No es que sea nuevo pero eso no le quita ni un ápice de gravedad. Me refiero al acoso y a las amenazas que están sufriendo desde hace meses los jueces y fiscales que se ocupan judicialmente de los responsables del desafío independentista de Cataluña. Y no es nuevo porque, sin tanto descaro y sin aparente violencia, los españoles ya hemos asistido años atrás a otro tipo de acoso y de ataques a la reputación de jueces que en su momento resultaron incómodos para un partido.

Me viene a la memoria el caso Filesa, una organización montada por el PSOE de entonces, que recibió unos 1.000 millones de pesetas procedentes de bancos y grandes empresas que pagaban a cambio de recibir informes que nunca se habían realizado. Fue entonces cuando los españoles empezaron a oír hablar de la "financiación ilegal" de un partido político. El magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, que había accedido a la carrera judicial por el llamado "cuarto turno", abierto a juristas de reconocida competencia, fue desde 1991 hasta 1995 el instructor del sumario y se enfrentó a todo tipo de presiones, descalificaciones y resistencias inauditas, como cuando el entonces secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, se atrevió a negarse a entregar al juez la documentación sobre la contabilidad y financiación del partido.

Pero la persecución personal contra el juez Barbero alcanzó cotas verdaderamente escandalosas e intolerables cuando el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, osó comparar la actuación del magistrado con la de la banda terrorista ETA. Esto fue lo que dijo en 1995 el presidente extremeño: "El señor Barbero quiere intervenir en política sin presentarse a las elecciones dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas".

El juez Barbero acabó abandonando la carrera judicial y con ella el Tribunal Supremo, alegando que no se sentía amparado para ejercer su labor con independencia. Pero antes de eso dejó dicho lo que está en la base de una democracia real en la que la separación de poderes es su garantía: "La independencia judicial es la última esperanza de la sociedad  para combatir a un poder político corrupto y prepotente".

Aquel fue probablemente el caso más vergonzoso al que los españoles habían asistido desde el comienzo de nuestra democracia, pero ha sido superado por el espectáculo coral al que estamos asistiendo ahora a cargo de los partidos independentistas catalanes. Porque no son sólo los vándalos de la CUP o de los Comités para la Defensa de la República los que hostigan a los jueces, a los fiscales y al poder judicial en su conjunto. Es la propia cúpula de esos partidos, a los que no se les cae de la boca la palabra democracia, que ellos pretenden representar, los que han alentado a sus bases más feroces cuando desde el comienzo de la actuación de los tribunales ha adoptado inaceptables actitudes de desafío a la acción de la Justicia.

Sólo hay que recordar el numerito que montó Artur Mas cuando fue llamado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar por su participación en la consulta del 9-N. Ante miles de personas convocadas para "acompañar" a Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, el ya ex presidente de la Generalitat se dio un paseo triunfal entre las masas, se subió a una plataforma elevada montada para el acto para dirigirse a la multitud y se permitió chulescamente llegar ¡media hora tarde! a su cita ante el tribunal. El mensaje que transmitían con esa actitud y ese espectáculo añadido era claro: el poble català enfrenta su poder frente a unos jueces que pretenden hacer un juicio político a la voluntad de ese poble.

Los jueces españoles son independientes y cumplen y hacen cumplir la ley. Las agresiones que se perpetran contra ellos no van a doblarles

No fue el único numerito, hubo otros más. Recuérdese la concentración de los alcaldes independentistas, levantando sus varas todos a una, una acción que tenía por objeto el de lanzar una vez y otra, y otra más, el mismo mensaje: la "justicia española" no podrá doblegarnos. No hay, por tanto, nada nuevo en lo que estamos viendo desde el mes de octubre: una vez más, las masas han absorbido el veneno inoculado durante años sin que nadie hiciera, por cierto, nada por impedirlo, y ahora lo traducen en la violencia que acompaña siempre a la muchedumbre encolerizada. Pero los responsables no son solamente los que dejan escrita delante de la casa del juez Llarena una amenaza y un insulto, "fascista", con el afán de pretender descalificar desde el origen toda acción salida de la mano del magistrado, al que anuncian que a partir de ahora "su vida será un infierno". Ni la siniestra tuitera que informa de dónde trabaja y dónde vive la mujer del juez del Tribunal Supremo porque, dice la sujeta, que todos los miembros de su familia "han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora". Esto incumbe también y principalmente a quienes han dirigido conscientemente a la tropa contra el Poder Judicial para intentar blindarse frente la respuesta de los tribunales ante las múltiples violaciones de la ley de las que son responsables.

Y ahora que los jueces han empezado a actuar, la respuesta está a la altura de esa dramática ausencia de sentido democrático que han demostrado los partidos independentistas. No hay más que recordar el papel que los dirigentes secesionistas le tenían reservado al Poder Judicial en esa diseñada república que era en realidad una auténtica dictadura: una especie de tribunal supremo controlado por el gobierno. Y como lo que están perpetrando los independentistas en este terreno es un auténtico escándalo internacional, en esto está consistiendo también su famosa "internacionalización del conflicto", la Unión Internacional de Magistrados se ha visto en la necesidad de condenar los "actos de vandalismo y violencia perpetrados en diferentes tribunales de la región de Cataluña" y ha tenido que recordar, lo cual es sonrojante para todos nosotros aunque se dirija a una pequeña parte de los españoles que no quieren serlo, que "la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de  Derecho, lo que implica que los jueces deben desempeñar sus funciones sin presiones indebidas o sin cualquier amenaza, explícita o implícita".

Los jueces españoles son independientes y cumplen y hacen cumplir la ley. Las agresiones que se perpetran contra ellos no van a doblarles en ningún caso el brazo. Y acercan, sin embargo, a los agresores, a todos ellos, no sólo a los autores materiales, a la actividad de los matones al servicio del venezolano Nicolás Maduro, por buscar una referencia contemporánea. Es decir, a los mecanismos de opresión de una dictadura. Esta es su más auténtica fotografía.