El Rey y el presidente del Tribunal Supremo han convertido el acto de entrega de los despachos judiciales en acto de desagravio a la justicia española tras el revés sufrido por la negativa alemana a aceptar el delito de rebelión en la petición de extradición de Carles Puigdemont. Felipe VI ha asegurado a los 65 nuevos jueces, y por elevación a todos sus compañeros de carrera, que «siempre podréis contar con la confianza y el respeto de la Corona». Carlos Lesmes, por su parte, ha señalado que los jueces «están respondiendo con la necesaria firmeza a los desafíos que se nos están presentando en unos momentos especialmente convulsos».

Los jueces están respondiendo con la necesaria firmeza a los desafíos que se nos están presentando» advierte Lesmes

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo ha aprovechado así la entrega de despachos judiciales en Barcelona para defender el papel de la justicia en el conflicto generado por el desafío independentista. Lesmes ha destacado que los jueces «desde el más firme respeto a la legalidad, están defendiendo el Estado de Derecho ante cualquier pretensión de menoscabo» en cumplimiento de su misión. Y ha recordado que esa función jurisdiccional «implica la tutela de derechos y obligaciones y garantiza el respeto a la ley por parte de todos, incluidos los poderes públicos».

Felipe VI, por su parte, ha defendido la labor de la Escuela Judicial y ha señalado a los nuevos jueces que «soy consciente de la dificultad que entraña el ejercicio de vuestra función y de la responsabilidad que comporta», mientras varias decenas de personas se manifestaban en el exterior contra el Rey y los jueces convocados por los los comités de defensa de la república (CDR’s).

Protagonismo de Llarena

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los líderes independentistas, Pablo Llarena, ha sido el centro de todas las miradas y las conversaciones. Acogido de forma calurosa por buena parte de sus colegas, Llarena ha hablado largo rato con el máximo responsable de los Mossos, Ferran López, en los minutos previos al inicio del acto.

El juez Llarena debe decidir en los próximos días si autoriza la salida de Jordi Sánchez de prisión para asistir a la sesión de investidura, después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciara el sábado que el ex presidente de la ANC es candidato de nuevo a la presidencia de la Generalitat. El magistrado del TS estudia además los posibles recursos legales ante la negativa de la justicia alemana a extraditar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión, y debe responder a la petición de más información para sustentar la acusación de malversación de la que ahora depende que Alemania ponga al ex presidente catalán a disposición de la justicia española.

Un acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona que no ha sido en absoluto rutinario. En primer lugar, por el despliegue policial que rodeaba el Auditori, con todo el entorno controlado para evitar el acceso de movilizaciones de protesta. En segundo, por la ausencia de autoridades catalanas, de hecho el único cargo político era el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha acudido en calidad de ministro de jornada, sin participación efectiva en el acto.

Ha sido una entrega de despachos excepcionalmente reducida, 65 nuevos jueces, frente los 250 nuevo jueces de años anteriores. Y sobre todo, por la atención de la concurrencia centrada en el juez Llarena y ha su esposa, la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, que ha defendido en su discurso la imparcialidad e independencia de los jueces.