El pueblo contra los jueces

"El pueblo contra los jueces". Esta es la sensación que habita en parte de la Carrera Judicial tras la polémica surgida por el fallo condenatorio a los miembros de 'La Manada'; una sentencia que ha levantado ampollas en la sociedad y ha conseguido que se convoquen multitudinarias manifestaciones en diferentes puntos de España clamando contra lo acordado por los jueces de la Audiencia de Navarra, especialmente, contra el magistrado Ricardo González, autor de un controvertido voto particular.

El 'divorcio' entre los ciudadanos y la Judicatura parece más latente que nunca ya que la mayoría de la sociedad no ha logrado comprender cómo el hecho de que cinco hombres abusen en un portal de una joven de 18 años durante una noche de las fiestas de los Sanfermines, en Pamplona, y la obliguen a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, no es una agresión sexual, es decir, una violación.

Lo cierto es que este fallo ha puesto en el disparadero a los togados de nuestro país que se han sentido en gran medida atacados por la respuesta ciudadana a la sentencia de 'La Manada'. “En estos momentos existe una enorme preocupación en el colectivo judicial por lo que está pasando: reacciones airadas contra las sentencias, políticos que irresponsablemente las critican y vierten infundios sin concretar; medios de comunicación que se ceban sobre los que consideran responsables, etc. Creo que muchos jueces -no sabría decir si la gran mayoría- están además de muy preocupados, muy decepcionados, porque estos hechos se están produciendo en un momento en el que se esperan muchas otras respuestas, en orden a mejorar sus condiciones de trabajo y la eficacia y modernización de la justicia, que no se están dando”, declara un magistrado de la Audiencia Nacional en conversación con El Independiente.

"Los jueces no estamos en otra esfera. Por un número insignificante de resoluciones criticadas -dentro de los casi seis millones de sentencias dictadas al año- no puede afirmarse que exista ese divorcio. Estamos al servicio de la sociedad. Sin esa instancia no podríamos hablar de convivencia civilizada", recalca sobre este aspecto Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Mayoritaria de la Magistratura (APM) quien añade que "se han producido muchas críticas injustificadas, y en ocasiones se ha llegado a traspasar el respeto a la persona, máxime ante una sentencia que -tenemos que recordarlo una vez más- no es firme".

"En este caso, se han podido cometer algunos errores que han influido en ese distanciamiento, en esa sensación de rechazo social: la falta de publicidad del juicio; la composición del tribunal; la tardanza en dictar la sentencia que ha ido alimentando todo tipo de rumores; y, sobre todo, la falta de pedagogía, de explicación de la sentencia: se publicó la sentencia y nadie dio una explicación de la misma, por lo que se dejó al socaire de la respuesta popular", apunta además un miembro de órgano de gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes como punto de partida de la polémica surgida.

¿Retroceso social?

Tras estos hechos subyace un debate de hondo calado: ¿estamos ante una situación de retroceso social?; ¿está en boga el 'populismo judicial'? En opinión de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que prefiere no desvelar su identidad, claramente sí. "Vivimos un momento social donde corremos el peligro de volver a los tiempos donde el pueblo era el justiciero y dictaminaba quiénes eran inocentes y quiénes culpables. Se aplauden condenas ejemplarizantes y no sentencias donde se aplique el derecho. Son años y años de retroceso. Hay que poner coto a eso”.

Sobre esta cuestión, desde la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JpD), su portavoz Ignacio González, explica que “vivimos un momento de gran sensibilidad de las cuestiones de género motivado por la constante frustración de expectativas de la igualdad real y la pervivencia de un machismo tan arraigado en la sociedad. Esto explica las airadas y pasionales reacciones que ha suscitado la sentencia. Nosotros, como jueces, tenemos que hacer un análisis más sosegado y prudente porque sabemos lo extraordinariamente difícil que es la labor de juzgar en casos como el que nos ocupa.”

Populismo judicial

Además, en opinión del magistrado del Tribunal Supremo, José Luis Requero, “sí hay que poner coto al populismo ciudadano que reclama al juez que actué al margen del derecho, así como al populismo del propio juez que resuelve según sentimientos personales, intereses ideológicos o para ganarse el aplauso público”.

"Las decisiones judiciales no pueden ser ejemplarizantes. No son un castigo concebido como escarmiento público. Lo que ocurre es que en los casos de gran repercusión se va formando un juicio paralelo al técnico-jurídico que dicta una sentencia anticipada. Cuando el resultado judicial (con todas las garantías que todo ciudadano ve amparadas en la Constitución) no coincide con ese fallo anticipado se desatan las críticas. La crítica, por supuesto, es admisible. Pero lo que no es bueno en una sociedad democrática es que traspasen la confianza en las instituciones, ni que se llegue a la descalificación insultante", subraya el portavoz de la APM. “Como decía el jurista alemán Radbruch, hay que buscar no un mejor derecho penal sino algo mejor que el derecho penal. Hoy por hoy el derecho penal parece haberse convertido en la única ratio”, añaden desde JpD.

Asimismo, en conversación con este medio, un vocal del Consejo General del Poder Judicial enfatiza en que "las condenas deben ser las que señala la ley: ni ejemplarizantes, ni no ejemplarizantes. No hay mayor ejemplo, ni mejor ejemplo, que el cumplimiento de la ley: lo que la ley marque, nos guste o no; guste a las redes sociales o no; guste a la opinión pública o publicada o no".

En esta misma línea de argumentación, la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, pone de relieve que "el juez en España se encuentra compelido por la ley, no dicta sentencia para agradar a la opinión pública sino de acuerdo con el derecho aplicable y el caso concreto. Lo hace de acuerdo con el mandato que emite cuando jura su cargo de lealtad a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico. La Justicia debe estar lejos de presiones sociales y políticas".

Reforma del Código Penal

Tras conocerse la sentencia de 'La Manada', el Gobierno anunció que se revisaría el capítulo del Código Penal dedicado a los delitos sexuales. Sobre esta cuestión también hemos preguntado a los juristas consultados quienes de forma mayoritaria consideran que “no es el momento” de legislar en caliente. “No estamos ante un problema de legislación deficiente, sino de valoración de las pruebas, luego de acertada o desacertada valoración de las mismas y de la aplicación de la jurisprudencia, acertada o no. Sería un error hacer una reforma desde postulados populistas que trajese como efecto  no un castigo, sino que generase rencor y, a la postre, más violencia”, sostiene por ejemplo el magistrado José Luis Requero.

Por su parte, desde FJI, Rodríguez pone de manifiesto que "no se puede legislar en caliente o por un caso grave que haya sucedido. La política criminal debe ser siempre a largo plazo. Lo otro solo sirve para obtener más votos, pero no para desarrollar una adecuada política desde el punto de vista jurídico penal. Esta estudiado que endureciendo el Código Penal o ampliando los tipos penales no disminuye el número de delitos, al contrario, crecen.". Sin embargo, esta magistrada, líder asociativa, sí que está a favor de reformar los delitos sexuales tipificados en el Código Penal ya que "que todos estos tipos penales del Código Penal de 1995, los artículos 178,179 y 180 han tenido en ocasiones problemas de interpretación" unido a que "las normas se tienen que adaptar a la realidad social y esta es cambiante, no obstante, no es bueno legislar en caliente".

En esta misma línea, el magistrado González, portavoz de JpD, considera que “tras un debate sosegado y sereno, lejos del apasionamiento de estos días, quizás sea conveniente una revisión de los delitos sexuales para tratar de esclarecer por una parte el concepto de intimidación, y valorar si procede incluir como agresión sexual aquellos accesos carnales en los que el consentimiento no es válido”.