación de la huida, sino que el riesgo se potencia por la concurrencia con otra pluralidad de factores», razona Llarena. ¿Cuáles son esos motivos? De un lado, el «claro desprecio» de los acusados a acatar las resoluciones judiciales, ignoradas «de manera contumaz y sistemática durante los últimos años».

«Relevantes recursos económicos»

El juez tampoco pasa por alto la pertenencia «a un amplio colectivo que se solidariza con su causa por compartir las motivaciones que llevaron a los procesados a cometer sus delitos». A este respecto recuerda que dicho colectivo «cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como con armazones internacionales desarrollados en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y en condiciones de prestar soporte».

Asimismo, Llarena aprecia también que algunos de los acusados «comparten propósito» con los procesados que se encuentran en prisión preventiva y tienen la «misma forma de entender la defensa de sus proyectos». «Estos encausados no han dudado en dificultar el ejercicio de la jurisdicción española buscando refugio en terceros países, y lo han hecho con pleno sustento económico y organizativo, así como oponiéndose a su entrega a este tribunal», añade.

De los 25 procesados, siete se encuentran actualmente fuera de España eludiendo la acción de la Justicia. Primero lo hicieron el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers Tomi Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que se instalaron en Bélgica antes de que la Fiscalía General del Estado interpusiera querella por rebelión. El pasado 10 de marzo trascendió que Ponsatí se ha trasladado a Escocia para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews como catedrática de Economía y Trabajo.

Bélgica, Escocia, Suiza…

En febrero, la ex diputada de la CUP Anna Gabriel anunció que se encontraba en Suiza y que no comparecería ante el juez Llarena, que la había citado el día 20 del mes pasado. «Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos», declaró en una entrevista concedida al diario Le Temps.

La última dirigente independentista que ha decidido fugarse ha sido Marta Rovira, secretaria general de ERC y persona de máxima confianza de Oriol Junqueras. Rovira prestó declaración como investigada el pasado 19 de febrero, decretando el instructor su puesta en libertad si -como hizo- depositaba una fianza de 60.000 euros. La otra medida cautelar que le impuso fue comparecencias quincenales para acreditar que no había abandonado el país.