La decisión de la mesa del parlamento catalán de permitir el voto delegado de Carles Puigemont añade un nuevo elemento de incertidumbre al ya proceloso mundo de la política catalana y al bloqueo en que se encuentra desde el 21-D. La abogacía del Estado está estudiando si dicha decisión es susceptible o no de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional o si debiera ser éste el que presentara un incidente de ejecución una vez que ya se le prohibió delegar su voto por hallarse prófugo de la justicia. Pero según admiten fuentes gubernamentales, la actual situación del ex president ha cambiado en el sentido de que ahora se encuentra bajo jurisdicción de la justicia alemana y en prisión preventiva por lo que "no es tan sencillo, ni mucho menos automático" impedir que pueda ejercer ese derecho de forma diferida.

Según los mismos medios, Puigdemont no está ante la justicia española "pero tampoco prófugo porque ha entrado en esa rueda imparable de los procesos judiciales", con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en marcha sobre la que la Fiscalía alemana se ha manifestado en tiempo récord, lo que demuestra que "lo tenían muy claro y la decisión muy tomada", aducen, aunque todo está en manos de los jueces.

La Abogacía del Estado está estudiando el nuevo escenario que se abre tras la detención del ex president

El hecho de que la abogacía no haya actuado de inmediato, como en otras ocasiones, redunda en la idea de que "aunque no esté ante el Tribunal Supremo, ya no vale el argumento de que es un huido. Si a los encarcelados se les permitió votar -en alusión a Oriol Junqueras, Joaquin Forn y Jordi Sánchez- Puigdemont estaría en el mismo caso". En definitiva "¿si dejas que deleguen los de Estremera, por qué no el de Neumünster?", se pregunta en referencia a la prisión alemana del land Schleswig-Holstein, donde está en prisión preventiva.

De hecho, desde el Gobierno han preferido desviar la atención hacia la actuación de los Grupos Parlamentarios constitucionalistas de la Cámara autonómica. Es un modo de meter presión a Ciudadanos, formación a la que acusan de inacción a pesar de haber ganado las elecciones del 21-D. Precisamente, ha sido el PP catalán el que se ha apresurado a anunciar la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional por "vulneración" de sus derechos como diputados en caso de que la Mesa del Parlament no reconsidere esta decisión.

Moncloa delega en los Grupos Parlamentarios de la cámara autonómica para meter presión a Ciudadanos

"Desde el PPC tenemos muy claro que no seremos cómplices de una patada a la democracia ni nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se vulneran nuestros derechos como diputados", ha apelado Albiol. Pero, contra el criterio del Ejecutivo, que alberga serias dudas al respecto, el todavía líder de los populares catalanes defiende que Puigdemont "todavía no está a disposición de la justicia española, sigue siendo un prófugo. No parece razonable ni serio que el Parlament le autorice a votar".

Por su parte, Inés Arrimadas, también amenaza con recurso de amparo aunque espera que antes la mesa, de mayoría independentista, reconsidere una decisión que ha tomado contra la advertencia de los letrados de la Cámara, que les han recordado verbalmente que podrían entrar en colisión con las cautelares que el alto tribunal dictó en enero. Esas cautelares impidieron la investidura no presencial del hoy encarcelado en el norte de Alemania.

También el PSC cree que con esa decisión la nueva mesa del Parlament se ha saltado las "advertencias del Tribunal Cosntitucional", lo que podría suponer seguir el mismo camino que el anterior órgano rector de la Cámara cuando todos sus miembros de ideario independentista fueron imputados por rebelión y sedición.

No se esperaba un pronunciamiento tan rápido y contundente de la Fiscalía alemana

En todo caso, el Ejecutivo prefiere poner el acento en la prontitud con la que la Fiscalía alemana se ha pronunciado a favor de su extradición por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, un pronunciamiento rápido tras el lunes de Pascua, que pone también en marcha el reloj de la justicia germana. No se prevé, en todo caso, un proceso rápido. Los recursos pueden retrasar los plazos más allá de los sesenta o noventa días de los que se habla para mecanismos de entrega de este tipo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho no contemplar otro escenario que no sea el de la puesta a disposición de la justicia española de Puigdemont. Ha apelado a que “el normal funcionamiento de las instituciones en el ámbito de la Unión Europea hace que la cooperación entre instituciones judiciales y las fiscalías facilite la entrega y sometimiento a juicio de quien se encuentra huido de la justicia”. “La confianza mutua entre países socios del mismo club, que nos reconocemos como democracias va a asegurar que esa entrega se produzca”.

Rajoy defiende que Europa es también "un espacio moral y democrático"

En cambio, Mariano Rajoy se ha amparado en el silencio al ser interrogado al respecto en Argel, donde ha participado en una reunión bilateral. Se ha limitado a recordar que "no tengo por costumbre hacer un juicio de las decisiones que adoptan los órganos judiciales. No es mi costumbre. Será la Justicia alemana la que tome, y nosotros respetaremos, la decisión definitiva", informa Europa Press.

Eso sí, ha apostillado que Europa "no es sólo un espacio económico, también es un espacio moral y democrático de países respetuosos con los derechos humanos, el imperio de la ley, estado de derecho y separación de poderes".