La política española ha estado conteniendo la respiración esperando al anuncio de este viernes, cuando Pedro Sánchez ha comunicado que la fecha de las elecciones se adelanta al 28 de abril. Había cuatro opciones sobre la mesa. Perdió fuerza la posibilidad de hacer coincidir las elecciones generales del 2019 con las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. El súperdomingo electoral no convencía a los barones y, además, sentaría un precedente que no se rompería en el futuro salvo nuevos adelantos. La fecha del 14 de abril, barajada esta semana, se entiendía prematura y provocó cierta polvareda al coincidir con el festivo Domingo de Ramos. Los más conservadores apuntaban a unas generales en otoño, una vez que ya se conozca la sentencia del juicio al procés. La opción con más fuerza y que finalmente ha anunciado Sánchez es la del 28 de abril.

La convocatoria se producirá el 5 de marzo para cumplir el plazo legal de 54 días establecido por la ley. La campaña electoral, de esta forma, coincidirá de pleno con la Semana Santa y las elecciones generales se celebrarán sólo 28 días antes de que los españoles voten a sus alcaldes, presidentes autonómicos y representantes en el Parlamento Europeo. Casi con total seguridad no habrá un gobierno constituido para entonces en el Palacio de La Moncloa.

Al haber elecciones el 28 de abril, el Congreso se constituirá la misma semana que los comicios municipales, autonómicos y europeos

El artículo 68.6 de la Constitución Española establece que «el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones». Es decir, nunca más tarde del jueves 23 de mayo de 2019. Dentro de ese plazo debería convocarse de forma obligatoria la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, en la que se elige al presidente y al resto de miembros de la Mesa.

Un plazo que, históricamente, se ha tendido a apurar. El período más breve entre unas elecciones y la sesión constitutiva se produjo tras las generales de 2004: 19 días. Hasta en tres ocasiones se ha apurado hasta el último día posible: 1996, 2000 y 2015.

El pacto que lo marcaría todo

Teniendo en cuenta ese precedente, es prácticamente seguro que las nuevas Cortes se constituyan exactamente la misma semana en la que se celebrarán las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Eso ya otorgará un dato muy relevante a los votantes, que tendrán muy recientes los pactos políticos que se han producido para votar al presidente del Congreso y al resto de miembros de la Mesa.

Como ejemplo, basta recordar el pacto entre PP y Cs para que ésta formación se quedase con la presidencia del Parlamento, o la relevancia que se otorgó al acuerdo entre PP y Vox para que el partido de Santiago Abascal entrase en la Mesa tras las últimas elecciones en Andalucía. El posterior pacto de investidura llegó como una continuación lógica a ese primer acuerdo institucional.

Tras las elecciones del 26 de mayo, toda España estará ‘en funciones’ salvo Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía

En ese escenario, ante un panorama en el que el PSOE se arriesga a perder baronías históricas, la fecha de las generales supone forzar a Ciudadanos, el único partido con capacidad para ser bisagra hacia uno u otro lado del espectro político, a posicionarse antes de las autonómicas. Cualquier decisión -acercarse al PSOE como en 2015, o permitir la entrada de Vox como en Andalucía-, tendrá efectos indudables sobre su electorado en unas elecciones que se celebrarán sólo horas después.

Tras el domingo 26 de mayo, en todo caso, el país entrará en un período de funcionalidad completa. Estará en funciones el Gobierno de la Nación, pero también todos los gobiernos municipales y autonómicos de España salvo los de País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía. Cientos de pactos por cerrar, con matemáticas variables, y con la espada de la presidencia del Gobierno sobrevolando sobre todos ellos.

El efecto dominó

En cada Ayuntamiento, en cada Comunidad Autónoma, el escenario más probable es un compás de espera en el que el mercadeo de acuerdos mirará de forma constante a Moncloa. Por lógica, la presidencia del Gobierno debería ser lo primero en resolverse dado que las elecciones se celebrarían casi un mes antes que las autonómicas. La cuestión a dirimir será cuánto de férreo será ese acuerdo en su traslado regional.

Las cuestiones son infinitas. La mayoría de encuestas otorgan actualmente mayoría absoluta a la suma de PP, Ciudadanos y Vox, ¿pero sería extrapolable a toda España? Por un lado, los tres partidos han ido acrecentando su discurso antiSánchez y consecuentemente antiPSOE. Por otro, Ciudadanos mantiene un importante núcleo de votantes de centro-izquierda sobre los que el partido tendría que valorar los efectos de consolidar un bloque de derechas.

De darse los números, el partido de Albert Rivera podría volver a optar por un acuerdo en el Congreso con el Partido Socialista, como ya hiciera tras las elecciones de 2015. Como apoyo o como guía. En ese caso, ¿cuál sería la actitud de PP y Vox en los gobiernos autonómicos? Ni suman sin Rivera ni, especialmente en el caso de Vox, su electorado vería con buenos ojos un pacto con los socios de Sánchez.

Esa disyuntiva se plantearía igualmente en sentido contrario. ¿Qué haría Podemos si su actual aliado cambia de socio? Tras el anuncio de Sánchez, éstas son solo algunas de las preguntas que centrarán el debate político en España durante los próximos meses.