Agentes de la Guardia Civil en una entrada y registro. EFE
La operación Enredadera se ha saldado este martes con 39 detenciones y 92 entradas y registros en distintos ayuntamientos de España gobernados por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en un dispositivo en el que ha participado casi 600 efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). Entre los detenidos, 16 alcaldes y concejales, tres técnicos municipales, ocho jefes de policías locales en activo y uno jubilado, y once empresarios.
La macrorredada ha puesto de relieve cómo se concedieron decenas de contrataciones públicas en localidades de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Aragón de forma irregular y se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, filial perteneciente al Grupo Sacyr. Esta empresa pagaba supuestamente comisiones ilegales a los cargos públicos y también a los policías locales a cambio de resultar adjudicataria y, posteriormente, poder comercializar con los radares que colocaban. El fin era puramente recaudatorio.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que muchos de esos dispositivos de control de velocidad eran instalados de forma aleatoria, previa manipulación de informes de tráfico. Este modus operandi, que fue empleado por distintos consistorios se detectó por primera vez en Gerona, aunque se ha ido repitiendo en otros ayuntamientos, informan fuentes jurídicas.
Abuso de información privilegiada
Junto a la instalación de radares, otro mecanismo defraudatorio empleado consistía en inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada previo abuso de información privilegiada. De hecho, la UDEF cree que, en ocasiones, eran presuntamente los propios empresarios quienes diseñaban los pliegos de las contrataciones municipales.
Además, según informan fuentes de la investigación a El Independiente, está previsto que este miércoles pasen a disposición judicial 18 de los 39 detenidos. Trece de ellos pasarán ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona y los otros cinco lo harán ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Astorga. El resto de los detenidos han quedado en libertad.
Precisamente, en el juzgado de Astorga (León) se investiga en una pieza separada de esta causa al empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, ambos detenidos este martes.
En la operación Enredadera se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, malversación, delitos contra la hacienda pública, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
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