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Imputada la profesora de la URJC que falsificó el acta del máster de Cifuentes

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Imputada la profesora de la URJC que falsificó el acta del máster de Cifuentes
La ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes

La ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes EFE

Resumen:

La juez que investiga la presunta falsedad en el máster de Cristina Cifuentes ha citado a declarar como investigada a Cecilia Rosado, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que presuntamente fabricó el acta que acreditaría que la ex presidenta madrileña defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM). La instructora también ha llamado al procedimiento en calidad de imputada a Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las dos calificaciones que inicialmente figuraban en el expediente de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid como ‘no presentada’ y en las que finalmente le constaban sendos notables.

En una resolución conocida este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid amplía así la causa incoada a raíz de la denuncia interpuesta por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza, quien mantiene que nunca intervino en la convalidación de asignaturas y que su firma ha sido falsificada.

Rosado y Calonge engrosan la lista de investigados en esta causa, en la que ya figuraba el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde. Éste era el director del organismo de la URJC que impartió el curso de posgrado -el Instituto de Derecho Público, a cuyo frente se encontraba desde su creación a finales de 2001 y del que ha sido suspedido cautelarmente tras estallar el escándalo- y fue el tutor del TFM de Cristina Cifuentes.

Ambas tendrán que declarar acompañadas de abogado el próximo 10 de mayo, día en que han sido citados cinco testigos. Se trata, en concreto, de las otras dos profesoras que supuestamente integraban el tribunal del TFM -Alicia López de los Mozos y Clara Souto-; la jefa del Servicio de Inspección de la URJC, Pilar Trinidad Núñez; el responsable de la Unidad de Posgrado y Títulos Propios, José Antonio Lobato Moreno, y Sergio Pulido.

Rosado figuraba como secretaria del tribunal ante el que supuestamente defendió la alumna María Cristina Cifuentes Cuencas su Trabajo Fin de Máster a primera hora de la tarde del 2 de julio de 2012. Y fue presuntamente la persona que, siguiendo instrucciones del catedrático Álvarez Conde, habría fabricado el acta de dicho acto administrativo.

La instructora también cita como investigada a la funcionaria de la Universidad que modificó las dos notas de Cifuentes en las que aparecía como ‘no presentada’

Según la versión del director del máster, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, le pidió el trabajo el día que saltó el escándalo y, al contestarle que no lo tenía porque la normativa «exige que se destruyan a los dos años», le espetó que hacía falta un documento. «Hay que reconstruirlo’, me dijo. Intentamos reconstruir una hipotética acta, fue hecha por otra de mis discípulas, y se la enviamos por la tarde», declaró Álvarez Conde a Onda Cero.

El rector mantiene que, el día que se publicó que se habían falsificado las notas de dos asignaturas en el expediente de Cifuentes, se reunió con la funcionaria que había modificado las calificaciones de ‘no presentada’ a 7.5 (Amalia Calonge) y con los catedráticos de las dos materias afectadas: Enrique Álvarez Conde (tutor del TFM) y Pablo Chico de la Cámara (Financiación de las comunidades autónomas y entidades locales). «Ambos profesores me aseguraron que Cristina Cifuentes había superado las asignaturas y que ellos habían solicitado la modificación de las calificaciones», explicó.

Versiones contradictorias

Javier Ramos sostiene que habló telefónicamente con la profesora que supuestamente ejerció como secretaria en el tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes, Cecilia Rosado, y que ésta le aseguró que la defensa había tenido lugar y que así se lo habían «ratificado» a ella también las otras dos profesoras intervinientes (teóricamente Alicia López de los Mozos y Clara Souto).

Para aclarar las irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid será determinante el testimonio de López de los Mozos y Clara Souto, la profesoras que figuran como presidenta y vocal en dicho acta. Bajo obligación de decir verdad al tener la condición procesal de testigos, las docentes declararán con total seguridad que sus firmas no son las que figuran en dicho documento y que no formaron parte de ningún tribunal que examinó a Cifuentes. Ésta mantiene que lo hizo en el campus de Vicálvaro y que la defensa duró unos 15 minutos, sin que 40 días después de que se conociera el caso haya podido presentar el trabajo que acredite que sí lo elaboró.

López de los Mozos ya se manifiestó en esos términos cuando declaró el pasado 5 de abril ante la comisión interna constituida tras la apertura de un procedimiento de información reservada. Su testimonio fue determinante para que el rector pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que se ha inhibido tras admitirse a trámite la denuncia presentada por la catedrática Ángela Figueruelo.

Álvarez Conde ejercía una relación de superioridad sobre Cecilia Rosado, una de sus «discípulas» en el área de Derecho Constitucional. El catedrático fue el director de su tesis, titulada Las declaraciones de derechos en los Estatutos de Autonomía y defendida el 6 de abril de 2010 ante un tribunal del que formó parte la catedrática que con su denuncia ha dado pie a su imputación. Junto a Ángela Figueruelo, los examinadores fueron Pedro José González-Trevijano (presidente), Ascensión Elvira Perales (secretaria) y Luca Mezzetti y Juan Cano Bueso como vocales.

Versiones contradictorias

Con su imputación, la juez también pone el foco sobre Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las dos calificaciones que constaban en el expediente de Cifuentes en un principio como ‘no presentada’. Según la versión inicial defendida por Ramos y los profesores de las dos asignaturas concernidas, la entonces Delegada del Gobierno en Madrid sí superó ambas materias y un «error de transcripción» hizo que aparecieran como no superada.

De ese error no se tuvo constancia hasta octubre de 2014, a raíz de que Cifuentes se dirigiera a la secretaría de esta universidad pública madrileña para que le expidieran el título que acredita su condición de máster en ‘Derecho Público del Estado Autonómico’.

A la espera de que se produzcan las primeras declaraciones, el juzgado ha solicitado al Instituto de Derecho Público de la URJC que remita antes del 5 de junio los originales de las actas extendidas en Madrid el 24 de mayo de 2012 correspondientes a la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de’ Derecho Público del Estado Autonómico’ para la convalidación de las tres asignaturas objeto del procedimiento penal en curso; la documentación administrativa correspondiente a la participación de Ángela Figueruelo Burrieza en el citado curso de posgrado, el listado de los alumnos que cursaron el máster y copia del expediente académico de todos los estudiantes de dicha promoción.

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