El presidente de la Generalitat ha expresado este miércoles «su respeto a la institución de la Sindicatura de Greuges como organismo independiente y propio de Cataluña», como ha afirmado en una nota remitida por la Presidencia en respuesta al informe del síndic Rafael Ribó, que le ha pedido que acate la resolución de la Junta Electoral Central y retire los lazos amarillos. Torra advierte, sin embargo, que «no da ni dará ninguna orden como le había exigido la JEC» al tiempo que recuerda que el martes el Govern «acordó que, más allá de su voluntad política, se seguirán las recomendaciones de la Sindicatura».

Según diversas fuentes, Torra está buscando otros símbolos como alternativa a los lazos amarillos y uno de ellos es el lazo blanco con una franja roja.

De este modo, el presidente catalán utiliza el informe de Ribó para acatar el mandato de la Junta Electoral, pero haciendo bandera de su rechazo a las instituciones estatales y reivindicando, en cambio, el informe de una entidad que no tiene competencias en la materia pero es catalana. En la nota, Torra insiste además en que los lazos amarillos «en Cataluña y en todo el mundo, son un símbolo de recuerdo y reconocimiento con aquellas personas injustamente alejadas de su sociedad».

En todo caso, la comparecencia del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha escocido en el Palau de la Generalitat. El president Quim Torra se ha sentido desautorizado por la tajante afirmación de Ribó de que el viernes 15, «sin encomendarnos a nadie» ya emitieron un informe a favor de acatar la resolución de la Junta Electoral Central. Y en su nota hace toda una cronología de los hechos en la que asegura que se requirió un primer informe «verbalmente» al defensor del pueblo catalán.

Cuando el 11 de marzo la Junta Electoral Central dio a la Generalitat un plazo de 48 horas para retirar todos los lazos y esteladas de los edificios públicos, Torra ya esperó a minutos antes de que se agotara el plazo para anunciar que no acataría el requerimiento, al tiempo que presentaba alegaciones ante la JEC. La Junta respondió este lunes rechazando esas alegaciones, y ayer supimos que antes incluso de conocerse el nuevo dictamen de la JEC, el defensor del pueblo catalán había emitido un dictamen en el que instaba a la Generalitat a cumplir el requerimiento.

Pero Quim Torra optó por volver a agotar el plazo dado por la Junta, y el martes la portavoz Elsa Artadi explicaba, minutos antes de que expirase el ultimátum de 24 horas, que Torra había anunciado al Govern su decisión de atenerse sólo a lo que dijeran las instituciones catalanas y que evacuaría consultas al Síndic. Aunque el propio síndic le había dicho cinco días antes lo que debía hacer.

En resumidas cuentas, una semana de debate estéril sobre los símbolos independentistas y la necesaria neutralidad de las instituciones que han servido para reforzar el discurso victimista y, sobre todo, para dejar en segundo plano el juicio. En esos mismos días, el Mayor Josep Lluís Trapero deponía ante el Tribunal Supremo intentando desmontar la tesis de la connivencia de los mossos con el plan unilateral del Govern y no tuvo empacho para ello en asegurar que Joaquim Forn fue «irresponsable», que avisó a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de los riesgos de mantener la votación del 1-O, y que tenía un plan para detenerlos tras la declaración unilateral de independencia.