Política

El PP denuncia "graves tratos de favor" a los consellers presos y alerta del riesgo de seguridad

Explican que el número de visitas que reciben duplica al del resto de presidiarios y los visitantes no pasan ningún tipo de control

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El PP denuncia "graves tratos de favor" a los consellers presos y alerta del riesgo de seguridad
Acceso a la cárcel de Lledoners.

Acceso a la cárcel de Lledoners. EFE

Resumen:

«Las visitas a los políticos independentistas que se encuentran en prisión están accediendo a los centros penitenciarios sin ningún tipo de control por parte de la Generalitat, sin tener que enseñar las pertenencias que llevan cuando se reúnen en privado con estos políticos, de manera que estas personas pueden hacerles entrega de distintos objetos que van desde teléfonos móviles para estar conectados con el exterior hasta tabletas o cualquier otro artilugio o elemento prohibido para el resto de reclusos». Ésta es sólo una de las denuncias que ha hecho este jueves el líder del PPC, Xavier García Albiol, que ha considerado estos episodios como «graves» y «escandalosos» tratos de favor a los políticos independentistas encarcelados en Cataluña por el 1-O. Una situación que pondría en «riesgo» la «seguridad» de esos centros penitenciarios.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Albiol ha asegurado que su partido ha recibido «información contrastada, documentada y probada» que demuestra «hechos sumamente graves y preocupantes», unas pruebas recibidas por parte de «personas y sindicatos» a los que ha respetado la confidencialidad. «Queremos denunciar el trato de favor que están recibiendo los políticos en prisión por parte de la Dirección de Prisiones de la Generalitat de Cataluña», ha afirmado, unos tratos de «privilegio» no sólo a nivel personal, sino que también «pueden poner en riesgo la seguridad dentro de las propias prisiones».

Albiol ha relatado que esos tratos de favor incluyen, por ejemplo, el que esos políticos estén recibiendo «una media de tres o cuatro visitas diarias» presenciales, de personas que se reúnen con ellos, cuando el resto de presos «sólo pueden recibir una media de dos o, de manera excepcional, tres visitas mensuales presenciales». Unas visitas presenciales -es decir, no a través de una mampara, sino con contacto directo en una sala- que, según Albiol, son de «personas absolutamente variopintas, desde el presidente de la Generalitat a personas totalmente anónimas».

En segundo lugar, ha explicado que la mayoría de esos visitantes acceden a los centros penitenciarios «sin pasar ningún control de seguridad previo, sin ser registrados ni tener que enseñar las pertenencias que van a entrar» a la prisión.»Por lo tanto, cuando acceden a reunirse en una sala en privado con estos políticos independentistas, estas personas pueden hacerles entrega de distintos objetos, que van desde teléfonos móviles para estar conectados con el exterior, hasta tabletas o cualquier otro artilugio prohibido», ha aseverado, aunque sobre este último aspecto ha admitido no tener pruebas, sino tratarse de sospechas.

Y la tercera «irregularidad importante», ha dicho Albiol, es que a los visitantes que acuden a ver a los ex consellers «se les cuela como si fueran autoridades», aunque no tengan ninguna representación institucional o política, algo que va desde ciudadanos «anónimos» a «personas con más relevancia, como algún periodista, cantante o persona del ámbito de la cultura».

Ante dichas «irregularidades» ha exigido a la consellería de Justicia que entregue una relación nominal de todos los visitantes que han accedido «bajo el paraguas de ‘autoridad'», lo que «va a ser un auténtico escándalo», así como la comparecencia «urgente» de la consellera de Justicia, Ester Capella, en el Parlament. También ha avanzado que hará llegar esta documentación y pruebas al ministerio de Justicia para que actúe de manera «urgente» y, tras su investigación sobre esos tratos, «tome medidas», como trasladar a esos presos a cárceles de fuera de Cataluña.

«Si hoy los políticos independentistas están en prisiones catalanas, es gracias única y exclusivamente al Gobierno de Pedro Sánchez, dispuesto a aceptar cualquier humillación e irregularidad con tal de seguir en la silla de la Moncloa», ha criticado. Albiol ha incidido en que estos hechos denunciados «no tienen precedentes en la democracia española» y ha asegurado que «casi todos los políticos presos han recibido esos tratos de favor».

El PP abre una oficina para los denunciados por retirar lazos

El PP abrirá en Barcelona una oficina de asesoramiento y apoyo para personas denunciadas, sancionadas o agredidas por retirar lazos amarillos de la vía pública, según anunció este lunes el presidente del grupo municipal popular en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández Díaz. Una iniciativa con la que se «quiere respaldar a aquellas personas que sean perseguidas por el único delito o infracción de sentirse catalanes y españoles y rechazar la presencia de unos lazos amarillos en la vía pública».

Según Fernández Díaz, la colocación de estos símbolos en la vía pública «infringe la neutralidad obligada de ésta y no respeta la pluralidad de la sociedad catalana». El edil conservador ha cuestionado además «el silencio» de la Concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona sobre la agresión ayer a una mujer tras una discusión cuando retiraba lazos amarillos en la entrada al Parque de la Ciutadella.

Fernández Díaz ha asegurado que esta concejalía «es rápida siempre para defender a antisistemas y okupas, y sin embargo ahora guarda silencio cuando se producen agresiones o cuando se puede sancionar a personas por ejercer su libertad de retirar unos lazos, que además estarían infringiendo las ordenanzas municipales».

«Mientras el independentismo apela a la libertad de expresión para silbar el himno de España, insultar al Rey y quemar banderas españolas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, instruye a los Mossos d’Esquadra, cual brazo uniformado del independentismo, para perseguir a aquellos catalanes que se sienten españoles y retiran lazos amarillos de la vía pública», ha dicho Fernández. Según el concejal del PP, «el lazo amarillo, lejos de ser sinónimo de libertad, se está convirtiendo en una soga a la convivencia en Cataluña, donde catalanes que se sienten españoles son perseguidos por retirarlos de la vía pública».