Euskadi tendrá ley de abusos policiales y lo hará con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez, con el que ayer cerró un acuerdo para despejar el camino de esta norma que reconocerá a las víctimas de torturas y abusos policiales. La ley, que ha suscitado un profundo malestar en los principales sindicatos policiales, prevé identificar y reparar a las posibles víctimas registradas entre 1978 y 1999. Pese a que ahora será modificada, mantiene que sea una comisión de valoración -ya constituida- la que evalúe las denuncias que se puedan presentar y en su caso decrete su reparación económica.

La reunión mantenida ayer en el seno de la comisión bilateral de cooperación acordó que el Gobierno de Sánchez procederá al desestimiento del recurso presentado por el anterior Ejecutivo. A cambio, tal y como avanzó El Independiente el pasado jueves, el Gobierno de Urkullu ha accedido a modificar parte del articulado para blindar aspectos como la presunción de inocencia, la protección de datos o el derecho al honor de las personas implicadas en los procesos que se evalúen.

No señalar «culpables»

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el objetivo de la ley «nunca ha sido sustituir a los tribunales o señalar a los culpables» sino dar protección a las víctimas. Una aspiración que según ha señalado ahora queda reforzada con el acuerdo logrado y las modificaciones previstas en el articulado.

La nueva ley deberá ser aprobada en el Parlamento Vasco y cuenta además de con el apoyo del PNV y el PSE con el más que probable respaldo de otras formaciones como EH Bildu o Podemos, lo que ha llevado a Erkoreka a dar por segura su aprobación.

Para el Gobierno vasco con este acuerdo quedan despejadas «las dudas jurídicas» que se habían manifestado desde algunos sectores judiciales, policíales y de víctimas del terrorismo que se acusaba al Gobierno vasco de querer suplantar la función de la Justicia a través de una comisión de evaluación.

Rechazo policial y de víctimas

En los últimos días media docena de sindicatos policiales y varias organizaciones de víctimas se han constituido en una plataforma en contra de la retirada del recurso anunciado esta mañana. Las asociaciones de la Policía y la Guardía Civil, así como de víctimas consideran que dejar en manos una comisión de valoración seleccionada por el Gobierno vasco la posible determinación de casos de tortura o abuso policial es «un agravio» para las víctimas de ETA. Añaden que los «supuestos casos de tortura» que se pudiedan determinar podrían basarse en «cualquier  edio de prueba admisible en xerecho, sin que sea preciso que hayaexistido un proceso judicial previo».

El portavoz del Gobierno vasco se ha felicitado por el acuerdo y ha confiado en que permita despejar cualquier sombra de duda sobre la norma que debe acreditar posibles casos de tortura o abuso policial. Erkoreka ha reconocido que estos últimos días los contactos con la ministra Meritxell Batet han sido «fluidos» y fructíferos.

Así, también ha anunciado que el Gobierno Sánchez retirará el recurso contra la ley de presupuestos de este año del Ejecutivo vasco. Una norma que el PP recurrió por considerar que incluía incrementos salariales para los funcionarios de la administración vasca por encima de los permitidos. La retirada del recurso permitirá al Gobierno vasco autorizar en los próximos días un incremento salarial, con efecto desde el 1 de enero de este año, del 1,5% a los 70.000 empleados públicos. Además se les incrementará otro 0,5% desde julio a final de año.

Líneas de tren y autopistas

También la aportación que se hacía los fondos de pensiones de los funcionarios se elevarán del 0,5% al 1%. El Gobierno vasco ha anunciado además que trabaja ya para pagar el 100% del sueldo desde el primer día en los casos de incapacidad temporal.

El tercer gran acuerdo alcanzado ayer entre las delegaciones del Gobierno vasco y el central pasa por iniciar los trabajos para cerrar la cesión de la competencia sobre dos tramos ferroviarios y otros dos de autopistas. Así el Ejecutivo se compromete a celebrar en septiembre una comisión mixta de transferencias. En ella se cerrará la entrega de la titularidad sobre las líneas Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo, así como los tramos de las autopistas AP-1 y AP-68 a su paso por Euskadi.

Junto a ello, el Gobierno central está dispuesto a estudiar la «descatalogación» del Puerto de Pasaia como de «interés general» y que por tanto pueda pasar a ser gestionado por la administración vasca.

Pasos que Erkoreka ha situado dentro de la relación fluida que las dos administraciones están manteniendo y que se encaminan hacia un desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika. La reclamación de su cumplimiento, pendiente de 37 materias, según el Ejecutivo Urkullu, es un compromiso que Sánchez accedió a explorar tras el apoyo del PNV a su investidura.