Un hombre muestra su cédula de identidad como protesta junto a cientos de costarricenses
El pasado sábado los venezolanos y nicaragüenses que huyen de sus países hacia los fronterizos han vivido revueltas de tipo xenófobo. Cientos de costarricenses participaron en una manifestación en rechazo de la llegada masiva de nicaragüenses al mismo tiempo que un grupo de brasileños en Pacamaira quemaron y destruyeron los asentamientos de venezolanos. Mientras la crisis de Venezuela se acrecentó en los últimos años con la llegada de Nicolás Maduro al poder tras la muerte de Hugo Chávez; en Nicaragua, comenzó el pasado 18 de abril cuando los jubilados salieron a las calles en protesta por la reducción de sus pensiones decretada por el gobierno de Daniel Ortega.
Los residentes del importante paso fronterizo de Pacaraima, perteneciente al estado de Romaira, al norte de Brasil, fueron los protagonistas de la mayor reacción violenta contra venezolanos llevada a cabo hasta el momento. Los lugareños tomaron las calles para protestar por la oleada de inmigrantes que ha causado la precarización de su calidad de vida. Las manifestaciones durante el fin de semana llegaron después de que un comerciante local fuera víctima de un robo, apuñalado y golpeado en un incidente atribuido a cuatro inmigrantes, según las autoridades, hecho que desencadenó que varios grupos de residentes arrojaran piedras a los inmigrantes y prendieran fuego a sus pertenencias. Los lugareños culpan a los funcionarios del gobierno por no hacer lo suficiente para gestionar la afluencia. Finalmente 1.200 venezolanos que temían por su seguridad retornaron al país del que venían huyendo ante el expolio por parte los brasileños.
El gobierno del estado de Roraima estima que más de 50.000 refugiados venezolanos, casi el 10% de la población del estado, han cruzado la frontera y duermen en albergues o a la intemperie, en campamentos ubicados en las plazas y calles. En vista de esta situación el Gobierno brasileño se ha comprometido a enviar refuerzos militares y sanitarios a la localidad, según ha explicado el presidente brasileño, Michel Temer, tras una reunión de emergencia con sus ministros mantenida en el Palacio de la Alborada para abordar la situación en Roraima.
Otros países que también se han visto abrumados por la magnitud de la crisis migratoria, producto del éxodo impulsado por la hiperinflación, la escasez crónica de alimentos y medicinas y la creciente inseguridad en Venezuela, han endurecido sus políticas migratorias y han tomado medidas como la imposición del pasaporte vigente para ingresar a sus territorios a sabiendas de que en el país caribeño es sumamente difícil obtener un pasaporte no sólo porque es un trámite que puede tardar varios meses sino también porque el coste excede sus capacidades económicas, lo que ha llevado a cientos a entrar al país de forma irregular.
Expulsan inmigrantes venezolanos de sus carpas y queman sus objetos en Brasil
Ecuador declaró a principios de agosto el estado de emergencia ya que el número de venezolanos que llegaban por la frontera con Colombia superaba los 4.000 cada día y desde el pasado 18 de agosto comenzó a exigir el pasaporte para que los ciudadanos venezolanos puedan entrar a su territorio. Misma medida que ha anunciado Perú a partir del próximo sábado 25 de agosto a pesar de que el 80% de venezolanos ingresa a Perú usando su pasaporte. De acuerdo con los últimos datos de la agencia migratoria peruana, unos 385.000 venezolanos han llegado a Perú durante los últimos 12 meses.
Paralelamente, la tensión en Costa Rica ha alcanzado su pico más alto el pasado fin de semana cuando cientos de costarricenses participaron en una manifestación contra inmigrantes nicaragüenses convocada a través de las redes sociales al grito de "¡Fuera nicas!". Las protestas, que dejaron un saldo de 44 detenciones, se dan en un contexto en el que desde hace cuatro meses, de acuerdo con autoridades costarricenses, se han recibido más de 23.000 solicitudes de asilo por parte de los nicaragüenses que siguen huyendo de la represión del gobierno de Daniel Ortega, tiempo en el que varios hechos delictivos han sido atribuidos a inmigrantes nicaragüenses.
Uno de los incitadores de estas manifestaciones xenófobas fue la difusión de noticias falsas entre la comunidad costarricense. Mensajes en los que se achaca actos delictivos a los nicaragüenses, se afirma que éstos reciben beneficios económicos por parte del gobierno como las “mujeres trans nicaragüenses” o que la Universidad de Costa Rica (UCR) les estaba dando “becas completas” a refugiados de Nicaragua. Incluso circulan mensajes de WhatsApp alertando sobre una "invasión de más de mil militares nicaragüenses" en Costa Rica, información que el propio ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, desmintió un día antes de las manifestaciones.
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