El ex ministro del Partido Popular Eduardo Zaplana escondió el botín “millonario” que presuntamente obtuvo por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002) en Uruguay, según informan fuentes de la investigación a El Independiente.

De hecho, las pesquisas que han dado lugar este martes a la denominada ‘operación Erial’ se centran en dicho país en estos momentos donde ya hay cursada una Comisión Rogatoria por parte de las autoridades judiciales españolas. La investigación abierta contra Zaplana, que se encuentra en un estado incipiente, ha acabado con su detención por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tratan de determinar la cuantía exacta de la fortuna amasada de manera supuestamente ilegal por Zaplana que se cifra en “varios millones de euros”. La cifra del total de ‘mordidas’ cobradas en esta causa de corrupción por varios investigados ronda los diez millones aproximadamente, apuntan las fuentes consultadas.

El ex ministro de Aznar ha sido detenido a primera hora de este martes en Valencia por orden del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.

Repatrió los fondos

Entre los detenidos se encuentran también el jefe de gabinete del ex presidente valenciano, Juan Francisco García; dos sobrinos del ex presidente de las Cortes valencianas y ex director general de la Policía Juan Cotino, Vicente y José Cotino; el director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y su mujer, Felisa López. En total, la investigación se extenderá a 15 personas, entre ellas el propio Juan Cotino. La operación continúa abierta y ha sido declarada secreta.

Las diligencias que se están practicando en la capital levantina incluyen el registro de diversos domicilios -entre ellos el del propio ex ministro del PP- en busca de posibles pruebas que apuntalen las sospechas de los agentes, como los paraísos fiscales en los que habría estado escondido el dinero.

Fuentes del caso subrayan que en estos momentos las pesquisas se centran en las supuestas mordidas que Eduardo Zaplana habría obtenido por la adjudicación de contratos como jefe del Ejecutivo valenciano, si bien la operativa de blanqueo -la afloración del dinero- sería reciente.

El Plan Eólico y las ITV

Las sospechas se focalizan en la adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana de 2001 y en la concesión de las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 1997, por lo que agentes de la UCO se han personado en la sede de la Conselleria de Economía reclamando los expedientes administrativos relativas a ambos contratos.

En el caso del citado plan energético, fue un proyecto aprobado por el Ejecutivo regional el 26 de julio de 2001 para regular la instalación de parques eólicos en 15 zonas calificadas como aptas -con una potencia total instalada de 1.695 megavatios con un máximo de 2.720 aerogeneradores- y al que se presentaron 21 compañías. Finalmente, la Conselleria de Industria, Comercio y Energía -siguiendo la propuesta de la comisión de selección- adjudicó potencia a cinco compañías: Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar), Guadalaviar Consorcio Eólico, Proyectos Eólicos Valencianos SA, Nuevas Energías Valencianas SA y Eólica del Levante.

En cuanto a las ITV, el Gobierno de Zaplana privatizó en diciembre de 1997 las estaciones donde se llevan a cabo la revisión, resultando favorecidos diversos empresarios afines y sociedades que tenían conexiones del PP.