Política

El Gobierno oculta el coste de trasladar a sus ministros a Sevilla en la precampaña del 2-D

Pedro Sánchez, con gafas de sol junto a un colaborador en el Súper Puma.

Pedro Sánchez, con gafas de sol junto a un colaborador en el Súper Puma. MONCLOA

El Gobierno se niega a revelar el coste del traslado del Consejo de Ministros a Sevilla el pasado 26 de octubre, y lo hace amparándose de nuevo en la Ley de Secretos Oficiales, el mismo argumento que ya alegó en verano, a raíz de la polémica sobre el desplazamiento de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, al concierto del FIB en avión oficial. También en verano, el pasado 3 de agosto, el presidente acudió en su avión oficial a Rota para pasar sus vacaciones de agosto entre la residencia oficial del Palacio de las Marismillas de Doñana.

El último viernes de octubre Sánchez se desplazó junto a sus 15 ministros -todo el equipo de Gobierno, a excepción del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Industria, Reyes Maroto- a la capital andaluza. Todos ellos se desplazaron junto al presidente en tres aviones oficiales facilitados por el Ejército del Aire, según ha respondido el Ejecutivo a varias consultas realizadas por el Independiente. En dicha consulta, se requería conocer la forma de transporte de la expedición y el coste total de estos transportes. Unas incógnitas que no han sido desveladas ni por el ministerio de Presidencia ni por el de Defensa.

Ninguno de los departamentos del Gobierno aclara si Sánchez se desplazó desde Moncloa al aeropuerto de Torrejón de Ardoz en el helicóptero SuperPuma, en el que se desplaza frecuentemente entre ambos lugares. En su respuesta, tampoco se especifica cómo llegó al aeropuerto la quincena de ministros restantes. Tampoco aclara el coste de los aviones oficiales que llevó al equipo de Gobierno desde la capital a Sevilla. En el trayecto de Madrid a la capital andaluza, el ministerio se ampara en la polémica Ley de Secretos Oficiales para no revelar el coste de los trayectos.

«Con motivo de la jornada de trabajo que el Presidente del Gobierno mantuvo con las ministras y ministros que componen su Ejecutivo en Sevilla el pasado día 26 de octubre, se indica que dicho Ejecutivo, como componente de la comitiva oficial del Presidente del Gobierno, se desplazó junto a éste, en el avión oficial. Por este motivo, señalar que no cabe facilitar información relacionada con dicho dispositivo, ya que de hacerlo, afectaría sin duda alguna a los planes de protección a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre», detalla el Ministerio de Presidencia en su resolución.

Esta ley  de secretos oficiales ha abierto un intenso debate en el Congreso de los Diputados, donde Ciudadanos ha solicitado esta semana la comparecencia urgente del jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, para que explique si la utilización de fondos públicos en helicópteros y aviones oficiales es «proporcionada». El texto legislativo es una ley preconstitucional que abre el debate sobre la transparencia en el Gobierno, ya que abre la puerta a que asuntos de distinta índole puedan ser tratados bajo secreto bajo el pretexto de ocasionar un “riesgo para la seguridad”. La ley establece que “podrán ser declaradas ‘materias clasificadas’ los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

La controversia sobre el uso de estos medios continuó en noviembre, después de que Sánchez movilizara el Falcon, un airbus y un helicóptero para trasladarse el miércoles 21 de noviembre a Valladolid, a 200 kilómetros de Madrid, donde se celebrará una cumbre hispano-portuguesa y donde el trayecto en coche no alcanza las tres horas. Desde Moncloa han subrayado en más de una ocasión que el Departamento de Seguridad que todos los viajes del jefe del Ejecutivo, sin entrar a diferenciar entre viajes oficiales o de otra índole, se deberían producir siempre por medios oficiales, nunca comerciales, y por transporte aéreo siempre que fuera posible.

Pedro Sánchez tiene varias opciones de transporte aéreo: puede recurrir a los seis helicópteros del Escuadrón 402 del Ejército del Aire, con sede en Cuatro Vientos, que está formado por cuatro Super Puma y dos Chinook, utilizados habitualmente para distancias cortas, como es el caso del traslado de Moncloa al aeropuerto. El gabinete presidencial también puede disponer de los siete aviones del Grupo 45 -cinco Dassault Falcon 900 y dos A310- que están destinados a viajes más largos.

Tampoco aclaran los medios utilizados ni ofrecen información alguna desde el Ejército Mayor del Aire, donde alegan que «los costes asociados al transporte aéreo de autoridades realizados por las Unidades del Ejército del Aire, destinadas a esta función como parte de la Acción del Estado, se sufragan con cargo al presupuesto ordinario«, señala en su respuesta la Jema, que explica que esta circunstancia «hace que no se puedan disociar los costes de determinadas actividades o desplazamientos concretos del cómputo general«.

500 euros en cinco asesores sin contar el tren

Además de los 15 ministros y el presidente de Gobierno, acudieron al cónclave en Sevilla cinco empleados públicos dependientes del Ministerio de Presidencia. Dos de ellos, miembros del Secretariado de Gobierno, también se desplazaron tren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la respuesta no desvela el coste exacto de estos trayectos, sino que lo describe como «viaje en tren pagado con cargo al programa presupuestario 912 millones, que corresponde a gastos de Presidencia del Gobierno».

Otros dos funcionarios, técnicos del área de Tecnología y Servicios de la Información, también acudieron a Sevilla, aunque el coste aparece en concepto de «locomoción». El coste en dietas, manutención, gastos asignados a los desplazamientos del personal y conductores, fue de un total de 488,28€ para los asesores desplazados a Sevilla, sin contar los desplazamientos en tren no especificados y la «indemnización» del quinto trabajador, que tiene su residencia habitual en la capital andaluza.

 

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