La violencia se ha situado en el centro de la campaña electoral. El escrache a Cayetana Álvarez de Toledo durante un acto en la Universidad de Barcelona; las agresiones en Bilbao y San Sebastián contra simpatizantes de Vox; y, más recientemente, el acoso sufrido por los asistentes al mitin de Ciudadanos el pasado domingo en Rentería (Guipúzcoa) así lo prueban.

En este sentido, ante los «insultos y amenazas» contra Albert Rivera y su equipo durante el acto celebrado el domingo por el partido en la localidad vasca, Ciudadanos ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Si ayer el líder de la formación negó en un acto en la sierra de Madrid que el partido fuese a denunciar el boicot, este martes ha trascendido el cambio de opinión en el seno de Ciudadanos, que finalmente hará efectiva una denuncia ante el Ministerio Público el miércoles, para dar cuenta formal de las agresiones y acoso sufrido por Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa y el propio Rivera durante el mitin.

Rivera aseguró ayer que la Fiscalía debería actuar de oficio contra los radicales porque «se me ocurren unas cuantas caras y unos cuantos insultos y amenazas constitutivos de delito».

Militantes de la formación reconocieron que el del domingo fue el acto del partido en el que peor lo pasaron, un municipio que, desde primera hora, dejaron claro a Ciudadanos que no eran bienvenidos, colocando enormes lazos amarillos en las fachadas de varios edificios de la Plaza de los Fueros de Rentería.

El mitin estuvo acompañado casi en su totalidad de abucheos y gritos de «fascistas»,  si bien el momento más tenso se vivió al final del acto, cuando la furgoneta en la que viajaban Savater, Rivera y Pagazaurtundúa abandonaba la plaza. Un cinturón de seguridad de la Ertzaintza impedía que la violencia fuese a más, pero no lograron evitar los insultos, golpes a la furgoneta e incluso escupitajos proferidos por los manifestantes, que obligó a las autoridades a realizar cargas.

El líder de Ciudadanos aseguró este lunes que, si gobierna, llevará a cabo un «plan nacional de convivencia y libertad» en comunidades como Euskadi y Cataluña para garantizar que la Constitución «siga vigente». «Espero que algún día podamos ir sin escolta y sin amenazas, sin que te insulten e intenten romper la convivencia», concluía Rivera.