El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha emitido un comunicado este viernes en el que reprocha la actitud de los cargos políticos que en las últimas horas han arremetido contra la Audiencia Provincial de Navarra por condenar a los cinco miembros de ‘La Manada’ a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por agresión sexual.

“Todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión”, asegura Lesmes en su escrito. Sin embargo, “cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos”.

Tras darse a conocer la sentencia contra los miembros de ‘La Manada’ dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, este jueves, la reacción política se produjo en cadena. Pablo Iglesias aseguró que la sentencia era una “vergüenza” y un “asco”. Pedro Sánchez y Albert Rivera también mostraron públicamente su desacuerdo con el fallo de los jueces navarros. Susana Díaz, presidenta de Andalucía, aseguró que “ni comprende ni comparte” la sentencia, y Carles Puigdemont directamente la relacionó en sus redes sociales con la “cultura violenta” del Estado.

También las alcaldesas de Madrid y Barcelona se unieron a las críticas: “Las sentencias judiciales pueden y deben ser criticadas y los jueces no pueden estar aislados de la sociedad. Esta sentencia no responde a las exigencias de justicia de las mujeres y espero que sea revocada por el Tribunal Supremo”, ha dicho Manuela Carmena. “Hermana yo sí te creo, y me indigna que tras la violencia de una violación múltiple debas sufrir la violencia de una justicia patriarcal”, agregó Ada Colau.

Los elementos de prueba y la jurisprudencia son los únicos criterios a los que están sometidos los jueces’, defiende Lesmes

“El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido con la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación”, defiende Lesmes. “Son estos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, continúa.

El razonamiento del tribunal

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra encontraron a los cinco acusados de ‘La Manada’ culpables de un delito de abuso sexual y no de agresión sexual, un tipo que según el Código Penal requiere de violencia efectiva y de intimidación explícita por parte del agresor, sin necesidad de que la intimidación sea irresistible para la víctima ni de que ésta ofrezca una resistencia activa, según dicta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En su lugar, los jueces apreciaron que lo que se produjo fue prevalimiento, consistente en la doblegación de la voluntad por medio de una superioridad manifiesta, sin amenaza explícita ni violencia efectiva. El agravante de la práctica en grupo del abuso situó las penas en nueve años, en el escalón más alto que permite el tipo de abuso.

Contra la sentencia no se han manifestado sólo políticos. En la tarde del jueves se produjeron numerosas movilizaciones frente a sedes del ministerio de Justicia en toda España, con epicentro en Madrid. En la plataforma online Change.org se han recogido ya más de un millón de firmas por la “inhabilitación” de los jueces encargados de emitir la sentencia.