PolíticaDECLARACIÓN EN EL JUICIO

‘Caso ERE’: Griñán insiste en que no actuó porque el interventor nunca se lo pidió

El ex presidente y ex consejero andaluz de Hacienda reitera que nunca le trasladaron los informes en los que la Intervención advertía de irregularidades y defiende la legalidad del mecanismo presupuestario utilizado para pagar las ayudas

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‘Caso ERE’: Griñán insiste en que no actuó porque el interventor nunca se lo pidió
El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, declarando este miércoles en el juicio de los ERE.

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, declarando este miércoles en el juicio de los ERE. EFE

Resumen:

El ex presidente de la Junta de Andalucía se ratifica en que el escándalo de los ERE merece “responsabilidad penal”, como declaró en el Tribunal Supremo hace tres años.

Griñán asegura en el juicio de la pieza política del ‘caso ERE’ que no conoció el ‘fondo de reptiles’ hasta que comenzó la instrucción judicial a principios de 2011.

El antecesor de Susana Díaz al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía asegura que nunca le trasladaron los reiterados informes en los que el interventor advertía de irregularidades en la gestión de la partida para los ERE.

Sostiene que el mecanismo presupuestario utilizado en Andalucía para pagar las prejubilaciones “existe en todas las administraciones”.

El encausado subraya que la Cámara de Cuentas de Andalucía no puso “tacha” alguna durante 10 años ni al mecanismo utilizado ni a la partida presupuestaria bajo sospecha.

Desmiente al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y dice que el Consejo de Gobierno no podía conocer los destinatarios de los fondos para los ERE.

José Antonio Griñán ha insistido durante su declaración en el juicio del caso ERE en que si no tomó medidas para atajar el presunto fraude fue porque la Intervención General de la Junta de Andalucía no proponía en los informes que actuara en su calidad de consejero de Hacienda. “[El interventor] no apreció circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”, ha planteado.

De esta forma, Griñán ha reiterado el mismo argumento que ya esgrimió cuando declaró como imputado en el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015. Entonces dijo que ninguno de los informes llegó a su conocimiento porque la viceconsejera y también procesada, Carmen Martínez Aguayo, no lo consideró necesario al no proponerse “la actuación del consejero”.

Durante el interrogatorio, el fiscal ha requerido al encausado una explicación por la que no se le dio traslado de los informes en los que el interventor alertaba de irregularidades en la gestión de la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles -como el hecho de que se estuviera prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la concesión de subvenciones- pese a que en la nota de remisión aquél detallaba “expresamente” que se elevara para “conocimiento y traslado al consejero”.

“Cualquier actuación que no pida la intervención del consejero no tiene por qué remitirse”, ha justificado Griñán, quien ha defendido que la Consejería de Hacienda no puede motu proprio hacer una actuación si no está promovida previamente en un expediente concreto”. “Como bien ha dicho la Cámara de Cuentas [de Andalucía], el inspector actuante no elevó el informe de actuación porque la Intervención no apreció circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”, ha añadido.

En su artículo 12.5, el decreto sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía establece que la Intervención General emitirá informe de actuación en el plazo de 15 días si aprecia que los responsables de la gestión controlada no adoptan las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas o en aquellos casos en que se constante circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos. Que no se hubiera emitido tal informe de actuación en relación con las ayudas sociolaborales es el argumento que siempre ha esgrimido Griñán para justificar que no tomara medidas para corregir las deficiencias que de forma reiterada manifestó el interventor durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009).

Griñán asegura que nunca le trasladaron los reiterados informes en los que el interventor advertía de irregularidades en la gestión de la partida para los ERE

Se trata de una cuestión nuclear en el caso ERE que puede determinar las eventuales responsabilidades de diversos altos cargos que se sientan ahora en el banquillo de los acusados. En el auto por el que dio por terminada la instrucción, el juez Álvaro Martín describe como hito cronológico de gran relevancia la fecha del 25 de julio de 2005, cuando la Intervención emitió un informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003 en el que el interventor concluía que se estaba prescindiendo del procedimiento que la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía para la concesión de subvenciones.

“Hasta ese momento, todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del ‘procedimiento específico’ podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefasta consecuencias, de modo que, si bien incurrían en un delito de prevaricación, por ser su conducta del todo contraria a Derecho, cabía la posibilidad de que estuvieran haciéndolo por un mal entendido sentido de atención a los intereses colectivos. Sin embargo, a partir de ese informe, esa posibilidad queda descartada de modo absoluto”, razonó el instructor. Y añadió: “Quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en mano de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera arbitraria y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía”.

José Antonio Griñán ha asegurado que sólo ha tenido conocimiento de esos informes con motivo de la instrucción de la causa judicial, no cuando se emitieron en su etapa de máximo responsable del departamento de Hacienda. “Pregunté, supongo que a la viceconsejera [Martínez Aguayo], y es cuando se me dijo que ninguno de ellos se me había remitido para que actuara el consejero”, ha agregado. El encausado ha reiterado que “en ningún momento” se le dio traslado de los mismos.

El ex presidente andaluz dice que no conoció el ‘fondo de reptiles’ hasta que comenzó la instrucción judicial a principios de 2011

El encausado ha dicho que ignora si su número dos se reunió con el entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, para hablar sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación como sistema para el pago de las ayudas de los ERE y ha sido rotundo a la hora de afirmar que nunca “despachó” con Javier Guerrero, el director general de Trabajo que gestionó la partida 31.L durante la mayor del periodo que se enjuicia.

El interrogatorio al que ha sido sometido por el fiscal también ha girado en parte sobre el conocimiento que tenía de la partida presupuestaria 31.L, bautizada como fondo de reptiles por el ex director general de Empleo Javier Guerrero cuando declaró como testigo ante la Policía en diciembre de 2010. José Antonio Griñán ha dicho que “no conoció” dicho programa al que se imputaban las ayudas hasta que comenzó la instrucción judicial y que había comenzado a utilizarse tres años antes de que él regresara al Gobierno andaluz como consejero de Hacienda.

El procesado ha intentado restar importancia a lo que significaba ese programa en relación con el presupuesto de la Consejería de Empleo, puesto que las transferencias para el pago de prejubilaciones representaban tan sólo el 8 % del presupuesto de dicho departamento y el 0,3 % si se comparaba con el de la Junta de Andalucía.

Sostiene que el mecanismo presupuestario utilizado en Andalucía para pagar las prejubilaciones “existe en todas las administraciones”

Durante el interrogatorio practicado durante la sesión matutina, el fiscal también ha incidido en el mecanismo presupuestario utilizado por la Junta de Andalucía durante una década para pagar las ayudas a prejubilados y empresas en crisis: las transferencias de financiación, procedimiento irregular para este fin según la tesis acusatoria. Era la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (Consejería de Empleo) el órgano que concedía las ayudas, pero de la materialización se encargaba el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o su heredera la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a la que le hacía llegar los fondos.

A este respecto, Griñán ha considerado que es un “error” interpretar que la transferencia de financiación es “una forma de gestionar un gasto” y ha defendido que “una cosa es el crédito presupuestario y otra la gestión del gasto”. “No hay ninguna ley que diga que la transferencia de financiación solamente puede ser utilizada para compensar pérdidas. No tendría sentido que un departamento estuviera financiando a una empresa que depende de otro departamento”, ha razonado.

Como ya hizo en el Supremo, ha insistido en que la transferencia de financiación es “un simple mecanismo presupuestario” que existe en todas las administraciones” y que es una figura “inocente” porque “no reconoce ninguna subvención”, dado que el IFA/IDEA se limitaba al pago. En su opinión, lo que está bajo sospecha “históricamente” no es la transferencia de financiación sino la encomienda de gestión, por cuanto siempre se ha considerado que era una forma de huir del Derecho Administrativo.

El encausado subraya que la Cámara de Cuentas no puso “tacha” alguna durante 10 años ni al mecanismo utilizado ni a la partida presupuestaria bajo sospecha

Ha defendido en todo momento la actuación de la Consejería de Hacienda y ha recordado que la gestión del gasto corresponde a los entes correspondientes y el control, a la Intervención. “No era la transferencia de financiación lo que impedía la fiscalización previa, sino la mala ejecución del gasto”, ha dicho Griñán, que ha asegurado que la fiscalización “siempre” se realiza en el reconocimiento y no en el pago.

Para remarcar su exposición, el ex consejero de Hacienda ha llamado la atención sobre el hecho de que la Cámara de Cuentas de Andalucía no hizo “tacha” de ilegalidad alguna al programa presupuestario 31.L entre los ejercicios 2000 y 2010. “La fiscalización externa tampoco hizo reproche al mismo”, enfatizó.

Griñán ha remarcado que fue el Consejo de Gobierno que él presidió el que, en febrero de 2011, solicitó a la Cámara de Cuentas de Andalucía la fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010, después de que ya se hubieran trascendido algunas irregularidades.

A preguntas del fiscal, que se ha extendido en total durante cuatro horas, Griñán ha asegurado desconocer por qué el director general de Trabajo enviaba cartas a las aseguradoras informándoles de la adjudicación de pólizas prejubilaciones que iba a financiar la Junta de Andalucía y que repercutieran gastos de una determinada mediadora. “Nunca he gestionado nada como eso, no tengo ni idea”, ha respondido.

“No hay malversación”

El Ministerio Público ha cerrado su interrogatorio reiterándole que si se ratificaba en la declaración que prestó en el Tribunal Supremo hace tres años. Griñán ha respondido que, más allá de que hubiera podido equivocarse en alguna fecha y con el conocimiento de la causa que tenía en aquel momento, lo que dijo es “coherente con lo que pensaba”. Y ha subrayado que el magistrado instructor del alto tribunal ya mantuvo que “no hay malversación”, uno de los dos delitos por los que está siendo enjuiciado y por el que la Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de seis años de prisión.

Terminado el turno del fiscal, ha sido el abogado de Griñán quien lo ha interrogado. Con sus preguntas, el letrado José María Mohedano ha tratado de apuntalar la independencia con la que trabajó siempre el interventor durante la etapa en que su representado estuvo al frente de la Consejería de Hacienda y que éste nunca recibió informe de actuación por parte de la Intervención General de la Junta.

José Antonio Griñán también ha defendido que, en todos los ejercicios en los que él fue máximo responsable de Hacienda en Andalucía, la partida 31.L se liquidó -con la fiscalización de la Cámara de Cuentas- sin que presentara déficit.

Griñán desmiente al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y dice que el Consejo de Gobierno no podía conocer los destinatarios del fondo para los ERE

La defensa ha insistido en este extremo después de que el fiscal le hubiera preguntado a su representado si tuvo conocimiento de que la Intervención había retenido créditos por exceder los compromisos de ayudas asumidos por la Consejería de Empleo la disponibilidad presupuestaria. Griñán no sólo ha negado que se hubiera producido algún agujero sino que ha mantenido que el gasto comprometido y las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 31.L “fueron inferiores a los créditos” todos los años en los que él estuvo al frente de Hacienda

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, sólo ha formulado una pregunta con la pretendía someter a contradicción lo que había afirmado en el juicio el ex consejero de Empleo Antonio Fernández sobre el conocimiento que tenía el presidente de la Junta de Andalucía y el resto de consejeros sobre el funcionamiento de la partida 31.L.

Chaves, el próximo lunes

En este sentido, Griñán ha afirmado que en la ficha presupuestaria se detallaba el importe del crédito asignado, el destino (materialización de ayudas sociolaborales) y el órgano gestor (Dirección General de Trabajo y Seguridad Social), pero no los destinatarios. “Ningún miembro del Gobierno puede conocer la ejecución presupuestaria que hace cualquier órgano de la Administración”, ha afirmado.

Las declaraciones de los procesados en la pieza política del caso ERE terminarán el próximo lunes con la del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, para el que la Fiscalía pide una pena de 10 años de inhabilitación como presunto autor de un delito de prevaricación.