Último lunes de agosto. El Congreso de los Diputados abre sus puertas de manera excepcional para reunir a la Diputación Permanente, el órgano que permanece activo fuera del periodo de sesiones, cuando la mayoría de diputados están de vacaciones. Ocho horas y media de sesión y 25 puntos en el orden del día. De ellos, 15 propuestos por el PP, que pidió la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de 11 de sus ministros, con asuntos tan variados como la corrupción valenciana, la energía nuclear, el ‘decretazo‘ sobre Violencia de Género, el cese del jefe de la UCO e incluso la situación política de Nicaragua. La atípica escena responde a la estrategia que el PP ha iniciado en el Parlamento, donde busca poner contra las cuerdas al ejecutivo socialista para evidenciar su debilidad parlamentaria.

El principal partido de oposición ha lanzado una ofensiva contra Pedro Sánchez. El episodio de este lunes se sume a una batería de medidas presentadas por el Partido Popular encaminadas a limitar el ámbito de acción de los socialistas. Para septiembre, el Partido Popular ha planteado obligar al presidente de Gobierno a publicar su polémica tesis doctoral. Los populares también frenarán en el Congreso otra de las medidas más polémicas del Gobierno socialista, que acordó con Podemos eliminar el poder de veto del Senado, vaciando de competencias la cámara alta. El partido de Pablo Casado ya ha anunciado que retrasará sine die esa medida para evitar que salga adelante.

Los 84 diputados socialistas contrastan con los 134 diputados populares, y las maniobras del PP para presionar al Gobierno obligan a Sánchez a afianzar sus acuerdos con Unidos Podemos y con los partidos nacionalistas, de manera que la alianza se haga evidente y cualquier movimiento del ejecutivo sea atribuible a una “contrapartida” a sus socios de Gobierno. En el peor de los casos, si esta alianza se rompe, será la soledad del Gobierno y su incapacidad para aprobar iniciativas la que quede de manifiesto.

Los ministros de Sánchez maniobraron con comparecencias a petición propia para evitar el cerco de la oposición

Para evitar este complicado equilibrio, el ejecutivo socialista maniobró este lunes en el Congreso. La oposición exigía la comparecencia de una docena de ministros, que en lugar de ser forzados a acudir al Congreso decidieron solicitar su comparecencia a petición propia. Esta semana cinco titulares del Gobierno darán explicaciones en el Parlamento y la que viene serán otros tres quienes se expliquen en la Cámara Alta. El primero será el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparecerá este miércoles por la mañana para explicar la política de migración tras los episodios en las vallas de Ceuta. Lo que no preveía el PSOE, sin embargo, era que Podemos le dejaría solo en la negativa de obligar a Marlaska a explicar también el cese del jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí.

El diputado morado Rafael Mayoral rechazó en su turno estas explicaciones, esgrimiendo que “no entendemos el objeto de la discusión”, puesto que Sánchez Corbí “sigue perteneciendo al Cuerpo” y el ministro del Interior “ya ha pedido comparecer a petición propia”. La sorpresa llegó a las ocho de la tarde, en las votaciones, cuando Podemos decidió abstenerse a última hora, obligando a Marlaska a explicar este asunto en la Comisión de Interior, desoyendo el órdago lanzado por los socialistas para que las explicaciones se dieran sólo a puerta cerrada. Podemos también busca de esta forma hacerse valer en el Congreso y mandar un mensaje de advertencia al Gobierno de Sánchez.

Casado afirma que el Gobierno va “a rebufo” del PP

En las últimas horas Casado también ha definido al de Sánchez como un Gobierno incapaz de mantener un rumbo fijo, y ha atribuido a su partido el viraje del Ejecutivo en algunos de los asuntos más relevantes. Este mismo lunes en el Congreso de los Diputados, el nuevo presidente popular se refirió en este sentido a la política migratoria. “Hablé del efecto llamada, se me insultó, tuvo que venir Merkel a poner orden y después el Gobierno se dio cuenta y tuvo que recurrir a un convenio del 92 para devolver a los inmigrantes”, defendió, asegurando que Sánchez va “a rebufo” del PP tanto en esta cuestión como en algunas otras.

Ahí ha enmarcado también la postura del Gobierno español respecto al juez Llarena tras la demanda del ex president Carles Puigdemont y otros encausados por el procés. Casado criticó lo que tildó como “bandazos” del Ejecutivo en la defensa de Llarena, después de que el Gobierno rechazara la semana pasada darle amparo legal al magistrado y que, tres días después, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cambiara la tesis y anunciara el apoyo incondicional del Gobierno, “hasta las últimas consecuencias“.

El líder popular incluso ha considerado que “es falso” que el ejecutivo lleve días trabajando en esta línea, como había asegurado la titular de Justicia, y ha apuntado a que el cambio de postura se ha producido tras las “presiones” del PP y de su amparo a asociaciones de jueces y fiscales.