El Ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que el Gobierno «actuará exactamente igual» que hasta ahora con el Gobierno de la Generalitat. «No pueden tener duda de cómo actuaremos en caso de incumplimiento» de la ley por parte del nuevo ejecutivo catalán que salga de la investidura de Quim Torra, aunque en ningún momento ha querido decir explícitamente que volverían a aplicar el 155 a pesar de la insistencia de la prensa. Sin querer «especular sobre hipótesis», no se ha movido del mensaje de que Moncloa «no dudará en actuar con firmeza si se produce una situación igual».

En vísperas del debate de investidura en el Parlament del candidato escogido por Carles Puigdemont, el «hiperventilado» Quim Torra, cuyo nombre no ha sido bien recibido por el ejecutivo central, ha recordado que, a pesar de las palabras del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el 155 «está vigente hasta que haya un gobierno que tome posesión del cargo» y que así fue aprobado por el Senado con el apoyo, entre otros de Cs, formación a la que se ha referido hasta en tres ocasiones por sus siglas y no por su nombre completo.

Espera que Torra «valore el riesgo de las cosas que hace y dice»

«Hay un candidato propuesto por un señor fugado en Berlín. Tenía que ser un candidato viable, dentro de la ley, y en todas las ocasiones que no cumplía las condiciones, se recurría a los tribunales. El candidato tiene que cumplir con los requisitos que exige la ley para ser investido, esperaremos a ver que sucede», ha explicado el portavoz gubernamental. Méndez de Vigo ha recordado que Torra fue vendedor de seguros para argumentar que éste debe valorar «el riesgo de las cosas que dice y hace y espero que lo haga».

Tras apelar a que el Ejecutivo «actúa con fimerza y serenidad y no deja que nadie se salte la ley», ha acusado a Ciudadanos de decir «muchas cosas en estos meses», para pasar a pedir a continuación a todos los grupos «unidad, responsabilidad y madurez» para hacer frente quienes quieren saltarse la ley.

Voto delegado de Puigdemont

Respecto a si se arrepienten de no haber recurrido ante el Tribunal Constitucional el voto delegado de Carles Puigdemont y de Antonio Comín, ha reiterado que el Gobierno «actúa en el marco de la ley y era dudosa su legitimación procesal porque era una cuestión interna del Parlament», que correspondía recurrir a los grupos.