Es sin duda el aspecto más controvertido de la llamada ‘Ley de vasca de Abusos Policiales’ impulsada por el Gobierno de Iñigo Urkullu y aprobada en julio de 2016 por el Parlamento de Vitoria. En ella se prevé la constitución de una comisión de valoración que sería la encargada de analizar y valorar posibles casos de torturas y abusos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre los años 1979 y 1999. La norma, que había sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, será modificada tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno vasco. El pacto incluye el compromiso del Gobierno de desistir en la presentación del recurso ante el TC. Una medida que se espera que se pueda acordar este mismo viernes durante el Consejo de Ministros.

Entretanto, el Gobierno vasco había procedido ya, -lo hizo el pasado 10 de julio-, a la constitución de la polémica ‘Comisión de Valoración’, integrada por expertos juristas, psicólogos y forenses, como Francisco Etxebarria. La comisión ha celebrado hasta el momento una sola reunión, la de conformación, si bien desde el Ejecutivo se asegura que continuará trabajando «en lo que pueda» y sin vulnerar las competencias que por ahora ha dejado en suspenso el TC y que limitan su funcionamiento.

Sin embargo, el pasado día 24 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) decidió presentar un recurso contra la resolución que dictó la composición de la citada comisión ante la que se presentarán para su análisis las denuncias de posibles torturas o abusos. Recurso que ahora ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El SUP había recurrido ante el TSJPV la composición de la comisión de evaluación de posibles casos de tortura

En los últimos días media docena de sindicatos policiales y varias organizaciones de víctimas se han constituido en una plataforma en contra de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales. Las asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, así como de víctimas consideran que dejar en manos una comisión de valoración seleccionada por el Gobierno vasco la posible determinación de casos de tortura o abuso policial es “un agravio” para las víctimas de ETA. Añaden que los “supuestos casos de tortura” que se pudieran determinar podrían basarse en “cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”.

¿4.113 casos entre 1960 y 2014?

Desde el SUP recuerdan que la denuncia de haber sufrido torturas fue una práctica habitual en el entorno de ETA y en el seno de la propia banda terrorista y con el reconocimiento de estas denuncias tan sólo se pretender legitimar «un determinado relato». Recientemente un informe del Gobierno vasco cifró en 4.113 las denuncias de posibles casos de tortura policial cometidos entre 1960 y 2014.

Desde el SUP se confía en que la admisión de su recurso permita frenar la entrada en vigor de la ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneración de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999. Señalan que es muy probable que diversos sindicatos policiales y asociaciones de víctimas también se sumen al recurso ahora admitido a trámite por el TSJPV.

Un informe del Gobierno vasco asegura que son más de 4.000 las denuncias que existen contra todos los cuerpos policiales

Actualmente la citada ley tiene una decena de artículos en suspenso. Será modificada tras el acuerdo alcanzado entre las dos administraciones. Unos cambios que no contemplan la supresión de la comisión de valoración. Desde el Ejecutivo vasco se recuerda que los cambios que se incluirán en la nueva norma que se presentará prevé no sólo salvaguardar la presunción de inocencia, el derecho al honor de la personas implicadas en los procesos y proteger sus datos, sino que quede claro que en ningún caso se prevé que el organismo encargado de evaluar los posibles casos de abusos aspira a «suplantar» a los tribunales de Justicia.

No «suplantar» a la Justicia

Es precisamente esta cuestión la que llevó al PP a cuestionarla al considerar que la ley se arrogaba potestades reservadas a la Justicia. En su recurso señalaban que identificar y determinar casos de abusos cometidos por los distintos cuerpos policiales era una competencia reservada a los tribunales. Ahora, el Ejecutivo de Urkullu señala que la única pretensión que se busca es reparar a las víctimas que padecieron estos abusos pero no juzgar a quienes los cometieron.

La comisión de valoración de abusos policiales está presidida por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando, y cuenta con juristas especializados, psicólogos y expertos forenses. A ellos corresponderá, según la ley que se desea aprobar, evaluar posibles denuncias de abusos policiales. El forense Francisco Etxebarria presentó hace unos meses el informe de posibles abusos policiales encargado por el gobierno vasco y que cifró en 4.113 los posibles casos de torturas o abusos practicados por distintos cuerpos policiales desde el franquismo hasta la actualidad.

Recientemente el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka,aseguró que el objetivo de la ley “nunca ha sido sustituir a los tribunales o señalar a los culpables” sino dar protección a las víctimas. La nueva ley deberá ser aprobada en el Parlamento Vasco y cuenta además de con el apoyo del PNV y el PSE, y el compromiso de Podemos de respaldarla.