O Mecanismo, la serie de Netflix dirigida por José Padilha, retrata la lógica de un sistema de corrupción, más allá de ideologías, que se gestó en Brasil y se ha extendido por gran parte de América Latina. Las empresas pagan a políticos y ellos les devuelven los favores cuando llegan al poder. La gran constructora brasileña Odebrecht es el paradigma de este sistema, que al salir a la luz ha derribado de momento a un presidente en ejercicio (Pedro Pablo Kuczynksi en Perú), ex presidentes (Ricardo Martinelli en Panamá y decenas de allegados), ministros, diputados, senadores en más de una decena de países de América Latina. Ni siquiera el icono de la revolución social más relevante del siglo XXI en Brasil, el ex presidente Lula da Silva, se ha librado de las garras del mecanismo.

Condenado a 12 años y un mes por corrupción, el ex presidente Lula se aferra a su pasado y a sus leales para clamar su inocencia. Esta semana el Supremo Federal de Brasil le ha negado el habeas corpus, lo que implica que ha de esperar en la cárcel a que se resuelvan recursos pendientes. El legendario líder del Partido de los Trabajadores (PT) se ha entregado a la policía federal este sábado, tras refugiarse 48 horas en la sede de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, donde arrancó su carrera  política como dirigente sindical.

El ex sindicalista, nacido hace 72 años en la miseria cerca de Pernambuco, que llegó a la Presidencia en 2003 y en 2010 la dejó con unos índices de más del 80% de aprobación, es el primer ex presidente condenado y encarcelado por delitos comunes. Genera gran polarización, pero aún es el favorito en los sondeos para las presidenciales de octubre de este año.

El juez Sergio Moro, inspirado en los magistrados italianos de Mani Pulite, ha perseguido con infatigable afán a Lula da Silva. Su lucha contra la impunidad no deja resquicios. Moro le condenó en primera instancia en julio por las reformas en un tríplex en la playa de Guarujá que habría pagado la constructora OAS a cambio de contratos millonarios. Aunque la casa no estaba a su nombre, fue condenado y en enero le aumentaron la pena a 12 años y un mes en segunda instancia. Tiene aún otras causas pendientes.

A Lula no le ha gustado el guión de O Mecanismo e incluso anunció procedimientos contra Netflix, que se ha estrenado el 23 de marzo. Padilha, brasileño afincado en EEUU y director de Narcos, se presenta como un feroz combatiente de la corrupción. En el quinto capítulo le atribuye a Lula una cita: “Hay que detener esta masacre”, frase que en realidad pronunció el senador Romero Jucá, primero aliado de Lula y luego tránsfuga. “Tenemos una serie en la que mostramos que estos políticos robaron miles de millones de dólares, ¿y se preocupan por una cita?”, comentaba el guionista a The New York Times. Según Adelaide Oliveira, portavoz de Vem Para Rua (Tomen las calles), “es un enfoque generalizado de la corrupción en Brasil… pero la realidad supera la ficción”.

La corrupción en América Latina ni empieza ni termina con Lava Jato, Petrobras y Odebrecht, pero es el símbolo de una época. Primero se descubrió en 2014 una operación con dinero negro en gasolineras (Lava Jato, autolavado en portugués) y otros pequeños negocios ligados a cambistas clandestinos. La pista llevó a la compañía estatal petrolera Petrobras, diversas constructoras y a la gran madre de todos los sobornos, Odebrecht, empresa creada en 1944 por Norberto Odebrecht, ingeniero de origen alemán.

Su nieto Marcelo había llevado a la firma a su cénit, con ramificaciones en 25 países, y también fue el artífice de su hundimiento. Marcelo Odebrecht, con apenas 40 años, en 2008, era considerado “el dueño de Brasil”.  Era la época dorada del gigante latinoamericano, los últimos años de la Presidencia de Lula y los primeros de Dilma Rousseff. Crecía como China y organizaba Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol. Era el Redentor de América Latina.

Tras ver cómo funcionaba “el mecanismo” en Brasil, lo puso en marcha en otros países de la región. A finales de los 80, creó un departamento de relaciones estratégicas (o de operaciones estructurales), desde el cual se organizaba el pago de sobornos. Su origen alemán le llevó a una sistematización, de la que daban cuenta sus secretarias, como Concepción Andrade, que tras ser despedida en 1992 se llevó todos los registros. Los entregó cuando estalló Lava Jato. También Maria Lucia Tavares dio cuenta del modo de proceder al convertirse en una “delatora premiada”.

Hasta Marcelo Odebrecht acabó denunciando a diestro y siniestro para cambiar su celda de 12 metros cuadrados por su palacete en Bahía de 3.000. Tardó en darse cuenta de que no tenía salida unos meses: fue apresado en el verano de 2015, condenado a 19 años y cuatro meses por corrupción y lavado de dinero en marzo de 2016.

En diciembre la compañía acepta pagar una  multa millonaria en EEUU. Tres meses después, Marcelo empieza a cantar para cambiar cárcel por casa. Hasta 77 directivos de Odebrecht han aceptado las delaciones a cambio de rebajas de sus condenas. Es lo que la prensa brasileña llamó “la confesión del fin del mundo”.

Fue el 21 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EEUU, tras una investigación de un juez de Brooklyn, desveló “el mayor caso de sobornos extranjeros de la Historia”. Llevaba el nombre de Odebrecht, que se comprometía a pagar 3.500 millones de dólares de multa, a cambio de seguir operando en los países que lo aceptaran. Políticos y funcionarios de una docena de países (10 latinoamericanos y dos africanos) se vieron al borde del precipicio.

En Brasil políticos de todos los partidos y tendencias políticas están salpicados, y también el actual presidente Michel Temer. La ex presidenta Dilma Rousseff tuvo que dejar el poder por un caso de transparencia de cuentas públicas, pero muchos apuntan que estaba al tanto del sistema.

Desde 2001 la firma habría empleado unos 800 millones de dólares en sobornos. Los países donde actuó, además de Brasil donde la investigación apunta que se sobrepasaron los 2.000 millones, fueron; Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, y Angola y Mozambique. Venezuela sería el país, después de Brasil, donde se movió más dinero negro, unos 100 millones de dólares.

Odebrecht es una especie de cáncer en la región… Supone la regionalización de la corrupción bajo un mismo esquema», dice Carlos Malamud

“Odebrecht es una especie de cáncer en la región. No es que estuviera inmune antes, pero supone una regionalización de la corrupción bajo un mismo esquema. Y el germen no viene de EEUU, del imperialismo yanqui, sino que son empresas latinoamericanas. Lula quería construir gigantes nacionales pero se hizo de una manera que se asentaron en la corrupción”, señala Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano.

Para Malamud, Lula no es un perseguido político. “No se puede olvidar que fue quien introdujo a Odebrecht en las presidencias y ministerios latinoamericanos”, añade. “La raíz del problema es que el Estado sea eje de la actividad económica, de modo que muchos sectores intentan obtener rentas de esa relación”, concluye.

Según Anna Ayuso, investigadora del CIDOB, “el problema es cómo responde el Estado a esa corrupción. Cuando la corrupción es la manera de funcionar del Estado se convierte en un problema sistémico. No sólo pasa con los presidentes o ministros. Me contaron un caso en Pernambuco donde habían comprado a dos tercios del ayuntamiento para que dejaran paso a un nuevo alcalde. Es un problema que afecta a la gobernabilidad del país”.

En Brasil la judicatura es más fuerte que en otros países. El sistema judicial es más desarrollado e independiente», señala Anna Ayuso

Destaca cómo en Brasil, y ha quedado demostrado ahora con el caso de Lula, “la institucionalidad de la judicatura es más fuerte que en otros países. Es un sistema judicial más desarrollado e independiente, pero por otro lado hay mucha burocracia. El rechazo al habeas corpus de Lula se hace para evitar la impunidad, por eso se cambió la ley para que después de segunda instancia los culpables esperen otros recursos en la cárcel”.

Sin embargo, en los acontecimientos de esta semana en Brasil también ha preocupado la actitud del ejército. El comandante Villas Boas tuiteó contra la impunidad, en lo que se interpretó como un rechazo a cualquier otra resolución que no fuera la cárcel del ex presidente. “Inmiscuirse en asuntos civiles es muy preocupante, es una vuelta al pasado. Faltan seis meses para las elecciones, y si hay desconcierto y ningún líder claro (el único es Lula, favorito en las encuestas), puede darse una fuerte atomización (algo insólito en la historia brasileña)”, señala Manuel Alcántara, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca.

La sensación de abismo en Brasil es grande. El sistema comienza a aplicar cierta limpieza pero la división en la sociedad es cada vez mayor. “Los brasileños parecen centrados en pedir castigo pero no está claro que se pongan en marcha mecanismos para evitar que se reproduzca en el futuro. Solo están reguladas las relaciones entre políticos y grandes empresas en Perú, Colombia, México y Chile. Los registros de transparencia están lejanos. Se está castigando la corrupción pero no se prevé ni se evitan casos futuros”, dice Luis Tejero, consultor político y ex corresponsal en Brasil. Tejero recuerda como después de Lula el favorito en las encuestas es Jair Bolsonaro, ultraderechista, xenófobo y homófobo. Un nuevo caudillo.

Si los megasobornos se expanden desde Brasil, donde la mayor parte de la clase política está enfangada, es en Perú donde más políticos prominentes han caído. De hecho, el presidente Pedro Pablo Kuczynski es el primer jefe de Estado en ejercicio que ha tenido que renunciar por un caso que le relaciona con sobornos de Odebrecht, cuando fue ministro de Economía de Alejandro Toledo. La paradoja es que Toledo, prófugo en EEUU está acusado de aceptar 20 millones de dólares de Odebrecht, llegó al poder después del fujimorismo, un sistema basado en los sobornos.

Casi dos décadas después, el presidente se ha visto forzado a dejar el cargo tras verse cómo sus funcionarios intentaban mantenerle con pagos a los rivales, quienes a su vez tienen cuentas pendientes por acusaciones de corrupción (Fuerza Popular de Keiko Fujimori). El ex presidente Humala y su esposa Nadine Heredia, también están  en la cárcel investigados.

Ahora le corresponde al sucesor de PPK, Martín Vizcarra, un presidente por accidente, ser anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se celebra bajo el lema «gobernabilidad democrática frente a la corrupción» el 13 y 14 de abril. Vizcarra tratará de liderar una campaña para recuperar la credibilidad del país.

La falta de confianza en el sistema produce monstruos como el populismo, de uno u otro bando ideológico, o figuras estrambóticas muy radicalizadas, salvadores de la patria. En América Latina hay varios procesos electorales pendientes y el riesgo es grande. Pero, los usos y abusos de la corrupción, prenden no sólo en la clase política y empresarial, también en el ciudadano.

Según Transparencia Internacional, dos tercios de la población de 20 países latinoamericanos recurren a diario al pago de sobornos, ya sea para acceder a sanidad, a la administración de justicia, a la policía… Gran parte de los países de América Latina figuran en rojo en ese índice: el peor Venezuela, y también muy en la cola están Paraguay, México, Honduras y Ecuador.

En Ecuador el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años a finales de 2017 por recibir sobornos de Odebrecht. Pocos se libran: recientemente el hombre fuerte del kirchnerismo, el ex ministro Julio de Vido, ha sido el primer procesado en Argentina por beneficiar la concesión de un gasoducto.

“La única manera de combatirlo es que haya administraciones más transparentes y se acabe con el clientelismo. El desapego a la democracia en América Latina aumenta entre la población. La gente está harta y no cree en los partidos. Busca a los outsiders y los votan como mal menor”, afirma Ayuso.

En Venezuela la corrupción crece sin límites porque todas las instituciones están bajo un grupo político en el poder», afirma Salas

La mayor percepción de corrupción se da en Venezuela (puesto 169 de 180). “En este caso se debe a la captura total de las instituciones por un grupo político en el poder. Cuando la justicia, las autoridades electorales, la contraloría, las fiscalías, la prensa, las fuerzas de seguridad, responden a una política partidaria y no hay contrapesos reales al Ejecutivo y al partido político en el poder, en un ambiente así la corrupción crece sin límites”, señalaba en una entrevista en Nueva Sociedad a Alejandro Salas, ex responsable de Transparencia Internacional para América Latina.

De hecho, Venezuela es el único país donde no ha podido investigarse la trama de Odebrecht. El Supremo en el exilio va a proceder y la fiscal general, también fuera del país, Luisa Ortega, ha presentado documentación sobre el pago de decenas de millones de dólares a la última campaña de Hugo Chávez y la primera de Nicolás Maduro. Suscribe esta tesis el testimonio de Euzenando Azevedo, responsable de la constructora en Venezuela, clave en esta acusación, que habla de 35 millones para la campaña del actual líder bolivariano.

Padilha, director de O Mecanismo, señala en la web peruana Cosas cómo “Venezuela es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando aceptas la corrupción impunemente. Y te permite entender que la corrupción no tiene ideologías. Una de la razones por las que en nuestros países el problema no parece tener solución es porque la gente no se da cuenta de que no se trata de ideologías”.

Sin olvidar, que como dice Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, “la corrupción es como el tango, se baila de a dos, hay que mirar al sector público y al privado”. Y diríamos que a tres, el ciudadano ha de ser consciente de lo que se juega.