La política exterior fue, durante el Govern de Carles Puigdemont, la punta de lanza del proceso independentista. Así lo entendió el Gobierno, que se apresuró a «liquidar» esa proyecto -en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría- cerrando el Diplocat y las «embajadas» catalanas. Y así lo ha entendido también el ejecutivo de Quim Torra, que se ha apresurado a recuperar esos organismos. Junto a las embajadas, la recuperación del poder financiero de TV3, para garantizar el mantenimiento de la generosa red de productoras que nutren su programación, han marcado los primeros pasos del nuevo Govern.

Ha sido la tarjeta de presentación de la politica de restitución y recuperación de las estructuras de estado que figura en el frontispicio del programa de Gobierno del nuevo ejecutivo catalán. Si la «restitución» del anterior Govern era imposible por las causas judiciales de sus miembros, la recuperación de las estructuras de estado se ha convertido en objetivo prioritario para desmentir las acusaciones de «autonomismo» que insistentemente les dirige la CUP. Y en este contexto, dos departamentos son claves: Exteriores e Interior.

Exteriores

La recuperación del Diplocat y de las delegaciones más importantes -Londres, Ginebra, Roma, Berlín y Washington- ha sido el primer golpe de efecto del nuevo titular de Acción Exterior y Asuntos Institucionales, Ernest Maragall, que escogió la visita a la delegación en Bruselas -la única que no fue clausurada- como primer acto oficial en su nueva responsabilidad.

Una medida con dos objetivos prioritarios: en primer lugar, dar contenido a la recuperación de las estructuras de estado y reactivar la potente maquinara de propaganda exterior tejida durante los últimos años. Una maquinaria que ahora tiene un segundo objetivo: coordinarse con el «espacio exterior de Bruselas», ese Consejo de la República con el que el independentismo quiere dar sentido a la huida de Carles Puigdemont y cuatro consellers a la capital belga.

Es sintomático, en ese sentido, que dos de las delegaciones recuperadas sean las de Bruselas y Berlín, donde Puigdemont ha establecido su cuartel general y donde se ve obligado a permanecer hasta que la justicia alemana decida sobre su extradición a España.

El primer viaje oficial de Torra -al margen de los encuentros de pleitesía con Puigdemont en Berlín- será sin embargo a Estados Unidos. Con un contenido limitado de momento al ámbito cultural, el presidente de la Generalitat ha anunciado una visita a Washington a final de este mes, donde podrá visitar otra de las «embajadas» recuperadas.

Interior vuelve a manos del PDeCat

Si la recuperación de Exteriores ha sido la operación más queridamente publicitada por el nuevo Govern, la toma de posesión de Interior, departamento igualmente marcado por los meses de 155, ha sido la más compleja políticamente. El neoconvergente Miquel Buch ha escenificado la recuperación de los Mossos con dos decisiones de alto contenido simbólico: ofrecer al Mayor Trapero recuperar la jefatura de la policía autonómica, aun a sabiendas de que era una oferta imposible, y aceptar la dimisión de su sustituto, Ferran López.

Crucificado por el independentismo por haber comandado los Mossos bajo mando del ministro Zoido, la imagen de aparente sintonía con el juez Llarena durante la entrega de despachos judiciales en Barcelona acabó de firmar su sentencia de muerte política. Que López sería parte de los cargos «purgados» por su colaboración en el 155 era un lugar común en los ámbitos independentistas, y la renuncia oficializada esta semana, sin agradecimiento por los servicios prestados, ha sido la confirmación.

Los sindicatos mayoritarios de los Mossos se quejan por el trato dado a López y reclaman una reunión urgente con la nueva cúpula de Interior

La conducta de Buch ha encendido a los sindicatos policiales. Tanto el mayoritario SAPOL, como el sindicato de mandos, SICME, han emitido comunicados de queja por el modo en que se ha tratado al comisario. SAPOL acusa a la nueva cúpula política de entrar en el cuerpo «como un elefante en una cacharrería» y lamenta que «solo oímos hablar de cambios que responden más a razones o cuotas políticas o a venganzas del pasado que a razones organizativas».

«Queríamos un Govern que devolviera a la normalidad a nuestras instituciones y nos hemos encontrado con unos hechos que provocan más malestar», lamentan tras reclamar un agradecimiento para el comisario López. Y recriminan a Buch haber emprendido la purga «condenando al ostracismo» a López «sin tener recambios previstos».

Miquel Buch cuenta ahora con un cuerpo policial descabezado. Pero la «tranquilidad» con la que el ex presidente de la Asociación Catalana de Municipios afronta el relevo en la cúpula de la policía autonómica contrasta con la celeridad en la designación de los mandos políticos de Interior. Celeridad y alto contenido político. Tanto Brauli Duart, número dos del departamento, como Andreu Martínez, director de los Mossos, son dos «patas negras» de la antigua convergencia.

Queda desplazado, por contra, uno de los gestores de más larga trayectoria en el departamento de Interior de la Generalitat, Joan Delort, desplazado de la dirección general de Protección Civil a responsabilizarse del teléfono de emergencias 112. Con estos nombramientos, Buch olvida el paréntesis que supusieron Ramon Espadaler y Jordi Jané, con nombramientos como el del ex socialista Albert Batlle al frente de prisiones primero, y de los Mossos después, para volver a los tiempos de Felip Puig en la Conselleria. Interior vuelve a ser un departamento político.

Bienestar, recuperar el discurso social

Otro de los departamentos clave para el nuevo proyecto del independentismo es el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, en manos del republicano Chakir El Homarni. El independentismo, y muy especialmente Esquerra, es consciente de que necesita ganar adeptos y para ello debe demostrar que la máxima de que la república es la promesa de una sociedad más justa debe empezar a dar alguna muestra de realidad.

Por es la primera decisión del Govern en materia económica, junto a la atribución de 20 millones de euros para TV3, fue la movilización 42,4 millones de euros para la financiación de las prestaciones de la renta garantizada, una de las medidas sociales estrella del anterior ejecutivo  cuya aplicación durante el último semestre de 2017 se convirtió en un desastre repetidamente denunciado por la oposición de PSC y los Comunes.

El Homrani se ha apresurado además a firmar los contratos y renovaciones pendientes de las entidades del tercer sector que se han convertido en principal argumento de denuncia de la aplicación del 155 por las dificultades de cobro de la Generalitat que han tensionado su tesorería en los últimos meses. El conseller hablaba una semana después de tomar posesión de 251 expedientes de más de 300.000 euros que bloqueados cuando tomó posesión y de pagos por un total de 819 millones de euros retrasados en estos meses que han puesto en pie de guerra al sector.