“Si no hay altercados públicos, eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo”. La frase no es de Pablo Casado ni de Albert Rivera, sino del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta semana ha cuestionado en el Congreso la imputación de un delito de rebelión contra los líderes del 1-O, a los que el juez instructor, Pablo Llarena, acusa de rebelión, desobediencia y malversación por la organización del referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia votada en el Parlament.

El presidente del Gobierno recurrió el miércoles a una cita del ex ministro popular Federico Trillo para poner en cuestión la imputación del delito de rebelión, tal como le reclaman los partidos independentistas para avanzar en un pacto presupuestario. “En 1994, el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”, apuntó Pedro Sánchez.

Hace apenas unos meses, sin embargo, el entonces líder del PSOE y miembro del bloque constitucionalista que había apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña apuntaba que “lo que sucedió el 6 y 7 de septiembre en el Parlament se puede entender como un delito de rebelión” en declaraciones a Antena 3, “yo creo que lógicamente lo es” añadía.

Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y deberían haber sido extraditados esos responsables políticos a España” afirmaba Sánchez en mayo.

“No me ha gustado lo que ha hecho de la justicia belga” afirmaba además el entonces líder de la oposición, “creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y deberían haber sido extraditados esos responsables políticos a España” concluía en mayo de este año, cuando Bélgica ponía trabas a la extradición pero el Tribunal Supremo todavía no había recibido el revés de la justicia alemana.

En las últimos días tanto los portavoces de JxCat y ERC en el Congreso como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han presionado al Gobierno para que de pasos en favor de los políticos procesados por su participación en el 1-O. Todos los portavoces independentistas han coincidido en dejar claro que no apoyarán los presupuestos generales para 2019 si no se produce un giro en la postura de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pese a la fuerte inversión prevista en esas cuentas para Cataluña.

De nada sirvió, aparentemente, la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en Lledoners para intentar arrancar el apoyo de Esquerra, que facilitaría una abstención del PDeCat que permita aprobar las cuentas del Gobierno. El presidente de ERC insistió en que no habrá presupuestos sin una rebaja de los delitos que se les imputan, y Pablo Iglesias salió de prisión reclamando al Gobierno “que se mueva”. Eso fue el viernes pasado, y esta semana en la sesión de control tanto Sánchez como después la vicepresidenta Carmen Calvo han cuestionado el delito de rebelión.