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El juez De la Mata da vía libre a la Audiencia para juzgar ya la Caja B del PP

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El juez De la Mata da vía libre a la Audiencia para juzgar ya la Caja B del PP
Luis Bárcenas.

Luis Bárcenas. EP

Resumen:

La Audiencia Nacional puede señalar ya el juicio por la financiación irregular del Partido Popular aunque el magistrado José de la Mata continúe con la pieza de los denominados 'papeles de Bárcenas' abierta, ya que “en nada impide” esto la celebración de la vista oral. Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en una providencia, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que sostiene que en la causa que sigue en fase de instrucción en su juzgado se “investigan las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas” que quedaron fueran del auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Pablo Ruz en marzo de 2015. Entre ellos, los empresarios José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero;  el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; o, el ex secretario general del PP, Ángel Acebes. De la misma forma, De la Mata recalca que estos hechos no tienen conexidad ni con la reforma que hizo la formación de Pablo Casado de su sede con fondos opacos  a través de la sociedad Unifica Servicios Integrales, ni con la compra de acciones de Libertad Digital por parte del extesorero Luis Bárcenas, ni tampoco con el hecho de que la formación conservadora no declarara en el año 2008 las donaciones ilegales recibidas al fisco.

La Audiencia Nacional puede señalar ya el juicio por la financiación irregular del Partido Popular aunque el magistrado José de la Mata continúe con la pieza de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ abierta, ya que “en nada impide” esto la celebración de la vista oral.

Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en una providencia, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que sostiene que en la causa que sigue en fase de instrucción en su juzgado se “investigan las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas” que quedaron fueran del auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Pablo Ruz en marzo de 2015. Entre ellos, los empresarios José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero;  el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; o, el ex secretario general del PP, Ángel Acebes.

De la misma forma, De la Mata recalca que estos hechos no tienen conexidad ni con la reforma que hizo la formación de Pablo Casado de su sede con fondos opacos  a través de la sociedad Unifica Servicios Integrales, ni con la compra de acciones de Libertad Digital por parte del extesorero Luis Bárcenas, ni tampoco con el hecho de que la formación conservadora no declarara en el año 2008 las donaciones ilegales recibidas al fisco.

En su providencia, el magistrado cree que la pieza que el mantiene abierta “no impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento propias de este rollo en relación con tales hechos”, es decir, la celebración del juicio oral por la denominada Caja B que los populares mantuvieron durante al menos dieciocho años de forma paralela al Tribunal de Cuentas.

Sólo afecta a las donaciones

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal envió la semana pasada una providencia al juez José de la Mata donde los magistrados María José Rodríguez Duplá, Fermín Echarri y María Riera, le preguntaban si la «instrucción complementaria» que mantiene viva se encontraba «directamente relacionada» con la causa pendiente de juicio. La Sala necesitaba conocer ese dato para saber si podía ya enviar a juicio o no la causa abierta como Caja B, donde están pendiente de juicio el extesorero popular Luis Bárcenas, el ex gerente Cristóbal Páez,y los responsables del estudio de arquitectura que remodeló la sede del Partido Popular, en Génova 13.

Ahora, el juez le responde que la reapertura acordada “tiene por objeto realizar una instrucción complementaria que está relacionada, única y exclusivamente, con los hechos y personas que fueron objeto de sobreseimiento provisional, de modo que, formalmente, esta decisión en nada afecta a los hechos y personas en relación con las cuales se acordó la apertura del juicio oral”, en referencia a Bárcenas, Páez, el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García y Laura Montero.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 concreta que en la pieza que se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción se “investiga las donaciones presuntamente ilícitas realizadas al PP por un conjunto de personas” respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial de las diligencias.

El PP, responsable civil subsidiario

De esta forma, el juez da vía libre a la Sala de lo Penal para que señale cuando estime oportuno las fechas de celebración del juicio por la Caja B del PP donde la formación conservadora figura como responsable civil subsidiario de los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por Luis Bárcenas y Cristóbal Páez (la responsabilidad penal del extesorero Álvaro Lapuerta se extinguió con su fallecimiento).

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata aseguró que el “PP, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase, durante el periodo temporal objeto de investigación y en los términos que posteriormente se concretarán, con varios sistemas 4 de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o “Cajas B” –denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados lo pagos que integrarían las mismas en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública”.