La Policía está investigando la actitud de varios funcionarios de la Comunidad de Madrid con la empresa de seguridad adscrita a la dirección de Presidencia, que depende directamente del presidente regional Ángel Garrido. En concreto, la Unidad Central de Seguridad Ciudadana, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, indaga casos de acoso y negligencia entre estos cargos y la empresa Sasegur. Sasegur es la firma contratada desde hace al menos cinco años para labores de vigilancia en la sede de Presidencia, situada en la Puerta del Sol.

Según la documentación obtenida por este medio, dicha unidad lleva desde finales de 2018 interrogando a testigos e investigando el papel de estos funcionarios. Tres de ellos son el técnico especialista y responsable de Seguridad de la Comunidad Pablo Aledo el técnico de Seguridad Pedro Meroño y el supervisor Carlos Correcher. Hay testimonios asegurando que estos cargos autonómicos violan la Ley de Seguridad Privada y se personan en lugares que no deben y dar órdenes que no les corresponde; grabaciones acosando y amenazando con despedir a vigilantes; fotos en las que se ve a empleados de seguridad privada dándoles masajes en horarios de trabajo, y otras actuaciones de carácter negligente.

Una delegada sindical y jefa de equipo fue presionada por su actividad en el comité

En las grabaciones -este medio posee varias- se escucha a alguno de los tres funcionarios extralimitándose con los empleados: en Presidencia de la Comunidad trabajan como vigilantes aproximadamente medio centenar. En uno de los audios que ha obtenido este medio, una delegada sindical y a la vez jefe de equipo es presionada por su actividad en el comité de empresa. En otros audios se amenaza a otros compañeros con represalias como el despido. También hay fotos de vigilantes dando masajes a los altos cargos regionales. Antes de Sasegur ejercía el Grupo Control, aunque la mayoría de vigilantes ha ido subrogándose de una firma a otra.

En los testimonios recabados por la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad los testigos afirman que «las órdenes de puesto las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad, a los que en ocasiones directamente les recriminan su forma y manera de realizar su trabajo». Según la Ley de Seguridad Privada, está prohibido que los vigilantes reciban órdenes de funcionarios. «Los técnicos de Seguridad de la Comunidad de Madrid antes citados le tienen prohibido a R.R. [encargado de Organización, Dirección e Inspección de Sasegur] el acceso a las instalaciones, facilitándole solamente el acceso hasta el cuarto de cámaras».

Las órdenes las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad»

Otra acta de declaración policial recoge que «estos señores hacen un control férreo y severo sobre la mayoría de los vigilantes, sobre todo los que no son de su confianza». «Por parte de técnicos de la Comunidad de Madrid» el testigo «quiere hacer constar que reciben órdenes para realizar funciones que cree que no corresponden al servicio de seguridad, tales como recepción y custodia de paquetes para altos cargos, haciéndoles responsables de la custodia de dichos envíos».

Otro lío en el ayuntamiento

Alguno de los funcionarios investigado ha protagonizado antaño otras polémicas. Correcher fue señalado como conseguidor en un escándalo ocurrido en junio de 2016 en una empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid: el Grupo Ilunión (antigua ONCE) perdió un contrato de seguridad valorado en cinco millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del ayuntamiento por no presentar la documentación tras ganar el concurso, tal y como publicó El Independiente en septiembre pasado. Las fuentes consultadas en ese momento apuntaron a Correcher como la persona que estaría detrás de la jugada. La adjudicación final se la llevó Castellana de Seguridad (Casesa).

Correcher, uno de los investigados, fue condenado en 2005 por acoso laboral

No es la primera vez que el nombre de Correcher aparece en alguna trama. Surgió en el escándalo de los espías de la Comunidad de Madrid, que actualmente está siendo juzgado. Y en 2005 fue condenado por acosar laboralmente a otro vigilante, al que insultaba sistemáticamente. La Comunidad de Madrid tuvo que abonar al denunciante 40.000 euros en concepto de indemnización y a distribuir una nota de disculpa entre los compañeros de la víctima.

Este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid el viernes para poder hablar con alguno de los investigados. Ninguno ha querido hacer declaraciones.