Edificio del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Móstoles.
El foco alumbra a la Rey Juan Carlos (URJC), pero la universidad pública madrileña no es la única que realizó pruebas de convalidación para que estudiantes de Derecho italianos pudieran obtener el título de licenciado en España y poder desarrollar la profesión en su país sin necesidad de realizar el máster de acceso. Sólo tenían que superar los exámenes de las asignaturas que establecía el Ministerio de Educación y darse de alta en un Colegio de Abogados español, aunque en la práctica ejerzan a miles de kilómetros.
Es la última polémica en la que se ha visto envuelta la URJC, siglas conocidas ya en toda España a raíz del escándalo de los másteres que impartía el Instituto de Derecho Público bajo la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde. Se trata del caso que ya le ha costado la carera política a Cristina Cifuentes y el puesto de ministra de Sanidad a Carmen Montón, y que amenaza ahora el futuro político de Pablo Casado: el Tribunal Supremo tiene que decidir si investiga al diputado y presidente del PP por la comisión de delitos de prevaricación y cohecho impropio en la obtención de su título de máster sin reunir supuestamente los méritos académicos, según sostiene la juez que instruye la causa.
Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid, la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) investiga la colegiación masiva de estudiantes italianos en España al margen presuntamente del procedimiento legal. Los abogados transalpinos habrían logrado la homologación tras realizar las pruebas en la URJC, lo que les permitía obtener la licenciatura y eludir así el máster de acceso a la abogacía -obligatorio en nuestro país desde finales de 2011 para los graduados- para poder ejercer la profesión.
Las pesquisas de la policía, iniciadas tras la denuncia formulada hace dos años por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ante la Fiscalía de Madrid y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sólo alcanzan de momento a la Rey Juan Carlos. Desde mayo los investigadores reclaman documentación a este centro universitario, que a principios de año interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la negativa de éste a registrar los títulos. Los actuales rectores de la universidad madrileña mantienen que la convalidación parcial de estudios extranjeros es una vía de acceso correcta.
Los campus de Ávila y Murcia ofertaban las mismas pruebas de convalidación por las que la Policía y un juez de Madrid investigan ahora a la Rey Juan Carlos
La ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, aprobada en octubre de 2006 pero en vigor desde finales de 2011, incluía una disposición adicional -la octava- que eximía de tener que realizar el máster a quienes obtuvieran la licenciatura en Derecho después de la entrada en vigor de la ley (31 octubre de octubre de 2011) si se colegiaban en el plazo de dos años desde el momento en que estaban en condiciones de solicitar la expedición del título oficial. La homologación en España era el salvoconducto para poder ejercer la profesión no sólo en Italia, sino en cualquier país de la Unión Europea.
Es el camino que siguieron supuestamente los 500 alumnos que el 28 de mayo de 2016 acudieron al campus de la URJC para realizar un "examen o prueba de conjunto" a fin de obtener la licenciatura y, acogiéndose al citado precepto normativo, poder iniciar la actividad profesional “mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado".
Para los denunciantes, la convalidación parcial de estudios en el extranjero para la obtención del título de licenciado supondría "no sólo una contravención del ordenamiento educativo", sino un "fraude" de lo que lo que prevé la Ley sobre el Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Esta norma introducía nuevas exigencias para poder ejercer como abogado una vez superada la carrera de Derecho: un máster, un periodo de prácticas y el examen de acceso a la profesión.
Miles de euros de ingresos
Junto a la URJC, otras universidades también realizaron las mismas pruebas por las que la Policía le ha puesto ahora la lupa al campus madrileño. Es el caso al menos de las universidades católicas de Ávila (UCAV) y Murcia (UCAM), que a cambio ingresaron miles de euros por los derechos o tasas de examen. Esta vía para acceder a la profesión generó un negocio que alentó que agencias intermediarias en Italia ofrecieran los servicios.
"Los alumnos venían a realizar la prueba de homologación en España, se examinaban y cuando habían superado todas las asignaturas se enviaba al Ministerio de Educación para que expidiera el título. Nosotros sólo dábamos el apto o no apto en las pruebas teóricas. Es completamente legal", declara a este diario José Alarcón, secretario general de la UCAM.
El requisito era que se colegiaran en España: en el Colegio de Abogados de Murcia hay 68 (la mayoría 'no ejercientes') y otras decenas en el cordobés de Lucena, entre otros
Como informó La Opinión de Murcia, una de esas pruebas se llevó a cabo el 24 de abril de 2010 y reunió a unos 400 abogados italianos decididos a homologar su título en España para después poder ejercer en el suyo. Algunos de ellos nutren hoy el censo del Colegio de Abogados de Murcia, en el que hay registrados 68 letrados italianos. De éstos, más de la mitad son 'no ejercientes' en nuestro país pero sí a través de bufetes radicados en Roma y Milán, como ha podido constatar este diario consultando el perfil de Linkedin de algunos de estos profesionales.
El año en el que se registraron más altas en la institución colegial murciana fue 2011 con un total de 34 incorporaciones, de las que siete tuvieron lugar de una tacada el 14 de junio y seis el 28 de julio. En 2012 se contabilizaron 15 y en 2010 otras 14, según la información que consta en el censo.
Promoción en Italia: “Abogado sin máster. Matrícula abierta para abogado en España. Sin máster y sin prueba de Estado (necesaria para colegiarse en Italia)”. “Somos los únicos que ofrecemos la posibilidad de ahorrar el difícil nuevo examen de abogado En España”.
"Yo estudié en Alcalá de Henares y luego me examiné de diversas asignaturas en la de Ávila. Mi certificado está fechado el 22 de febrero de 2011", detalla a El Independiente una de las colegiadas italianas en Murcia. Hoy ejerce como profesora en su país, alejada de leyes y tribunales de Justicia.
También el Colegio de Abogados de Lucena -localidad de la subbética cordobesa de 42.500 habitantes- se ha nutrido de muchos de estos profesionales italianos que necesitaban darse de alta en España para poder ejercer en su país, en gran medida atraídos por la menor cuantía de sus cuotas. Y el de Valencia, y el de Jaén, y el de Madrid...
En el caso del Colegio de Abogados de Madrid, la organización profesional con más miembros de toda España (unas 77.000), el número de inscripciones bajo sospecha "no llega al centenar". De momento, la institución que dirige José María Alonso ha suspendido la revisión de oficio de expedientes que había puesto en marcha tras tener conocimiento de la investigación ya iniciada a la espera de que el TSJM resuelva el contencioso interpuesto por la URJC.
"Confianza" en la validez de los títulos
"El Ilustre Colegio de Abogados Madrid, como entendemos los demás Colegios de Abogados de España, procedió a la colegiación de ciudadanos italianos al amparo de la citada disposición adicional octava en la seguridad o confianza de que los títulos de licenciado en Derecho que expedía la Universidad Rey Juan Carlos eran válidos", ha informado en un comunicado difundido este jueves.
La incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como 'Plan Bolonia', marcó el final de las licenciaturas y el nacimiento de los grados en las universidades del país. Ello sentenció los viajes de los abogados italianos para homologar sus estudios, lo que explica el parón en las incorporaciones de profesionales de esta nacionalidad en los colegios de abogados españoles.