El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena da por terminada la instrucción del procés después de casi cinco meses de diligencias con el procesamiento de 25 personas -entre ex miembros del Govern, diputados, integrantes de la Mesa del Parlament y líderes de las asociaciones secesionistas- por su responsabilidad en el proceso con el que intentaron separar Cataluña del país y proclamar una república.

De los 25 acusados, nueve se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de rebelión y malversación de caudales públicos. Entre ellos no estarán el ex president Artur Mas; la  coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, que no han sido procesados.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Procesados por la posible comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, Puigdemont y Junqueras representan la cúspide de la pirámide por ser los más altos responsables en el anterior Gobierno de la Generalitat. En el auto por los que los manda a juicio, el juez Pablo Llarena reprocha al ex presidente, al ex vicepresidente y al ex titular de Interior que, pese a conocer los graves incidentes registrados a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre, decidieran continuar adelante con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O llamando a la participación e «impulsando un operativo policial» con los Mossos d’Esquadra para que «las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado». El magistrado no pasa por alto el hecho de que, en una reunión de coordinación policial celebrada el 28 de septiembre, hubieran sido advertidos del «grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum».

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los ex presidentes de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, también se sentarán en el banquillo de los acusados como posibles autores de un delito de rebelión. «Utilizaron su responsabilidad en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal», expone Llarena. Éste también destaca la responsabilidad que Sànchez y Cuixart tuvieron en la concentración multitudinaria registrada a las puertas de Economía y Hacienda mientras la comisión judicial llevaba a cabo registros y detenciones, hasta el punto de que el ex líder de la ANC pretendió erigirse en ‘mediador’ para que los agentes de la Guardia Civil y la secretaria judicial pudieran abandonar las dependencias de la Generalitat ante el acoso de la muchedumbre.

Marta Rovira. La secretaria general de ERC, que ha optado en el último momento por fugarse para eludir la acción de la Justicia, también figura entre los procesados. El instructor del Supremo considera que la número dos de Junqueras tuvo una «participación esencial en la ideación de mecanismos de actuación» y en el «impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración». Su responsabilidad también se deriva de su actuación para lograr la «plena disponibilidad de los centros de votación» utilizados en el 1-O en la consulta ilegal. El tribunal deberá determinar si cometió un delito de rebelión.

Jordi Turull. El último consejero de la Presidencia de la Generalitat y candidato ahora a suceder a Puigdemont también ha sido procesado por rebelión y malversación de caudales públicos. Cuatro son los reproches por los que el juez lo manda a juicio: haber impulsado la movilización desde su condición de portavoz del Ejecutivo autonómico, haber gestionado y diseñado las inserciones publicitarias del referéndum pese a la prohibición expresa, coordinar las infraestructuras informáticas necesarias para que se llevase a cabo la votación y encargarse de reclutar a los voluntarios que participaron el 1-O.

Raül Romeva. Como Turull, el ex consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat se enfrentará a elevadas penas como posible autor de delitos de rebelión y malversación. ¿Cuáles son los indicios en los que se basa Llarena para procesarlo? «Impulsó la creación de estructuras del Estado y favoreció el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat [Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña], abordó el proyecto para posibilitar la votación electrónica por internet de residentes en el extranjero y asumió la atención a observadores internacionales«.

Josep Rull. Llarena sitúa también al último consejo de Territorio y Sostenibilidad en el puente de mando de la «estrategia independentista», lo que explica su presencia en «múltiples reuniones definitorias». El juez no olvida que, como máximo responsable político de la empresa pública Puertos de la Generalitat, impidiera que atracase en el puerto de Palamós (Girona) uno de los ferries fletados por el Ministerio del Interior para alojar a los policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña en el marco de las operaciones Copérnico y Avispa.

Toni Comín, Dolors Bassa y Clara Ponsatí. Compañeros de fuga de Carles Puigdemont en Bélgica, los tres ex consellers también han sido procesados por rebelión y malversación. Asumieron el control de los locales dependientes de sus consejerías y de los centros escolares para que se pudieran utilizar como puntos de votación el 1-O, pese a que los jueces lo habían prohibido.

Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó y Santi Vila. Por desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional en relación con la organización de la consulta ilegal son procesados por un delito de desobediencia, pero no por rebelión. También se enfrentan a penas por malversación por autorizar a distintos departamentos «acciones y contrataciones» necesarias para el referéndum. Puig y Serret son dos de los ex consellers fugados desde hace casi cinco meses.

Carme Forcadell. Ex presidenta del Parlament y ya ex diputada, el magistrado del Supremo la ha procesado por rebelión por su «participación medular» en el proceso independentista desde su etapa como presidenta de ANC. Llarena destaca que, como máxima responsable de la Cámara autonómica, permitió la votación de las leyes que sirvieron de «coartada legitimadora» pese a las «reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional». «Su participación ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del proceso», argumenta Llarena. Entre los reproches penales que motivan su procesamiento destaca también el hecho de que estuviera presente en la manifestación del 20 de septiembre y que arengara a la movilización convocada para el día siguiente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república», apostilla.

Anna Gabriel y Mireia Boya. Las representantes de la CUP son procesadas por desobediencia, responsabilidad penal que se derivaría por el hecho de haber registrado en el Parlamento de Cataluña las proposiciones de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República y del Referéndum de Autodeterminación. El pasado 21 de febrero, Gabriel huyó a Suiza para eludir la acción de la Justicia.

Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Integrantes de la Mesa del Parlament la pasada legislatura, tendrá que responder por desobediencia derivada de la «tenaz y perseverante desatención» a los requerimientos del Constitucional para que «impidieran o paralizaran» cualquier actividad encaminada a «ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias».