Desestimadas las alegaciones presentadas por los nietos de Franco, al procedimiento administrativo iniciado a finales del pasado mes de agosto por el Gobierno de Pedro Sánchez para trasladar los restos del dictador aún tiene varias fases por cumplimentar antes de que la promesa del presidente del Ejecutivo pueda hacerse realidad. Sánchez ya asume que la retirada de la momia, enterrada en la basílica del Valle de los Caídos, difícilmente podrá ejecutarse antes de 2019.

El siguiente paso lo dará este jueves el Consejo de Ministros, que ordenará a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que continúe el procedimiento administrativo remitiendo al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial -localidad madrileña en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos– el proyecto para llevar a cabo la exhumación.

En concreto, el consistorio dispondrá de un mes como plazo máximo para notificar si dicha actuación es conforme a la ordenación urbanística en vigor, como establece la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El envío del proyecto al Ayuntamiento de El Escorial y a la Comunidad de Madrid, próximos pasos

La titular de Justicia tendrá que dar otro paso: solicitar un informe no vinculante a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid -departamento del Ejecutivo autonómico competente en materia de sanidad mortuoria- con otro mes máximo para contestar. De agotarse ambos plazos, el siguiente paso no podría darse hasta principios de enero.

Concluidas dichas actuaciones, y antes de que se adopte la resolución final, los descendientes de Franco dispondrían de un “plazo improrrogable” de 10 días hábiles para volver a alegar. Sólo quedaría ya que el Consejo de Ministros resolviera motivadamente si procede la exhumación y detalle el destino que se le daría a los restos del dictador.

El papel de la Iglesia

En el entorno de la familia Franco se muestran convencidos de que el traslado del cadáver momificado no se podrá ejecutar sin la autorización de la Iglesia, responsable de la custodia en virtud del documento que el hoy rey emérito firmó a las 16 horas del 22 de noviembre de 1975. Y la congregación religiosa que rige la basílica del Valle de los Caídos -la orden benedictina- ya ha dejado claro que no facilitará el traslado si no lo consienten los descendientes.

“Quien entregó a la comunidad benedictina la custodia del cuerpo de Franco fue el Rey y, por lo tanto, es una cuestión que depende de la familia y de la autoridad estatal competente. Nosotros lo que tendríamos que impedir es una extracción ilegal del cuerpo. Eso no lo podríamos permitir, ni de él ni de nadie. Si la familia pide sacarlo y el Rey determina que sí [atribución que ya no correspondería a la jefatura del Estado], nosotros no nos podemos oponer”, declaró a este diario el pasado mes de marzo el prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios, tres de los 13 expertos que integraron la comisión a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos, ya advirtieron en el voto particular emitido de la dificultad que entrañaba cualquier actuación en el interior de la basílica por la condición de lugar sagrado del recinto y la “inviolabilidad” del templo derivada del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. “El último superior jerárquico del abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional”, añadían