La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, experta en terrorismo yihadista, ha sido designada nueva ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. De ideas progresistas, es una de las fiscales más veteranas de la Fiscalía de este órgano donde durante las dos últimas décadas ha luchado sin pausa contra el terrorismo.

Casada, madre de dos hijos, Delgado nació en Madrid en 1962. Es miembro de la Asociación Progresista de Fiscales (UPF) y vocal del Consejo Fiscal desde el pasado mes de abril.

Quienes la conocen la describen como una mujer de ideas claras y altas dotes comunicativas que siempre ha reivindicado mayor independencia en el Ministerio Público y reformas en la Administración de Justicia.

Actualmente, Dolores Delgado era la fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional, aunque en los últimos 25 años también se ha centrado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra. Fue también por un breve plazo de tiempo portavoz de dicha Fiscalía tras la llegada del nuevo fiscal jefe, Jesús Alonso.

Su amistad con Garzón

Colaboradora habitual del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue la fiscal encargada de la operación Temple contra las redes colombianas del narcotráfico, con 34 condenados a casi 500 años de prisión, y Hielo Verde contra una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la que colaboraron las autoridades de España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Costa Rica y Reino Unido.

Su amistad con Garzón llevó a acompañarle al Tribunal Supremo cuando fue juzgado por los crímenes del franquismo, junto con los magistrados Fernando Andreu o Santiago Pedraz, entre otros.

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Dolores Delgado pasó a especializarse en el terrorismo, tanto el de ETA -con el procesamiento de la mesa nacional de Batasuna– como el yihadista, aunque también ha llevado los casos de los militares argentinos Scilingo y Cavallo.

Desde el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011, preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Es firme defensora de la mermada Justicia universal.

En el año 2013, fue la fiscal que se opuso a la extradición a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, tras haber colaborado con la Justicia española a luchar contra los defraudadores fiscales.

De hecho, recientemente se mostró muy crítica con la decisión de la Fiscalía de pedir prisión para al exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios, al ser detenido de nuevo en Madrid.

A su juicio se trataba de los mismo motivos por los que ya se denegó su entrega en 2013, pero ella no intervino en esta nueva reclamación y fue sustituida por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, por orden del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, con el objeto de que este pidiera la prisión para él, petición que rechazó el juez de instrucción.

Con Alonso también mantenía buenas relaciones pero las discrepancias surgidas en torno a los atentados del 17-A en Cataluña, ya que Lola como la llaman sus amigos quería encargarse del asunto, culminaron con su cese en la portavocía a favor de Carballo, que es quien ahora la ostenta.