Fue un proceso judicial y de investigación parlamentaria que dividió sobremanera a PNV y PSE, hoy socios de Gobierno en Euskadi, en tiempos de Patxi López. El denominado ‘caso Margüello’, que ha sentado en el banquillo de los acusados a tres ex altos cargos del PNV y a una cuarta acusada, ha quedado hoy visto para sentencia. La Fiscalía ha ratificado su petición de penas de hasta 11 años de prisión para tres de los acusados y 6,5 años para el cuarto.

Una causa en la que también ha estado personado el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pero que, siguiendo la tónica de distancia y falta de acusación mantenida durante todo el juicio, finalmente ha optado por renunciar a ejercer la acción civil y a reclamar un resarcimiento económico por el posible daño ocasionado con la presunta adjudicación de contratos públicos de modo irregular a empresas relacionadas con los acusados. El abogado del Gobierno vasco, Javier Otaola, considera que no ha sido acreditado un perjuicio de modo “cierto y efectivo” sino únicamente “hipotético”. Pese a ello no renuncia a cobrar la posible cantidad que imponga el tribunal a los acusados y que la Fisalía ha cuantificado en 6,8 millones de euros- a abonar de modo solidario, a excepción de uno de los acusados, al que se limita su responsabilidad soldaria a 1,9 millones-, el importe de los dos contratos supuestamente irregulares.

La Fiscalía ha sido finalmente la única que ha presentado peticiones de condena. Las defensas por su parte han intentado desvirtuar el proceso situando las acusaciones en una suerte de venganza “política” que ha llevado a un procedimiento “inquisitorial” que habría iniciado el Gobierno de Patxi López hacia el PNV cuando accedió al Ejecutivo vasco en mayo de 2009.

La defensa asegura que el ‘caso Margüello’ responde a una venganza por un proceso sanitario que condenó a cargos del PSE en 1998

El alegato más duro lo ha protagonizado el abogado de tres de los acusados, Javier Beramendi, quien tras pedir la absolución para los acusados ha asegurado que sus representados son víctimas de un “procedimiento inquisitorial” cuyo origen ha situado en “una lucha política antigua”. El abogado se refería a la condena a altos cargos sanitarios del PSE ocurrida en 1998 por un delito de fraude en unas oposiciones del servicio vasco de salud por haber beneficiado a candidatos afines al PSE y a la UGT. Condenados que posteriormente fueron indultados por Zapatero. Ha asegurado que el juicio que hoy ha concluido en la Audiencia de Vizcaya y, que afecta a ex altos cargos con Ibarretxe, es un modo de cobrarse “en plato frío” aquel proceso. El abogado ha instado al tribunal a que “ponga fin a este calvario” y al “ataque frontal” que han padecido los cuatro acusados después de que en su opinión durante las sesiones del juicio “nada se ha podido probar”·

Fue «una pelea política»

El otro de los abogados de la defensa de uno de los acusados también ha situado en un contexto de ajuste de cuentas políticas entre formaciones el caso, “había una pelea política, eso es lo que tuvimos, nada más”. En su última intervención ha subrayado que el proceso abierto y de cuyo primer indicio son diversas informaciones periodísticas, “cuando llegó el nuevo gobierno lo quiso explotar”. Ha añadido que no se entiende que desde algunos medios y formaciones se hablara de “una teoría oscura en la que corría el dinero de una trama oscura”, cuando en el nuevo Gobierno de López “se enteró por la prensa de ella”.

Las informaciones periodistas que destaparon este caso saltaron apenas unos días después de que el Ejecutivo de López accediera a Ajuria Enea. En ellas se revelaba que empresas vinculadas con uno de los acusados, el doctor José Carlos Margüello, funcionario de la sanidad pública, habrían recibido de modo presuntamente irregular contratos para prestar servicios en la red pública. Adjudicaciones que iban destinadas fundamentalmente a la gestión de las listas de espera mediante una de sus empresas que actuaba como intermediaria para la derivación de pacientes. Tanto el Parlamento Vasco como el Tribunal Vasco de Cuantas Públicas y ahora la Fiscalía han considerado suficientemente acreditadas que se produjeron numerosas irregularidades para beneficiar a sus empresas.

El Gobierno vasco retira la petición de resarcimiento al considerar que no se ha acreditado un perjuicio «cierto y efectivo»

El fiscal, José Manuel Ortiz, ha justificado su petición de cárcel para los cuatro acusados al dar por demostrado que actuaron de forma coordinada para lucrarse mediante la adjudicación de contratos sanitarios. El procedimiento se basaba fundamentalmente en la creación de una empresa, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que según el Ministerio fiscal fue autorizada de modo irregular, y que pese a carecer de medios propios y experiencia sólo unos meses después de su creación se le concedió un contrato millonario para gestionar las listas de espera de la sanidad pública vasca. Un procedimiento de gestión con intermediación hasta entonces desconocido y que no se ha vuelto a emplear.

El fiscal mantiene la petición de pena inicial de entre 6 y 11 años de prisión, si bien plantea una petición alternativa, con penas entre 5 y 6 años de cárcel -si los delitos de malversación en las dos adjudicaciones millonarias son considerados de modo unitaria dentro de una actuación global y no como dos delitos diferenciados-. Los hechos por los que se ha juzgado a José Carlos Margüello, su socia, Maria Nieves Fernández, acusada de actuar como testaferro en la sociedad Gestión XXI, el entonces director de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga y el viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, se remontan al periodo 2006-2009, los tres años anteriores a la pérdida del Gobierno por parte del PNV u la posterior llevada de la  legislatura de Patxi López.

«Ante todo», beneficiar a Margüello

En su alegato final el fiscal ha considerado acreditado durante el juicio que los acusados cometieron delitos de malversación, fraude, prevaricación y negociaciones prohibidas para los funcionarios. Ha asegurado que se ha demostrado que el doctor Margüello ejercía de algo más que de mero asesor de la empresa, como el afirmó, que intermediaba con las listas de espera de la sanidad pública. Para el Fiscal el facultativo, que poseía amplios poderes en Gestión XXI era “quien realmente gestionaba” la mercantil y quien de hecho firmó gracias a “sus poderes amplios” el contrato con la clínica a la que derivaron los pacientes. En este punto ha señalado que su socia, María Nieves Fernández no ha podido demostrar que ejerciera como administradora real de la misma ni su currículum y trayectoria profesional avalarían formación y experiencia para ello. También ha cuestionado que Gestión XXI formalizara contratos con médicos.

El Fiscal cree probado que Margüello fue quien realmente estuvo al frente de la empresa que gestionó las listas de espera

El Ministerio Fiscal ha asegurado que los cuatro acusados buscaron en todo momento beneficiar “ante todo” a las empresas de Margüello y que a tal fin actuaron tanto para proceder a la autorización de la mercantil como empresa sanitaria como en la adjudicación de los contratos posteriores. Ha apuntado que pese a las resistencias a autorizarla mostrada y acreditada por varios técnicos, los implicados actuaron para llevar la operación a buen puerto y al margen del procedimiento establecido. La búsqueda de informes “que fueran favorables” sólo pretendía, ha dicho, “cubrirse en el caso de que surgieran problemas”·

También ha recordado que la fórmula de intermediación que se acordó para gestionar las listas de espera y la elección de Gestión XXI, una empresa de nueva creación, “no aportó nada” al proceso, tal y como aseguraron varios de los testigos de la acusación. Todos ellos aseguraron que la misma gestión se podría haber formalizado con una contratación directa entre la Administración y los hospitales de la red privada, como se había hecho antes y se siguió haciendo después. “Este es un artificio más complejo que quedarse con dinero público, por eso se disfraza poniendo un intermediario”, ha señalado.

Para la Fiscalía ha quedado acreditado que no todos los recursos que se destinaban desde la sanidad pública a la derivación de pacientes se dedicada a servicios sanitarios, “una parte se quedaba en la empresa del señor Margüello”, ha dicho. Ha recordado que la propia clínica con la que Gestión XXI trabajaba reconoció en el juicio que se le abonan cantidades “exiguas” por los proceso médicos que concertaba con la mercantil de facultativo.