El exdiputado de CiU, Oriol Pujol, hijo del ex president Jordi Pujol, ha ingresado en prisión este jueves a las 16 horas en el centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el Caso ITV. Así lo han confirmado los responsables de servicios penitenciarios de la Generalitat.

Se trata de la primera condena firme al clan Pujol, pendiente del juicio por la «herencia» con la que el patriarca, Jordi Pujol, justificó los fondos irregulares de la familia en Andorra. El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ha cumplido ocho meses de prisión preventiva por la evasión de unos 30 millones de euros, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, que atribuyen a la familia del ex president la construcción de un entramado pseudo mafioso para el desvío de dinero fruto de comisiones ilegales.

El Caso ITV no está relacionado, sin embargo, con la investigación a la familia Pujol. Oriol Pujol fue condenado por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil, por el intento de manipular el concurso público de las ITV, en connivencia con su entonces socio, Sergi Alsina, aprovechando su peso en CDC y sus influencias en el Departamento de Industria de la Generalitat.

Renuncia a recurrir el ingreso en prisión

La Audiencia de Barcelona rechazó la semana pasada la petición de sustitución de la pena de cárcel por servicios a la comunidad, decisión que Pujol renuncia a recurrir con su ingreso en prisión. El también ex secretario de Organización de Convergencia recibió la notificación el pasado 9 de enero con la advertencia de que tenía diez días para ingresar voluntariamente en prisión, antes de que el el Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordara su detención.

El pasado diciembre, Oriol Pujol solicitó sustituir la pena por trabajos en beneficio de la comunidad y reiteró su arrepentimiento por los hechos en la vista solicitada por su defensa.

La magistrada de la sección 20 de la Audiencia de Barcelona, Maria del Carmen Zabalegui, sin embargo, falló el pasado 9 de enero que el dirigente nacionalista lideró «un ataque muy importante» al Estado de derecho y consideró imprescindible su ingreso en prisión para restablecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública.

Para la magistrada, Oriol Pujol debe cumplir la pena impuesta en aras a la “prevención general” de los delitos de corrupción en el ejercicio de cargo público. Esto es, que no puede sentar un precedente de aparente impunidad tras una condena por corrupción.

“A través de la efectiva ejecución” de la condena “se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica” advierte el auto. Por contra, con “la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico ante la minimización de actos delictivos graves cometidos por un político que, además, ostentaba el cargo de diputado en el Parlament autonómico”.

Oriol Pujol fue condenado a dos años y seis meses de prisión tras llegar a un pacto con la Fiscalía para exonerar parcialmente a su esposa, Anna Vidal, que evitó así la pena de cárcel.

El abogado de Pujol, Xavier Melero, argumentó que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente era posible -porque Pujol no es reo habitual y las penas de los tres delitos por los que fue condenado por separado no superan los dos años-, y defendió que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen «eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño».

La defensa también alegó en la vista que Pujol había reparado en buena parte el daño simbólico por el reconocimiento público de los hechos, y destacó que había renunciado a su actividad política y pública, comportando una «pena natural» que implicó la «destrucción» de su carrera política y profesional, lo que elimina el riesgo de reincidencia, según recoge el auto.

Por último, expuso que su ingreso en prisión perjudicaría gravemente su entorno familiar -tiene a tres hijos a su cargo, de 17, 20 y 21 años- y su arraigo laboral y social, en plena recomposición ya que había conseguido «esforzadamente» rehacer su vida laboral, y que estaba trabajando como voluntario en entidades sociales.