Política

Los 'despachos-patera' de los abogados italianos en Madrid

Más de 300 licenciados transalpinos en Derecho que se colegiaron en Madrid tras convalidar u homologar sus títulos detallan como dirección profesional las de oficinas sitas en un edificio de la capital pese a ejercer en la práctica a miles de kilómetros

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Los 'despachos-patera' de los abogados italianos en Madrid
Sede de la empresa Global Service Co Ites SL, el supuesto domicilio profesional de varias decenas de abogados italianos colegiados en Madrid.

Sede de la empresa Global Service Co Ites SL, el supuesto domicilio profesional de varias decenas de abogados italianos colegiados en Madrid. A. SALVADOR

Resumen:

Hay un edificio de cuatro plantas en el centro de Madrid, a medio camino entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados, que pasaría completamente desapercibido si no fuera porque figura como supuesto domicilio profesional de más de 300 abogados italianos que lograron convalidar u homologar sus estudios en España como atajo para poder ejercer posteriormente el oficio en su país sin cursar el máster de acceso. Bienvenidos al número 5 de la calle del Príncipe, el bloque de los ‘bufetes-patera’.

Son profesionales que ejercen a miles de kilómetros pero que están dados de alta a nivel gremial en Madrid y pagan cuota en España. En sus fichas de inscripción en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) constan como direcciones profesionales las de varias empresas -al menos una gestoría y una agencia de intermediación de servicios de enseñanza- situadas en este edificio, según la investigación realizada por El Independiente.

Este diario ha rastreado el censo del Consejo General de la Abogacía -integrado por 252.000 personas, de ellos 151.000 ejercientes y 101.000 no ejercientes- y ha constatado que al menos 315 tienen como domicilio oficinas ubicadas en el número 5 de la madrileña calle del Príncipe. En pocos edificios de España debe de haber tal concentración de abogados, al menos sobre el papel.

Una de esas direcciones corresponde a la sede de Global Service Co Ites SL, una agencia especializada en la tramitación administrativa de la homologación de títulos universitarios italianos en España. «Formación profesional, homologación de títulos universitarios y curso de idiomas», se lee en la placa que exhibe junto a la puerta. La única referencia jurídica es la presencia de una balanza -símbolo de la Justicia- en el logotipo de la empresa. En concreto, el domicilio de Global Service Co Ites -una oficina de 78 metros cuadrados de superficie, según la información catastral- figura como dirección profesional de al menos 34 letrados transalpinos.

En la puerta contigua se encuentra una firma de asesoramiento fiscal y contable a la que aparecen vinculados tres abogados italianos dados de alta colegialmente el 8 de enero de 2014. Los 278 profesionales restantes constan inscritos en la base de datos del Colegio de Abogados en la calle del Príncipe 5, pero sin que desde las altas tramitadas a partir de junio de 2015 especifiquen en qué puerta concreta. En dicho edificio cuentan con oficinas otras dos empresas dedicadas al asesoramiento jurídico, según ha podido comprobar este diario.

Más de 300 licenciados transalpinos en Derecho que se colegiaron en Madrid detallan como dirección profesional el número 5 de la calle del Príncipe, cerca del Congreso

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid, investiga desde hace meses las falsas titulaciones de 500 abogados italianos que lograron la convalidación parcial de estudios por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2016. Tras concluir la Abogacía del Estado que dichos títulos son irregulares, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suspendió su inscripción en el Registro Nacional de Titulados Universitarios, a la espera de que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicte sentencia tras el recurso interpuesto por la URJC.

La investigación policial y la no inscripción de los títulos tienen su origen en la denuncia que el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción presentó en julio de 2016 ante la Fiscalía de Madrid, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y el Ministerio de Educación. Esta plataforma civil relataba que, el 28 de mayo de 2016, se había celebrado en la citada universidad pública madrileña «un examen o prueba de conjunto» a unos 500 alumnos de nacionalidad italiana a fin de que éstos pudieran obtener el título de licenciado en Derecho «y así poder comenzar su actividad profesional mediante la simple colegiación en España» sin someterse a la prueba de acceso a la profesión de abogado obligatoria en su país de origen.

La Policía y un juzgado de Madrid investigan si 500 letrados italianos obtuvieron ilegalmente sus títulos tras convalidar asignaturas en la Universidad Rey Juan Carlos

Para eludir la realización del máster obligatorio en Ciencias Jurídicas en Italia y un examen de Estado con un elevado número de suspensos, muchos estudiantes de Derecho transalpinos encontraron un atajo -económico y de tiempo- para poder ejercer la profesión en su país: la convalidación parcial de estudios en España mediante una prueba mucho más sencilla y barata y la posterior inscripción en cualquier Colegio de Abogados del país, lo que les permitía acceder al oficio en Italia.

Ello explica la avalancha de colegiados de esta nacionalidad que se ha registrado en España en lo que va de década, aunque en la práctica desarrollan el oficio a miles de kilómetros de distancia. Los alumnos descubrieron una vía más fácil para poder vestir la toga y los colegios una formidable fuente de financiación. «Si reunían los requisitos no se les podía negar la inscripción», expone un antiguo miembro de la junta de gobierno del ICAM.

Según establece el Estatuto General de la Abogacía (artículo 13), esos requisitos son tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la UE, tener título de licenciado en Derecho o cualquier otro que sea homologable, carecer de antecedentes penales, no estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la profesión y abonar la cuota de ingreso, entre otros. Son las mismas condiciones que fijan los Eatatutos del Colegio de Abogados de Madrid.

El Colegio de Abogados de Madrid tienen tantos asociados italianos, unos 4.000, que hace cinco años creó una sección para facilitar información en los dos idiomas

La Ley sobre el Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (Ley 34/2006 de 30 de octubre), en vigor desde el 31 de octubre de 2011, introducía nuevas exigencias para poder ejercer como abogado una vez superada la carrera de Derecho: un máster, un periodo de prácticas y el examen de acceso a la profesión. La norma incluía una disposición adicional -la octava- que eximía de cumplir dichos requisitos a toda persona que se colegiara en el plazo de dos años a contar desde que estuviera en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho.

Esta via spagnola es la que han utilizado centenares de licenciados en Derecho italianos para acceder a la profesión, ya que al estar colegiados en España pueden ejercer en cualquiera de los 27 estados miembro de la Unión Europea y en aquellos que forman parte del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). Sólo en el ICAM se calcula que hay inscritos unos 4.000 profesionales transalpinos (más de un 5 % del total), lo que llevó a esta institución en noviembre de 2013 a crear una sección italo-española para facilitar las gestiones administrativas y ofrecer información en ambos idiomas.

«Picaresca italiana»

«En España aprueba el examen de acceso el 90 % de los licenciados y en Italia el 10 %. La picaresca española, en comparación con la italiana, está a años luz», comenta gráficamente a este diario un antiguo integrante de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
Ese filón de negocio ha sido aprovechada por agencias como Global Service Co Ites SL, que en los últimos cinco años ha ayudado a decenas de licenciados italianos de Derecho -previo pago- a homologar sus estudios en España. Constituida el 26 de noviembre de 2012, el objeto social de la empresa es «la intermediación en el asesoramiento, consultoría, formación y enseñanza en los niveles adecuados a cada capacitación en materia jurídica, económica, empresarial, musical y de ciencias» y tiene como administrador único a Ibrahim Boutazakhti, con el que este diario intentó hablar en la tarde de este viernes. «Lo siento, pero no puedo responderle ahora. Estoy ocupado en otras cosas y ésta es una conversación larga», justificó.

La Ley del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en su artículo 44, reconoce el derecho que tiene toda persona en posesión de la titulación académica exigida y que cumplan el resto de requisitos a ser admitido en el correspondiente colegio gremial. «La incorporación en el colegio donde el profesional o la profesional tiene el domicilio único o principal le habilita para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado», establece la citada norma. La necesidad de disponer de una dirección explica que estos abogados italianos colegiados en Madrid aportaran la dirección de la agencia a la que contrataron sus servicios para conseguir la homologación en España, ya que ellos ejercen en su país.

72 altas ya en 2018

Desglosados por años, en 2017 se contabilizaron al menos 115 altas en el Colegio de Abogados de Madrid de profesionales que reseñaron como dirección profesional el número 5 de la calle del Príncipe. Le sigue 2016 con 90, cifra ligeramente superior a la que se registra tras los nueve meses transcurridos de 2018: 72. Excepto seis, éstas se han producido ya con la junta de gobierno que preside José María Alonso, que tomó posesión de su cargo en sustitución de Sonia Gumpert el pasado 8 de enero tras imponerse en las elecciones celebradas el pasado mes de diciembre.

En su web, Global Service Co Ites detalla que el procedimiento de homologación se lleva a cabo en tres fases. La primera es la recogida, traducción, presentación y seguimiento de la documentación que exige el hoy Ministerio de Universidades, así como el pago de las tasas correspondientes. El siguiente paso es la formalización de la matrícula en la Universidad española ante la que se realizarán los exámenes de la asignaturas a convalidar y, por último, la retirada del título de homologación «en nombre del cliente» y la inscripción en el Colegio de Abogados de Madrid. «Todos nuestros clientes serán seguidos por un tutor que les proporcionará el material educativo legal para todas las materias necesarias. También ofrecemos material legal interactivo que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo de estudio, con sugerencias regularmente por parte de nuestro equipo de tutores», explica.

Otra docena de despachos

A preguntas de este diario, el Colegio de Abogados de Madrid ha eludido aclarar si el hecho de que decenas de abogados estén dados de alta ‘ficticiamente’ en la sede de una agencia intermediaria de servicios de enseñanza -no un despacho de abogados- contraviene sus estatutos y si va a investigar la existencia de ‘despachos-patera’. Junto a las de la calle del Príncipe, 5 hay otra docena de direcciones en Madrid que figuran como domicilios profesionales de otras centenares de letrados transalpinos.

Cuando estalló el escándalo de las titulaciones de abogados italianos por la URJC, la institución colegial que preside José María Alonso informó de que había abiertos expedientes de revisión de oficio de colegiaciones «sospechosas», si bien suspendió este procedimiento tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Universidad Rey Juan Carlos. «Si hay colegiados italianos que han presentado títulos que no son válidos serán expulsados», ha advertido Alonso.