Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Casado serán llamados a declarar como “testigos” en la Comisión de Investigación sobre la aplicación del 155 en Cataluña creada por el Parlament a instancias de los grupos independentistas. Una comisión en la que no participan C’s ni el PP, y en la que el PSC se ha quedado solo tanto en la propuesta de expertos como en el intento de rechazar al largo listado de dirigentes políticos de ámbito nacional que JxCat, ERC y CatEC-Podemos han acordado convocar ante la cámara catalana.

Los más destacados dentro de esa lista son el anterior y el actual inquilinos de La Moncloa, junto a los líderes de C’s y PP, pero también el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, los máximos responsables de Banc Sabadell, Josep Oliu, y LaCaixa, Isidre Fainé, y el presidente de Atresmedia, José Crehueras. Uno de los objetivos de los grupos independentistas es demostrar que la Zarzuela intervino el 2 y 3 de octubre de 2017 en la fuga de empresas de Cataluña, animando a las grandes corporaciones como las citadas a trasladar su sede social. Por eso también han convocado al líder de la Federación del Metal de UGT, Matías Carnero, quien aseguró en una entrevista que Felipe VI había telefoneado a los responsables de SEAT para que anunciaran el traslado.

Los gestores del 155

La Comisión ha acordado convocar también a los máximos responsables de la gestión del 155, encabezados por la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, el ex Secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, el anterior Delegado del Gobierno, Enric Millo, o quien asumiera el mando de los Mossos d’Esquadra, Antonio Puigserver. Además de los ex ministros Juan Ignacio Zoido, Dolores Cospedal y Rafael Catalá.

Igualmente se han aprobado los testimonios de los responsables de la Generalitat en esos días, desde los fugados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Gordi, a los que se propone declarar por videoconferencia. Y los encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, para los que grupos independentistas proponen que comparezcan personalmente. Los precedentes en otras comisiones de investigación, como la Gürtel, juegan sin embargo en su contra, puesto que en casos anteriores los testigos han participado por videoconferencia.

Entre los testigos propuestos destaca también el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, uno de los mediadores en la sombra que intentó persuadir a Puigdemont de que no declarara la independencia. Y sorprende la negativa de JxCat a que comparezca el lendakari Iñigo Urkullu, propuesto por CatEC-Podem como el responsable del acuerdo entre Gobierno y Generalitat para convocar elecciones que Puigdemont rompió en el último momento. Un acuerdo en el que también participó Miquel Iceta, cuyo testimonio sí ha apoyado el partido de Puigdemont.

En cambio, no se convoca como testigos, sino como expertos -pese su apoyo al Govern anterior- a los líderes sindicales Camil Ros y Javier Pacheco, al Sindic de Greuges (defensor del pueblo) Rafael Ribó, o los líderes patronales Joaquim Gay de Montellà, Miquel Valls y José Luis Bonet.