El escándalo del máster de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha cobrado la dimisión de la ya ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes; pero continúa su periplo judicial en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, que este jueves ha imputado a la profesora Cecilia Rosado -quien presuntamente fabricó el acta falsificada de Cifuentes- y a la funcionaria Amalia Calonge -quien en 2014 habría cambiado un No Presentado y un No Calificado de la ex presidenta por dos Notables-. Pero la jueza también ha citado a declarar a cinco testigos de la universidad. Y uno de ellos puede dar un vuelco al asunto.

Se trata de José Antonio Lobato Moreno, responsable administrativo de posgrados y títulos propios de la URJC. Según las fuentes consultadas, Lobato Moreno es el primero en informar al rector Javier Ramos y a su equipo el pasado 21 de marzo a raíz de la revelación de eldiario.es que el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta madrileña no existe. Hasta ayer el nombre de Lobato Moreno, responsable último de cualquier intendencia relativa a los másteres, no había aparecido en los medios.

El responsable de posgrados informa al rectorado el 21 de marzo que el acta no existe

De acuerdo con la versión recabada, que no ha sido confirmada ni negada por la universidad, lo primero que hace el equipo rectoral es contactar con el área de Posgrado, a cargo del vicerrector José María Álvarez Monzoncillo. En una breve conversación telefónica, Álvarez Monzoncillo ha negado que el rector se dirigiera a él. “A mi nadie me pidió nada. Si el rectorado contactó con el servicio de posgrado para preguntar por el acta, no fue a través de mi”, declara el vicerrector.

Sea como fuere, la noticia “Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas” se publica a las 6.50 horas del 21 de marzo. Y la primera decisión del equipo de gobierno es reclamar al área correspondiente el acta de la defensa del TFM: el servicio de Posgrados y Títulos Propios.

Lobato Moreno es citado por esa razón como testigo, según varias fuentes

A Ramos se le notifica que no hay constancia de tal acta, una información que, aseguran los consultados, corre a cargo de José Antonio Lobato Moreno. “Por eso la jueza lo cita como testigo”, agregan. En definitiva, el rectorado ya sabe el 21 de marzo desde primera hora de la mañana que la prueba oficial de que Cifuentes defendió exitosamente el máster (con una calificación de 7,5) no aparece por ninguna parte.

Una vez informado, el rector habría empezado a tirar del hilo. Y llega a la pista del Instituto de Derecho Público que dirige Enrique Álvarez Conde, a la sazón director del inexistente trabajo final de máster de Cifuentes. Tal es el trasiego que se vive en esos momentos, que la reunión del gabinete de crisis tiene lugar más de seis horas después de publicarse la noticia, a la una de la tarde. El nombre de Álvarez Conde no aparece en el primer artículo de eldiario.es.

Durante la primera rueda de prensa el rector ya sabe que el acta del TFM no aparece

Acuden diez personas al gabinete de crisis: el rector, el vicerrector de Comunicación Carles Marín, el de planificación Andrés Martínez y el ya mencionado Álvarez Monzoncillo; también están el dircom Pep Roure, la funcionaria Calonge, el delegado del rector para centros adscritos y títulos propios de la universidad, Jorge Urosa, el profesor Pablo Chico de la Cámara (cuya asignatura fue una de las que cambió a favor de Cifuentes), Maite Feito, amiga de Cifuentes y asesora de la consejería de Educación. Y Enrique Álvarez Conde, hoy apartado de sus funciones y que amenaza con “tirar de la manta”.

Media hora después, a las 13.30 horas, se convoca la ya famosa rueda de prensa en la que Álvarez Conde, Chico de la Cámara y el rector Javier Ramos aducen “un error de transcripción” en las notas de la entonces presidenta. Ramos ya sabe que el acta del TFM no está depositada en los archivos oficiales de la URJC: se lo ha dicho su propio servicio de Posgrado. Asevera en público que Cifuentes se presentó a todas las asignaturas y defendió su Trabajo de Final de Máster en julio de 2012 ante un tribunal, “conforme a la normativa vigente”.

La URJC es un bloque monolítico hasta que se revela la falsificación de firmas

Esa medianoche, Cristina Cifuentes se graba un vídeo muy cacareado con un acta de la mano y lo sube a Twitter: “A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta”. Al día siguiente la Universidad Rey Juan Carlos anuncia una investigación, un procedimiento administrativo denominado “Información Reservada”. Durante días, todo el equipo docente -no solo el rectorado- actúa al unísono, como un bloque monolítico.

El bloque se rompe el 4 de abril, cuando El Confidencial revela que dos de las tres firmas del acta del TFM que la presidenta regional blandió a través de Periscope habían sido falsificadas. A partir de entonces estalla la guerra: el 5 de abril, una de las tres profesoras declara al proceso de información reservada abierto por la URJC que su firma ha sido falsificada. La mañana del 6 de abril, Álvarez Conde reconoce ante Carlos Alsina en Onda Cero que él reconstruye el acta con firmas falsas por orden del rector. Y ese mismo día por la tarde el propio rector da una rueda de prensa en la que rebate la versión del director del máster. “La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa”, clama Ramos.

La institución solo ha actuado contra los supuestos filtradores del escándalo

“Difícilmente Álvarez Conde pudo fabricar un acta a espaldas del rector”, apuntan conocedores de los entresijos, “puesto que Javier Ramos ya había sido informado por la propia universidad de que no había documento alguno que probase que Cifuentes se examinó ante un tribunal”.

Quién ordenó manipular el acta es la pregunta que desde hace un mes sobrevuela la universidad del sur de Madrid. Y José Antonio Lobato Moreno podría confirmar si, como responsable burocrático de los títulos de posgrado, él informó al rectorado de la ausencia de pruebas. Hasta el momento, la jueza y la URJC siguen caminos completamente distintos; mientras la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 51 trata de esclarecer la falsificación de firmas del 21 de marzo, la Rey Juan Carlos solo ha actuado contra los supuestos filtradores, a los que ha expedientado: contra un profesor y contra la ex gerente María Teresa Sánchez Magdaleno, despedida la víspera de saltar la noticia. Ambas actuaciones fueron adelantadas por El Independiente.

Además, el procedimiento interno abierto entre finales de marzo y principios de abril por la URJC nunca citó a Álvarez Conde. Y la Defensora Universitaria de esta institución no ha adoptado ninguna medida tras el escándalo.

Otros cuatro testigos

Lobato Moreno, al que este medio ha tratado de contactar por correo electrónico, testificará ante la jueza junto a la jefa del Servicio de Inspección de la URJC, Pilar Trinidad Núñez; las profesoras que supuestamente integraban el tribunal del TFM y cuya firma fue falsificada, Clara Souto y Alicia López de los Mozos; y Sergio Pulido, marido de esta última.